El fallo, recibido con júbilo por la ANP; no lo acatará, reitera Israel

Poner fin a ilegalidad del muro en Palestina, exige La Haya a la ONU

Derribar la parte de la valla en Jerusalén este, solicita la Corte Internacional de Justicia a Tel Aviv

Demanda cesar el resto de la construcción, pagar indemnizaciones y regresar la tierra confiscada

DPA, AFP Y REUTERS

La Haya, 9 de julio. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal ór-gano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), llamó hoy a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a que pongan fin a "la situación ilegal" que ha provocado la construcción de un muro en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania, durante la llamada Guerra de los Seis Días, en 1967.

La declaración de la CIJ fue re-cibida con júbilo por la Autoridad Nacional Palestina, mientras que Tel Aviv confirmó oficialmente su rechazo a acatar el dictamen, anticipado desde temprano mediante declaraciones de funcionarios he-chas a la prensa y en afirmaciones a medios electrónicos.

En una "opinión consultiva", no vinculante, la corte pidió a Israel que derribe la parte del muro edificado en Jerusalén este, cese el resto de su levantamiento, pague indemnizaciones a los palestinos que han padecido los efectos negativos del muro y regrese la tierra confiscada para su elevación.

Con el voto favorable de 14 de los 15 miembros del tribunal, la CIJ desechó el argumento de Israel de que el muro es necesario para la seguridad del Estado, y dijo que la obra infringió la libertad de movimiento de los palestinos, su derecho al trabajo y a tener "un nivel de vida adecuado", como está previsto en convenciones internacionales.

El muro, que el gobierno israelí comenzó construir en 2003 con bloques de hormigón de ocho me-tros de altura, tiene hasta ahora una longitud de 170 kilómetros, pero el proyecto es que se extienda 730 kilómetros a través zonas despobladas en el desierto, así como pueblos y ciudades donde habitan pa-lestinos e israelíes. Israel expropió terrenos para realizar las obras.

El gasto previsto es de 3 mil 400 millones de dólares y su finalización será a finales de 2005.

"La corte considera que la construcción del muro y su régimen asociado crean un hecho consumado sobre la base de que podría convertirse en algo permanente, en cu-yo caso, independientemente de la caracterización formal que ha dado Israel, equivaldría a una anexión de hecho", expresó el tribunal.

"Esa construcción, junto con me-didas tomadas anteriormente, im-pidieron gravemente el ejercicio del pueblo palestino a la autodeterminación", manifestó la CIJ, que también señaló que los asentamientos israelíes en territorios ocupados violan leyes internacionales.

"La ONU, y en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deberían considerar cuál acción adicional es necesaria para poner fin a la situación ilegal que provoca la construcción del muro", dijo la corte, que emitió su opinión consultiva número 26 des-de que empezó a funcionar en 1946.

"Las infracciones (a los derechos de los palestinos), como re-sultado del trazado del muro, no pueden ser justificadas por exigencias militares, por necesidades de seguridad nacional o por el orden público", declaró la CIJ.

El único juez del tribunal que votó en contra del documento final fue el representante estadunidense.

El proyecto del gobierno israelí pretende cercar 80 por ciento de 220 mil colonos judíos que se asentaron en Cisjordania después de la ocupación en la guerra de 1967.

Según informe de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, sólo 11 por ciento del trazado de la valla coincide con la llamada "línea verde" que separa a Cisjordania del territorio israelí.

Por consiguiente, más de 274 mil palestinos de 122 pueblos y ciudades van a "vivir en zonas ce-rradas -entre el muro y la línea ver-de- o en enclaves rodeados por el muro", según la entidad.

"Nos felicitamos por la decisión que condena el muro racista. Esta decisión constituye una victoria para nuestro pueblo, para todos los pueblos libres y todos los movimientos de liberación del mundo", dijo en Ramallah el presidente pa-lestino, Yasser Arafat.

Agregó que el muro no es construido "por motivos de seguridad, sino para confiscar 58 por ciento de las tierras palestinas (en Cisjordania) e impedir la creación de un Estado palestino".

Justificaciones gubernamentales

Sharon emitió en Tel Aviv una de-claración en que reiteró que el mu-ro busca proteger a comunidades israelíes de ataques palestinos: "Si no hubiera habido terrorismo, no habría barrera", destacó, además de que la CIJ carece "de competencias para debatir sobre el conflicto entre Israel y los palestinos".

"Después que fue erigida la ba-rrera, la cantidad de víctimas ha disminuido", dijo el gobierno de Sharon, que tras una restructuración de su gabinete podría sumar a los laboristas de Shimon Peres, que reclaman una rápida retirada del ejército israelí de la franja de Gaza.

Las reacciones en Estados Unidos y la Unión Europea (UE) estuvieron divididas.

Estados Unidos coincidió con Israel en que la CIJ no es adecuada para discutir el tema. "No creemos que sea ese el foro apropiado para resolver lo que es un tema político", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

A su vez, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, dijo que la declaración de la CIJ "podría complicar más el proceso y distraer el trabajo político".

En Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea, Jean-Christophe Filori, dijo que la "UE continúa pidiendo a Israel que retire la ba-rrera de los territorios ocupados, incluyendo (el tramo) dentro y alrededor de Jerusalén este".

El gobierno español, que ha fungido como facilitador del diálogo entre israelíes y palestinos, dijo en un comunicado que "considera esencial la actuación dentro de la legalidad internacional y manifiesta su respeto y reconocimiento a la CIJ y sus dictámenes y opiniones".

Agregó que reconoce "sin re-servas el derecho de Israel a proteger a sus ciudadanos frente a atentados terroristas", pero aclaró que el muro "causa sufrimientos innecesarios" a la población palestina.

En Nueva York, donde habita una poderosa e influyente comunidad judía promotora de los intereses de Israel, no sólo líderes religiosos se pronunciaron contra la resolución, sino que además los senadores Hillary Clinton y Charles Schumer rechazaron la validez de la sentencia con el argumento de que la valla es para salvar vidas.