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Obituario   - NUEVO -

P O L I T I C A
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México D.F. Domingo 11 de julio de 2004

Secreto fiduciario, el pretexto; hasta marzo de 2004 se habían constituido 156

Impide el gobierno a la Auditoría Superior revisar fideicomisos federales

Incierto, el destino y manejo de recursos que ascienden a 255 mil 442 millones de pesos

ROBERTO GARDUÑO

El Informe de Finanzas Públicas, al mes de marzo de 2004, y la Cuenta Pública del 2002 revelan que el gobierno federal ha constituido 156 fideicomisos de diversa naturaleza, donde se involucran recursos del erario por 55 mil 442 millones de pesos.

Sumados a ese monto se hallan los 200 mil millones destinados por el gobierno a los dos fideicomisos que poseen estructura: FARAC (Fideicomiso de Administración del Rescate de Autopistas de Cuota) e Isosa (Integradora de Servicios Operativos).

En ambos casos, las autoridades han impedido, cobijándose en el secreto fiduciario, que se conozca el manejo y destino de los recursos. De tal forma, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y su órgano de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), están imposibilitadas para revisar la transparencia en los fideicomisos gubernamentales.

La administración federal ha clasificado los fideicomisos en cuatro grandes sectores. Uno es el referente al ámbito laboral y las pensiones, los cuales en su mayoría manejan fondos de ahorro y prestaciones para funcionarios de entidades desconcentradas, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y el Fondo de Cultura Económica (FCE), o bien de control directo presupuestario, como Petróleos Mexicanos (Pemex); su monto, en conjunto, asciende a 18 mil 313 millones de pesos.

Financiamiento rural y protección civil

Están también los relativos al financiamiento rural y protección civil, como el fideicomiso de Financiera Rural y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que involucran recursos por 13 mil 722 millones de pesos. Luego vienen los de infraestructura, donde destacan algunas concesiones de tramos carreteros, como el que va a Cancún, así como el proyecto E-México, que involucran recursos por 4 mil 281 millones de pesos.

En un cuarto sector están los denominados como ''otros'', donde se encuentra el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, el de Apoyo a Ahorradores Defraudados de Cajas de Ahorro, el de Modernización Aduanera, que tiene que ver con Isosa; uno relativo a financiamientos externos, a cargo de Bancomext, o como el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para adquirir equipo militar o bien el de Transforma México, de la Lotería Nacional. Este grupo involucra recursos por 19 mil 125 millones de pesos.

En momentos de la intensa discusión en torno a los fideicomisos es preciso señalar que éstos son contratos mercantiles por los cuales una persona, que se denominará fideicomitente, entrega bienes o derechos a otra, que se denominará fiduciaria, para que ésta los administre y realice con ellos el cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles. Una vez que éstos sean cumplidos deberá destinar los bienes, derechos y provechos aportados y los que se hayan generado a favor de otra persona, que se denomina fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente.

El fiduciario es la institución financiera (de crédito, de seguros, de fianzas, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto limitado, Almacenes Generales de Depósito o Patronato del Ahorro Nacional) a la que se le transmite la titularidad sobre ciertos bienes con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin para el cual se destinan.

El fideicomitente es la persona que dentro de un contrato de fideicomiso destina o afecta ciertos bienes a un fin lícito y determinado, y el fideicomisario es aquella persona física o moral capacitada legalmente para recibir el beneficio de un fideicomiso.

Derecho de Trámite Aduanero (SAT-ISOSA-NAFIN)

El Derecho de Trámite Aduanero (DTA) es el cobro que se hace por los servicios que presta el Estado en su función de derecho público y que se ampara con pedimentos aduanales por las operaciones de importación y exportación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vienen utilizando un mecanismo para la administración de los DAT, que a través del uso de un fideicomiso permite que los recursos captados por los DTA sean canalizados directamente a éste y sean pagados a las empresas que prestan diversos servicios, sin ingresarlos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

En mayo de 1993, la SHCP constituyó en Nacional Financiera (Nafin) el fideicomiso 954-8, conocido como Aduanas-1, con una aportación inicial instruida por 200 millones de pesos. En junio del mismo año, el fideicomiso constituyó la empresa Isosa, para realizar los servicios de procesamiento electrónico de datos de la SHCP y del SAT.

Cabe destacar que ley aduanera no prevé la figura de fideicomisos para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo aduanero. De acuerdo con el análisis realizado por la ASF, los DTA, ingresos públicos que forman parte de la recaudación, en el año 2002 totalizaron 2 mil 806 millones de pesos y únicamente se enteraron a la Tesofe 803 millones.

Ni el SAT ni la SHCP proporcionaron información a la ASF, manifestando que Isosa es una empresa privada; no obstante, Nafin posee 99 por ciento de las acciones de Isosa, lo que hace que ésta tenga características de empresa pública.

A su vez, Nafin no proporcionó información sobre el fideicomiso Aduanas-1, argumentando que se violaría el secreto fiduciario. Como resultado, la ASF emitió observación al órgano interno de control (OIC) del SAT, que opinó en el sentido de que no puede iniciar proceso de responsabilidades a servidores públicos, ya que carece de elementos que le permitan opinar sobre la falta de entero de los recursos a la Tesofe. De las revisiones de la ASF, se formularon 13 observaciones, de las que se generaron 36 acciones; de éstas, 24 son recomendaciones, 11 solicitudes de intervención del OIC y un pliego de observaciones. El probable efecto económico de lo anterior asciende a 2 mil 002.5 millones de pesos.

Rescate carretero (Banobras-FARAC)

Durante la construcción de diversas autopistas de cuota, los concesionarios de ellas enfrentaron importantes incrementos en los costos de construcción que se combinaron con las sobrestimaciones de aforo vehicular que habían proyectado inicialmente, dando como consecuencia problemas en la operación, mantenimiento y amortización en los créditos contratados con la banca.

Por tal razón, el gobierno federal decretó el 27 de agosto de 1997 el rescate de las carreteras concesionadas, mediante la entrega de Pagarés de Indemnización de Carreteras (PICS) y de la asunción de una deuda de los concesionarios por 58 mil 123 millones de pesos.

El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FARAC, donde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario. Entre 1997 y 2002, el FARAC emitió PICS y asumió pasivos bancarios avalados por el gobierno federal, que a diciembre de 2002 sumaban 143 mil 442 millones de pesos, los cuales no fueron revelados en la Cuenta Pública 2002.

Por instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el FARAC liquidó extemporáneamente en 2002, aprovechamientos al gobierno federal como contraprestación por la concesión carretera México- Cuernavaca por 852 millones de pesos, más 501 millones producto de actualizaciones y recargos.

Buenos deseos

De tal forma, FARAC viene registrando sus operaciones bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de contabilidad gubernamental, según las revisiones de la ASF, de las que se desprenden las siguientes recomendaciones:

Que la SHCP revele en la Cuenta Pública los avales del gobierno federal por el rescate carretero, cuyo monto es de 143 mil 442 millones de pesos. Una solicitud de intervención de la SCT para que inicie un procedimiento administrativo, a los servidores públicos que ordenaron en forma extemporánea el pago a la Tesorería por 501 millones de pesos.

Cuatro recomendaciones al FARAC para que su comité técnico sancione y emita bases contables adecuadas de registro y se realicen las correcciones a los registros contables por las operaciones del fideicomiso.

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