Miente Vicente Fox y no castiga a los culpables de la guerra sucia, advierte

Impunidad legalizada, exculpar al general Acosta, dice Rosario Ibarra

No se juzga al Ejército, sino a militares, afirma el senador priísta Sadot Sánchez Carreño

LAURA POY Y ANDREA BECERRIL; MISAEL HABANA Y CLAUDIO BAÑUELOS REPORTERAS Y CORRESPONSALES

Rosario Ibarra de Piedra advirtió que el presidente Vicente Fox Quesada "miente" cuando afirma que su compromiso fue crear una fiscalía especial para resolver los crímenes del pasado y no castigar a los responsables de los crímenes de la guerra sucia, ya que su promesa de campaña fue "hacer justicia y resolver el problema de los desaparecidos".

La dirigente del Comité Eureka consideró asimismo que el fallo judicial que exoneró al general Arturo Acosta Chaparro, "es un adelanto brutal de una impunidad legalizada".

En torno al tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sadot Sánchez Carreño, dijo que no puede haber perdón anticipado para quienes participaron en los crímenes de la llamada guerra sucia de los 70, y la fiscalía especial que encabeza Ignacio Carrillo Prieto tendrá que consignar a quienes resulten responsables, incluidos los militares, ya que no se juzga al Ejército Mexicano, sino a personas acusadas de delinquir.

También el coordinador de los diputados del PAN, Francisco Barrio Terrazas, se manifestó en favor de que no haya impunidad para los que incurrieron en el delito de genocidio.

Al mismo tiempo, ex guerrilleros guerrerenses exigieron al fiscal Carrillo Prieto que ejerza acción penal en contra del general Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien un juez militar exoneró de toda responsabilidad en el asesinato de 143 campesinos, cuyos cuerpos fueron lanzados desde aviones al mar.

''Sorprendente perdón''

Fundadora de una de las primeras organizaciones civiles que impulsaron la búsqueda de los desaparecidos políticos desde la década de los 60, Rosario Ibarra de Piedra consideró ''sorprendente" que se exonere a quien está identificado como "uno de los principales responsables de los delitos cometidos durante la guerra sucia, y que acumula una infinidad de testimonios que lo culpan directamente''.

Resulta inaudito, agregó, que se recurra a "argucias legaloides" como el "desvanecimiento de datos", para hacer a un lado los testimonios de las víctimas, "y se valide un 'no me acuerdo' pronunciado por militares como Enrique Cervantes Aguirre, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien fue jefe de Acosta Chaparro durante los años de la guerra sucia''.

La luchadora social indicó que para las organizaciones civiles que han exigido desde hace más de 30 años conocer el paradero de sus familiares y lograr la impartición de justicia, ''es triste que las autoridades judiciales se sigan burlando de nosotros", pero "no vamos a quedarnos con los brazos cruzados".

Rosario Ibarra consideró un "atentado a la inteligencia" el llamado del secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, al perdón y la reconciliación, pues aseguró que resulta no sólo una propuesta "de mal gusto, sino una torpeza que demuestra lo atrasado que está en cuanto a la aplicación de leyes de punto final, mismas que ya fueron derogadas en todos los países donde se impusieron".

En entrevista por separado, Adriana Carmona, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), destacó que la exoneración de Acosta Chaparro "es una prueba contundente de que la justicia militar no puede conocer de los casos de violaciones en donde se involucre a integrantes de las fuerzas armadas, pues no existe ninguna imparcialidad en los juicios que se les siguen".

Alertó sobre el riesgo de que se siga tolerando "una duplicidad de funciones entre la justicia militar y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), a la que corresponde investigar estos hechos y no a quien es juez y parte". Consideró también "lamentable" el silencio que ha mantenido esa fiscalía ante el fallo judicial en favor de Acosta Chaparro.

En ese sentido, Octaviano Santiago Dionisio y Fernando Pineda, ex combatientes del Partido de los Pobres (Pdlp) y del Movimiento Armado Revolucionario (MAR), respectivamente, calificaron de "deficiente" el trabajo que hasta el momento ha desarrollado el fiscal especial Carrillo Prieto, al no poder lograr que se juzgue a militares y ex autoridades civiles responsables de detenciones ilegales, tortura, desapariciones y asesinatos en la década de los 70.

Octaviano Santiago Dionisio, ex presidente del PRD guerrerense, señaló que la exoneración que hizo la Procuraduría Militar a Acosta Chaparro es algo que ya se venía venir, luego de que el secretario de la Defensa Nacional pidió públicamente el perdón para los militares.

Por su parte, Andrés Nájera, hermano del profesor Jacob Nájera, quien fue desaparecido por agentes judiciales y militares, señaló que es "lamentable" que a un personaje como Acosta Chaparro poco a poco se le esté allanando el camino para que salga en libertad.

"Yo creo que a estas alturas del tiempo, el gobierno de Vicente Fox no va a hacer nada para esclarecer los hechos del pasado, y esa es la preocupación que tenemos todos los que perdimos un familiar."

Nájera Hernández advirtió que si el fiscal especial tuviera la voluntad política para detener a los responsables, "desde cuándo hubiera investigado a personajes políticos de aquí, de Guerrero, como al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer''.

Los tres ex guerrilleros dijeron estar sorprendidos de la visita del fiscal Ignacio Carrillo a Guerrero, ya que se enteraron de la misma a través de los medios de comunicación.

Por otra parte, Fernando Pineda denunció que dos individuos que se identificaron como funcionarios de la PGR lo han estado hostigando en su domicilio y en su trabajo. "Los recibí en mi casa y me dijeron que venían de la Procuraduría General de la República y que me querían interrogar; yo hablé con el fiscal sspecial por teléfono y me dijo que él no había mandado a nadie; eso es muy extraño", concluyó.

Por separado, el senador priísta Sadot Sánchez Carreño insistió en que la Femospp debe continuar con su trabajo y ejercitar las acciones que correspondan "contra quien sea", ya que nadie puede quedar exento de responsabilidades, aun cuando forme parte de "un instituto tan prestigiado y tan reconocido como el Ejército Mexicano".

Debe quedar claro que "no se juzga a las fuerzas armadas ni se ejercita acción penal contra la institución, sino contra personas que violaron la ley". El legislador hizo notar que ni el Presidente ni ningún otro integrante del gobierno puede solicitar un perdón anticipado para quienes participaron en la guerra sucia. En todo caso, es algo que sólo compete al Congreso, pero si el presidente Fox quiere una amnistía, que mande la iniciativa al Poder Legislativo.

A su vez, el diputado panista Francisco Barrio Terrazas declaró en Aguascalientes que si bien existe un ambiente de reconciliación hacia los crímenes del pasado, sería también pertinente castigar a quienes se les compruebe que cometieron algún delito de lesa humanidad.

"A mí me parece que se conozca lo ocurrido, que se profundice en esos hechos y que se informe a la nación sobre ellos; yo sí soy partidario de que en las transiciones políticas, como es el caso de nuestro país, haya una dosis de reconciliación, de perdón, pero en lo que se refiere a la comisión de actos de genocidio, esas conductas deben castigarse.''