Podría causar más desconfianza hacia instituciones públicas, según ONG

La CNDH levantará un censo de los delitos no denunciados

Se pretende determinar la cifra negra de crímenes como secuestro, violación y homicidio, explica José Luis Soberanes

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizará un censo nacional de delitos no denunciados, con lo cual pretende determinar la llamada cifra negra de los casos de secuestro, robo con violencia, violación y homicidio, informó el ombusdman José Luis Soberanes, tras considerar que las autoridades deben cumplir con su deber de abatir la inseguridad y resolver la eterna descoordinación entre procuradurías.

Al participar en una reunión del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, afirmó que aunque entiende que se hayan presentado peticiones "surgidas del hartazgo y la indignación", como es implantar la pena de muerte y la cadena perpetua, se opondrá abiertamente a ellas. Sostuvo que quienes sostienen esas propuestas no llegan a la esencia del problema de la inseguridad pública.

Indicó que el papel de los nuevos liderazgos "no puede ser el de someterse a la literalidad de todas las demandas al alcance del oído, tampoco el de azuzarlas, sino entenderlas, decantarlas, procesarlas y recoger su sentido principal: que las autoridades cumplan con su deber de abatir la inseguridad y que se frene la desvergonzada y extendida connivencia entre poli-cías y delincuentes".

Pidió a agentes del Ministerio Público y policías que cumplan con su deber y no se escuden en que los derechos humanos interfieren en su labor, pero advirtió que no se desea "regresar a la fabricación de culpables y a la tortura como método de investigación".

Soberanes Fernández informó que a raíz de la marcha ciudadana contra la inseguridad, la CNDH iniciará un censo nacional de delitos no denunciados, para que mediante llamadas telefónicas anónimas se pueda elaborar un mapeo que sirva a los propósitos de exigir que se encuentren correctivos a la incidencia criminal.

Asimismo, señaló que es tiempo de que la atención a las víctimas "llegue más allá del sentimiento de compasión, y de que se traduzca en preocupación y ocupación permanente de las instituciones, incluyendo a las comisiones de derechos humanos", por lo que propuso que se brinde apoyo económico a las víctimas más necesitadas por medio de la integración de fondos públicos, como ocurre en el Distrito Federal y en Tlaxcala.

Por otra parte, al referirse al caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, indicó que la CNDH buscará que la fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR), María López Urbina, pruebe sus aseveraciones de que en esa comunidad fronteriza sólo existen 35 desaparecidas y no más de 4 mil, como lo denunció el organismo defensor de los derechos humanos. Adelantó que serán muy exigentes para comprobar que lo dicho por la funcionaria de la PGR, quien afirmó que de 4 mil 545 desaparecidas reportadas desde 1993 a la fecha ya se había localizado con vida a 4 mil 420.

Corre el riesgo de quedar como "una estadística más"

La propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de efectuar un censo nacional de delitos no denunciados "no sólo podría generar mayor desconfianza hacia las instituciones públicas responsables de llevar a cabo el seguimiento de esos actos ilícitos, sino que la ausencia de objetivos concretos también corre el riesgo de que la iniciativa sólo quede como una estadística más del delito", advirtió Edgar Cortez, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) planteó que si bien cualquier iniciativa para combatir los índices delictivos es positiva, "no es necesario que la CNDH espere obtener resultados de este censo para emitir recomendaciones a los servidores públicos e instituciones que no están cumpliendo sus funciones en el combate a la delincuencia".

Sylvia Aguilera, directora de la CMDPDH, agregó que la comisión ya cuenta con un programa de atención a las víctimas del delito, denominado Províctima, "el cual debió proporcionar información suficiente para conocer cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos de las víctimas y actuar en consecuencia. El riesgo de esta iniciativa sería justificar un lapso prolongado para ver los resultados".

Por su parte, Edgar Cortez indicó que la iniciativa presentada por José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, durante una reunión con integrantes de la nueva mesa directiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, "no puede sustituir, bajo ninguna circunstancia, la obligación del Estado de realizar estas investigaciones y conocer cuántos actos ilícitos se cometen, pues forma parte de sus acciones contra la inseguridad".

En entrevista por separado, los defensores de derechos humanos señalaron que si bien atender las quejas presentadas por las víctimas de delitos y "por quienes son acusados injustamente" es una tarea fundamental en la defensa de los derechos humanos, "ninguna iniciativa tiene sentido si no se garantiza su continuidad y seguimiento, condición que debe ser atendida por CNDH, sobre todo cuando se han presentado casos en los cuales se emite una recomendación, pero no se le da seguimiento".

Cortez insistió en que la CNDH "debe hacer públicos los objetivos y metodología con la pretende llevar a cabo el censo, y no intentar suplir la responsabilidad de las autoridades federales en el combate a la delincuencia".

LAURA POY SOLANO