Legisladores no permitirán que la transacción se incluya como deuda pública en 2005

El canje, un atraco más a un país que permitió el robo de sus ahorros: PRD

La maniobra hará impagable el rescate financiero, advierten, y llaman a rechazarla

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados calificó la operación de canje de pagarés del Fobaproa como ''un operativo de defraudación a México, un atraco más a un país que, como ningún otro, ha permitido el robo de sus ahorros'', y anticipó que no permitirá que el costo de la transacción se incluya como deuda pública en el presupuesto de 2005.

En conferencia de prensa, previa a la operación del canje, los diputados del área económica del PRD señalaron que el presidente Vicente Fox, en complicidad con los bancos, pretende llevar a cabo un intercambio que es absolutamente ilegal y a espaldas del Congreso, además de que hará impagable el rescate financiero, que ya suma pasivos por un billón de pesos.

El coordinador parlamentario, Pablo Gómez Alvarez, informó que la bancada emprenderá diversas acciones para impedir ''el atraco''; entre ellas un exhortó al resto de las bancadas a rechazar el canje, promover una controversia constitucional en caso de que se apruebe la operación en el pleno, así como interponer denuncias penales contra los funcionarios que suscribieron ayer el documento.

Afirmó que en la maniobra, que favorecerá sólo a los bancos, participó el presidente Vicente Fox, quien ''se caracteriza por crear situaciones de hecho para que después el Congreso tenga que tragárselas''.

Una vez más, dijo, el mandatario pondrá en conflicto al Poder Legislativo a partir del 8 de septiembre, cuando se presente el paquete económico y en éste se incluya asumir el costo del canje de pagarés, que representaría una deuda pública por 223 mil millones de pesos.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de las comisiones de Hacienda y especial del IPAB, calificó de ''grosera'' la carta que Hacienda y el organismo enviaron a la Auditoría Superior de la Federación para informarle del comienzo del canje, en la cual ''prácticamente desechan la totalidad de las observaciones no solventadas''.

Señaló que el auditor no ha cumplido su obligación de fincar responsabilidades por incluir en el canje a los créditos en litigio, los créditos relacionados -realizados entre los mismos accionistas de los bancos para beneficiarse económicamente- y los intereses moratorios de Banamex.

''Lo que quieren hacer es presentar el 8 de septiembre una solicitud para que el Congreso de la Unión, en la 59 Legislatura, avale lo que la 57 Legislatura rechazó. Las auditorías no han concluido y, sobre todo, no se ha cumplido con la fracción primera del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, donde se establece que antes de cualquier canje deben fincarse responsabilidades jurídicas y económicas a quienes cometieron irregularidades en este proceso'', expuso Ramírez Cuéllar.

Refirió que el Congreso no puede dejarse presionar y tiene tiempo para discutir con toda calma en el segundo periodo ordinario de sesiones (entre marzo y abril de 2005), para ver si se han cumplido todos los requisitos para el canje de pagarés e investigar, antes de decidir, si se reconocen como deuda pública.

''Nos preocupa que el espíritu de la ley, de reducir el costo fiscal del rescate bancario, con el procedimiento firmado entre los bancos, Hacienda y el IPAB le dejará una enorme carga a las finanzas públicas, constituirá un atraco financiero'', declaró.

Su compañera de bancada, Dolores Padierna Luna, coincidió en que la operación de canje representa ''una operación de Estado para defraudar a la nación; tal parece que los banqueros no tienen llenadera y que el gobierno de Vicente Fox, en lugar de respetar la legalidad, viola el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC)''.

Recordó que la ASF concluyó, en la revisión de la cuenta pública de 2002, que Bancomer y Banamex no debieron ser incluidos en el PCCC, pues rebasaban ''con mucho'' el porcentaje mínimo establecido de 8 por ciento de capitalización. ''Por lo tanto, el acto que se fraguó a espaldas del Congreso, es absolutamente ilegal y el PRD lo rechaza por la sangría que implicará para las finanzas públicas''.

El diputado Carlos Silva Valdés explicó que el monto fiscal comprometido con el canje de pagarés implica 15 por ciento del presupuesto federal que se ejercerá al concluir este año. ''Será desastroso porque la población mexicana, sobre todo la más desprotegida, seguirá con problemas de desempleo, de suma pobreza, falta de vivienda, educación y salud, y en el PRD no avalaremos esta operación fraudulenta contra la nación'', expresó.