Según se revela en documentos confidenciales del gobierno federal

El cambio de pagarés Fobaproa, para mantener sólido el sistema financiero

México vuelve a obtener el liderazgo latinoamericano como país más endeudado "Ruta" diseñada desde hace por lo menos dos meses; la deuda pública representará 70% del PIB

ISRAEL RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y VICTOR CARDOSO

Con el argumento de "mantener la solidez del sistema financiero nacional", el gobierno federal oficializó una deuda adicional por 107 mil 193 millones de pesos, correspondientes al cambio de los llamados pagarés Fobaproa por bonos IPAB, último tramo del rescate bancario, según revelan documentos confidenciales del gobierno federal entregados a La Jornada por el asesor económico del Partido de la Revolución Democrática, Mario Di Costanzo.

En los documentos, que a su vez fueron obtenidos por el diputado perredista César Chávez, secretario de la comisión para investigar las operaciones del IPAB, se precisa la estrategia para concretar la "ruta para el canje de pagarés Fobaproa por pagarés IPAB" y donde se establece la propuesta del gobierno federal a los cuatro principales bancos del país que prevé, primero, asumir los pasivos y después llevar a cabo las investigaciones y auditorías para determinar su legalidad.

El monto del valor de los pagarés Fobaproa que se intercambiarán por bonos IPAB, que originalmente sumaba 223 mil millones de pesos, es ahora de 107 mil 193 millones de pesos, debido a descuentos pactados entre el gobierno y los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y Bital (ahora HSBC).

El monto económico del canje contrasta con la mostrada para asignar mil millones de pesos al combate a la delincuencia en el país, cifra 107 veces menor al monto de los pagarés Fobaproa.

De acuerdo con los documentos en poder de La Jornada, no se prevé ninguna sanción para las instituciones bancarias. Sólo se establece que los llamados créditos relacionados, inexistentes o "los que no debieron de incluirse", podrán ser sustituidos por otros.

Además se pactó con los bancos pagar los nuevos pagarés IPAB en tramos entre 2005 y 2006, o liquidarlos anticipadamente durante éste y el próximo año, sin que se precisen los montos, la forma y el turno en que cada banco recibirá los recursos que le correspondan.

Nuevo liderazgo

Con esta operación, México vuelve a convertirse en la economía latinoamericana más endeudada con un monto total de unos 500 mil millones de dólares, los cuales representan 71 por ciento del valor del producto interno bruto (PIB). Con esto sólo el débito interno llegará a un billón 179 mil millones de pesos.

Durante los pasados nueve años la deuda derivada del rescate bancario ha gravitado en las finanzas públicas y ni ahora se le reconoce como deuda pública, pues aunque se prevé que el gobierno deje de ser "avalista" de esa deuda, el IPAB se mantiene como un organismo público y responsable del pago de esa deuda.

De esta forma los pasivos asumidos por el gobierno federal mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) -primero- y traspasada al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -después- continuará distrayendo importantes recursos económicos necesarios para fortalecer el desarrollo nacional.

Aún así, el gobierno federal prefirió "mantener la solidez del sistema financiero nacional" y anticipar el cambio de los pagarés Fobaproa, cuyo vencimiento inicial estaba previsto para septiembre de 2005.

El camino amarillo

El cambio de los pagarés Fobaproa, oficializado ayer, ya tenía toda una estrategia estructurada desde hace por lo menos dos meses. En el documento "Ruta para el

canje de pagarás Fobaproa por pagarés IPAB", clasificado como confidencial, el anuncio de ayer representa la segunda etapa y en ésta se establece el compromiso para que los bancos apoyen "a que los despachos Leal y Martín Contadores Públicos, SC, y Galaz, Gómez Morfín, Chavero Yamazaki, SC, entreguen los papeles de trabajo de la auditoría de Michael W. Mackey a la Cámara de Diputados. La ASF (Auditoría Superior de la Federación) apoyará para que se entreguen a su vez al IPAB".

Una vez hecho el cambio de bonos por pagarés, se llevarían a cabo las revisiones de "gestión, existencia y legalidad" (identificadas con las siglas GEL en los documentos) con la supuesta supervisión de la ASF. En los escenarios oficiales, esto dará como resultado la sustitución de créditos o la reducción del importe de la nueva obligación a cargo del IPAB.

A partir de esta etapa también se estima "encapsular" en un fideicomiso aquellas obligaciones (créditos) cuya legalidad no hubiera quedado totalmente determinada y sólo se definiría su futuro una vez concluidos los litigios y controversias.

No sin cierta candidez, en los documentos se asienta la advertencia de que "en los casos que la junta de gobierno (del IPAB), de acuerdo con sus facultades determine la sustitución de los créditos, se deberá pactar en el contrato de canje la metodología para la valuación y sustitución de los créditos. La sustitución deberá ser a plena satisfacción del IPAB o de lo contrario se llevará a cabo la reducción correspondiente del nuevo pagaré".

Una vez realizado ese trámite de auditoría, los resultados deberán informarse a la ASF y a la Secretaría de la Función Pública para pasar a la cuarta etapa, consistente en la emisión de nuevos instrumentos de pago "aplicando el efecto de encapsulamiento y de los resultados de las revisiones GEL".

Ya en ese último tramo, cuando no existan diferencias que dirimir, en la estrategia se abre la posibilidad de que el IPAB pueda delegar la administración y cobranza de la deuda "a un tercero", así como la "venta o transmisión de la cartera al vencimiento (2005 y 2006) o continuación de administración por parte de los bancos".