Resultados finales de 47 ejercicios de fiscalización a la cuenta pública de 2002

Confirma auditoría que Tláhuac y A. Obregón favorecieron a Quart

Adjudicaron contratos por más de $50 millones, aun cuando sus empresas estaban inhabilitadas Detectan deficiencias en el programa de apoyo a ancianos Se transfirieron recursos al Fimevic

GABRIELA ROMERO Y LAURA GOMEZ

En 2002 las delegaciones Alvaro Obregón y Tláhuac adjudicaron a empresas del Grupo Quart contratos de arrendamiento de vehículos y obras de asfaltado, cuando estaban inhabilitadas o no cumplieron con los requisitos establecidos en las convocatorias, por un monto superior a 50 millones de pesos.

Lo anterior se desprende de los resultados finales de las 47 auditorías realizadas a diversas áreas del gobierno capitalino y jefaturas delegacionales por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a la cuenta pública de 2002.

De acuerdo con el resultado de las auditorías, en las citadas delegaciones se detectó además la duplicidad en la entrega de recursos o pagos excedentes a los establecidos por obras que nunca se llevaron a cabo en las gestiones de Luis Eduardo Zuno Chavira, actualmente preso por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y Francisco Martínez Rojo, quien está prófugo de la justicia.

La delegación Alvaro Obregón otorgó nueve contratos para el arrendamiento de vehículos y equipos destinados a servicios públicos a Comercializadora Austral, propiedad del empresario Carlos Ahumada Kurtz, por un monto de 2 millones 85 mil 700 pesos, aun cuando debió descalificarse al no cumplir con los requisitos establecidos, pues "ofertó a más bajo precio los servicios por contratar.

Ante la inconformidad presentada por la empresa Servicio de Transporte ante la Contraloría General, la demarcación se vio obligada a reiniciar el procedimiento, aunque seis de los nueve contratos que le fueron adjudicados, por 847 mil pesos, ya habían sido liquidados sin tomar en cuenta su inhabilitación para participar en cualquier proceso de licitación pública nacional, invitación restringida a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa.

En el caso de Tláhuac se erogaron 36 millones 515 mil 600 pesos por concepto de trabajos de ampliación de la carpeta asfáltica, obra que fue asignada mediante licitación pública al Grupo Quart, en el que se fijó un periodo de ejecución del 9 de enero al 8 de mayo de 2002, mismo que fue modificado.

Asimismo, se contrató a la empresa Pagoza Urbanizadores y Constructores para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento de la carpeta asfáltica, fijando un periodo de ejecución del 9 de enero al 8 de mayo y un monto de 9 millones 644 mil 300 pesos.

En los resultados de las auditorías se observó que el suministro del asfalto al Grupo Quart fue realizado por la planta de asfalto de Grupo Corporativo Interestatal. Sin embargo, no se logró comprobar la totalidad del material requerido para las obras.

Se subraya que la delegación pagó en exceso un importe de 64 mil 700 pesos a Grupo Quart, debido a que ejecutaron trabajos que no cumplieron con las especificaciones del contrato, tales como barrido de base previo al riego de impregnación y base de grava cimentada, entre otras.

Del mismo modo, la delegación efectúo un pago injustificado por un importe de 2 millones 362 mil 300 pesos a Pagoza Urbanizadores y Constructores, debido a que se ejecutaron y pagaron seis conceptos extraordinarios sin contar con la documentación que acreditara la integración de los precios unitarios extraordinarios del suministro, preparación y aplicación de sello del asfalto.

Programas sociales y obras

En lo que respecta al programa de apoyo alimentario para adultos mayores de 70 años, se detectó que el padrón de beneficiarios contiene deficiencias en cuanto l identificación de la persona favorecida y no se corroboró una antigüedad máxima de tres años en el domicilio.

En lo referente a la auditoría coordinada practicada al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (Fimevic), se constató que no contó con un presupuesto original, por lo que a partir del 25 de febrero al 31 de diciembre de 2002 la Secretaría de Finanzas realizó ministraciones de recursos mediante 13 cuentas por liquidar certificadas (CLC) y dos documentos múltiples por un monto de un millón 350 mil pesos.

Se subraya que al no ser considerada unidad ejecutora de gasto, el Fimevic no tuvo un presupuesto original; sin embargo, se le autorizaron recursos financieros para la construcción de los segundos pisos de Periférico y Viaducto.

Al cierre de 2002, "según la cuenta pública de ese año, este fideicomiso ejerció mil 370 millones 448 mil 400 pesos no previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos".

Excesos en la ALDF

Por otra parte, en las auditorías aplicadas a la ALDF se señala que, en el ejercicio de 2002, la Comisión de Gobierno autorizó la entrega a los grupos parlamentarios de 191 millones 574 mil pesos por concepto de apoyo al trabajo de las fracciones, de gastos de funcionamiento de módulos, para servicios extraordinarios, para gastos de operación de comisiones y comités, y para servicios de asesoría a legisladores.

De acuerdo con las cifras que se dan a conocer, cada uno de los 66 diputados recibió alrededor de 250 mil pesos al mes.

Se señala que en diciembre se aprobó una asignación extraordinaria de fin de año por 21 millones 766 mil 300 pesos, "sin que existan lineamientos ni procedimientos para regular la solicitud, autorización, entrega y comprobación de estos recursos".

A finales de ese mismo mes se autorizó otra asignación extraordinaria para apoyo al trabajo legislativo, por lo que cada uno de los 66 diputados recibió 80 mil pesos. Los 12 integrantes de la Comisión de Gobierno, entre los que se encontraban Alejandro Sánchez Camacho (PRD), María de los Angeles Moreno (PRI), Patricia Garduño (PAN) y Guadalupe García (PVEM) recibieron otros 80 mil pesos cada uno. "La comprobación de estos gastos lo constituyen recibos foliados expedidos por la tesorería y no se expidieron lineamientos y procedimientos para regular la solicitud, autorización, entrega, comprobación y registro de asignación".