Critica a antecesores por pretender eludir "el problema de seguridad más grave del estado"

Ofrece Baeza Terrazas revisar casos cuestionados de homicidas de mujeres

Se cumplirán exhortos de la CNDH y AI, afirma; no investigarán a Francisco Barrio ni a Patricio Martínez

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 10 de julio. El gobernador electo de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, se comprometió a revisar los procesos penales de los presuntos responsables de algunos homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, y a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI), que han señalado los errores y omisiones en las investigaciones de los feminicidios.

En entrevista con La Jornada, el próximo jefe del Ejecutivo estatal, que entrará en funciones el 4 de octubre, criticó a sus antecesores, el panista Francisco Barrio Terrazas, y al actual mandatario, el priísta Patricio Martínez García, por pretender eludir la responsabilidad sobre los homicidios de mujeres ocurridos durante 11 años, lo cual calificó como "el problema de seguridad pública más serio de la entidad".

De frente a lo que ha sido la constante en la actuación gubernamental en dos sexenios, uno de extracción panista y otro del Partido Revolucionario Institucional, Baeza Terrazas se asumió como heredero directo de uno de los problemas más graves de inseguridad del país, reflejado en más de 320 homicidios de mujeres ocurridos desde 1993 en la referida ciudad fronteriza.

Baeza Terrazas señaló estar dispuesto a integrar una comisión plural en la que participen organizaciones no gubernamentales (ONG) y familiares de las víctimas de asesinato, para revisar los expedientes de los presuntos responsables de crímenes, la mayoría señalados como chivos expiatorios por ONG que luchan por el esclarecimiento de los homicidios seriales.

"Los crímenes contra mujeres son el problema más grave del estado. Lo asumo con la confianza de que vamos a avanzar con medidas y acciones integrales, concretas, basadas en la coordinación de esfuerzos de las tres instancias del sector público. No endilgaremos la responsabilidad a otra instancia de gobierno", señaló.

El priísta se mostró convencido de que en gran parte el problema de violencia e inseguridad que vive la frontera ha sido generado por la impunidad con la que operan las bandas de la delincuencia organizada, dedicadas al tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, por lo que propuso al gobierno federal desplegar una coordinación de esfuerzos que revise en primer término las causales de la criminalidad, incluidos los feminicidios, hasta llegar a documentar y probar la complicidad de los cuerpos policiacos en la actividad delictiva.

"Debemos apoyarnos en otras instancias, nacionales e internacionales, y abrir nuevas líneas de investigación sobre los homicidios de mujeres, desechadas hasta ahora", indicó el gobernador electo.

Al respecto, refrendó una de sus principales propuestas de campaña: "Atender todas las recomendaciones de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil que han señalado su preocupación por esta causa. Debemos verlos como grupos colaboradores, no como impugnadores del gobierno".

Posibles torturas y vejaciones

Baeza Terrazas afirmó que está abierto a revisar los expedientes de varios personas inculpadas, que han sido señaladas como víctimas por ONG, al denunciar la aplicación de métodos de tortura por parte del Ministerio Público estatal, para arrancar autoconfesiones de culpabilidad, como es el caso de los ruteros Gustavo Meza, La Foca, y Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, ambos implicados en el presunto homicidio de ocho jovencitas, cuyos cadáveres fueron localizados en un predio algodonero de Ciudad Juárez, en noviembre de 2001.

En esa misma clasificación se encuentran los procesos del egipcio Abdel Sharif Sharif, acusado del homicidio de Silvia Castro y de pagar a la banda de Los Ruteros para asesinar a jóvenes trabajadoras de la maquila con el propósito de exonerarlo de los cargos que le fincó la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 1997, en el gobierno de Barrio Terrazas, de los cuales hasta el momento no ha resultado una sentencia definitiva por parte del Poder Judicial.

Además de estos casos se documentan los de Ulises Perzabal, alias La Changa, y Cinthia Klicer, La Cheyene, acusados del secuestro y homicidio de la joven Viviana Rayas, en la capital del estado, y el de David Meza Argueta, señalado como responsable de violación y asesinato de Neyra Azucena Cervantes, ambas víctimas secuestradas, y cuyos cadáveres fueron localizados más tarde en predios desérticos en las afueras de la capital del estado.

En ambos casos, los presuntos inculpados denunciaron haber sido objeto de torturas y vejaciones por parte de elementos de la Policía Judicial estatal, para autoinculparse como responsables de los homicidios. Sus casos forman parte de las recomendaciones formuladas por la CNDH y AI como víctimas de tortura.

Además de la revisión de esos expedientes, el gobernador electo se comprometió a revisar los de funcionarios públicos señalados como responsables de los delitos de omisión y negligencia, por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, e indicó que aplicará la ley a quien haya incurrido en conductas ilícitas.

Sin embargo, delimitó lo que será la actuación al respecto del próximo gobierno, y dejó fuera de la investigación al ex gobernador Barrio Terrazas y al actual Martínez García.

"Yo no habré de ser el que sentencie a un ex gobernador, ni siquiera a cualquier otro funcionario público, para esto hay órganos de fiscalización que, basados en investigaciones delimitarán las responsabilidades", acotó antes de calificar como "un exceso" agregar a la lista de investigados a los dos gobernadores que lo han precedido en el cargo.