Hará nueva revisión del caso; el fallo, en agosto

Designa la SCJN otro ministro para la controversia sobre López Obrador

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene viva la controversia constitucional contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y emplazó a la sección instructora de la Cámara de Diputados y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que entreguen copia de toda la documentación del caso El Encino.

Mediante una notificación por estrados (sitio de avisos), el máximo tribunal del país dio a conocer que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo será quien se encargue ahora de presentar un proyecto de resolución respecto de la viabilidad de aceptar que se inicie una controversia constitucional y con ello amparar al jefe de Gobierno capitalino en contra del desafuero promovido por la Procuraduría General de la República (PGR).

Como se recordará, inicialmente el ministro Salvador Aguirre Anguiano desechó la controversia constitucional promovida por la fracción perredista de la Asamblea Legislativa del DF el pasado 7 de julio, cuando apenas habían transcurrido 24 horas de que se interpuso el recurso jurídico, lo que le valió críticas de que no estudió a fondo el asunto, a pesar de argumentar que por notoria improcedencia el máximo tribunal del país no podía aceptar esa controversia.

Sin embargo, los perredistas interpusieron el recurso de apelación y la SCJN dio entrada a su solicitud, por lo que el pasado jueves se notificó que la PGR y la Cámara de Diputados cuentan con un plazo que vence el 6 de agosto para entregar toda la documentación del predio El Encino y lo relativo al juicio de desafuero de López Obrador.

Aunque oficialmente se estableció un plazo de cinco días, en realidad ese término comenzará a correr el 2 de agosto, debido a que el máximo tribunal del país entró en receso por periodo vacacional y reiniciará actividades en esa fecha.

La responsabilidad de analizar de entrada el caso será para el ministro José de Jesús Gudiño, aunque existe una jurisprudencia de la SCJN que impide al máximo tribunal revisar la sentencia dictada en un juicio de amparo, como ocurrió con el caso de El Encino, en el que un tribunal determinó que se debía iniciar acción penal en contra de López Obrador, lo que dio pie a que se abriera una averiguación previa contra el jefe de Gobierno y también a que la PGR pidiera su desafuero.