Deben permanecer las instituciones encargadas de proteger sus derechos, dice

Afirma senadora que no aceptarán plazos para que campesinos se sumen a Procede

Cobrarles la regularización de parcelas sería "un acto de terrorismo" contra ellos

MATILDE PEREZ U.

Ante la advertencia del procurador agrario, Isaías Rivera Rodríguez, de que ejidatarios e indígenas que no se sumen al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede) antes de concluir 2006, posteriormente deberán pagar la regularización de sus parcelas, la presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República, Arely Madrid Tovilla, aclaró que impedirán esa situación, porque eso sería un "acto de terrorismo" en contra de los campesinos.

Los legisladores difundiremos entre los campesinos e indígenas lo que significa y los beneficios del Procede, pero no permitiremos que ahora se les diga que quienes no se sumen a ese programa antes de que concluya esta administración después deberán pagar el costo de la regularización, dijo la legisladora, durante la reunión de los integrantes de esa comisión del Senado con el titular de la Procuraduría Agraria.

Agregó que el Procede se estableció años después de que a los campesinos se les entregaron sus documentos agrarios básicos -como la carpeta básica y el mapa de localización y deslinde, entre otros-, que sirvieron para regularizar la tenencia de la tierra. Si eso no se cuidó, para ello están los tribunales agrarios, pero pareciera que la Procuraduría Agraria pretende deslindarse de su responsabilidad institucional de proteger los derechos agrarios de ejidatarios y comuneros.

Madrid Tovilla aceptó que es necesario realizar reacomodos en materia de justicia agraria, pero eso no significa "desaparecer por arte de magia las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de los campesinos, como es la Secretaría de la Reforma Agraria, ni tampoco caer en el terrorismo del pago por regularizar la propiedad social".

Reconoció que el trabajo de la Procuraduría Agraria se ha perfeccionado, pero sus actividades no han logrado empatarse con las de los tribunales agrarios, y por eso el Senado de la República tiene cinco propuestas de reforma a la ley agraria. También pidió al procurador Isaías Rivera que tome en cuenta que los asuntos agrarios son temas del derecho social, y eso permite flexibilidad en la actuación de la PA y no mantenerse al margen de los asuntos, como sucedió en el caso de San Salvador Atenco, por ejemplo.

"Los legisladores queremos una Procuraduría Agraria que defienda los derechos de todos los habitantes de las zonas rurales, que realice esa responsabilidad sin establecer distinciones", señaló.

Antes, Isaías Rivera había explicado que en la defensa de los derechos agrarios había que distinguir entre los colectivos y los individuales, y explicó que en la solución de los conflictos la institución actúa como conciliador, representante de los campesinos e indígenas en los juicios agrarios, y como árbitro, y pidió apoyo a los legisladores para fortalecer a la Procuraduría Agraria.

Respecto al Procede, asentó que ese programa "no puede permanecer abierto permanentemente", por eso está previsto concluirlo en 2006; agregó que sólo 20 por ciento de la propiedad social, principalmente los lugares en donde hay presencia indígena, falta por incorporarse al programa. Y fue en ese momento que expuso: se ha regularizado una superficie equivalente al territorio que ocupan Italia, Bulgaria, Portugal y Alemania, lo que resta por regularizar es de complejidad mayor y esa acción concluirá en 2006".

Para entonces, dijo, la autoridad ya habrá invitado a la totalidad de los núcleos agrarios y comunidades a sumarse al Procede, pero si no lo hacen es su decisión, porque las instituciones del sector les habrán brindado los beneficios. Pero después de concluir ese programa, la medición ya no estará a cargo del Estado, serán los campesinos los que deberán contratar un servicio privado para llevar a cabo esa acción indispensable para obtener los títulos de propiedad, subrayó.

Insistió en que el Procede no significa privatizar la propiedad social, y aclaró que a la fecha hay 30 mil juicios agrarios, la mayoría correspondiente a la defensa de derechos de individuos, e igual número de casos en conciliación.