Participarán 25 mil elementos policiacos del DF y de los estados circunvecinos

Anuncian operativo de sellamiento contra el delito en la región centro

Se elaboran propuestas para aumentar las penas contra el secuestro y otros crímenes

AGUSTIN SALGADO ENVIADO

Pachuca, Hgo., 6 de julio. Las nueve entidades federativas que integran el Consejo Técnico de Seguridad Pública de la Región Centro del país acordaron en esta ciudad desarrollar un operativo de "sellamiento contra el delito" en el que participarán 25 mil elementos policiacos.

Dicho despliegue, calificado como "el operativo más importante del que se tenga memoria", consistirá en establecer, de manera simultánea, decenas de retenes en las zonas limítrofes y en diversas entidades federativas para detectar bandas criminales.

"Nunca se ha desarrollado una operación de tal envergadura, por lo menos que yo recuerde. Van a participar todos los elementos de las policías y de las procuradurías de la región. Se integró un comando central para organizar todo esto. Se va a realizar la semana que entra (del 12 al 16 de julio). Me parece que este es el acuerdo más importante de hoy" comentó el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.

A la reunión, celebrada en la capital de Hidalgo, asistieron los secretarios de seguridad pública, representantes de las procuradurías de Justicia locales y algunos secretarios de gobierno de los estados de México, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Michoacán, Morelos, Hidalgo y Guerrero, así como del Distrito Federal.

Los participantes acordaron solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional reactivar las bases de operaciones mixtas, adoptar un modelo integral para realizar operativos conjuntos en las zonas limítrofes, coadyuvar en campañas de despistolización y crear un comando único contra la delincuencia en la región, con dirección rotativa cada tres meses; el responsable inicial sería el gobierno de Hidalgo.

Asimismo, se pedirá formalmente al presidente Vicente Fox que se amplíe el fondo de seguridad pública y establecer una frecuencia de radio compartida para los responsables del sector en cada una de las entidades federativas de la región centro.

También se acordó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sea responsable de concentrar las propuestas en torno a la homologación de penas para delitos como secuestro, violación, homicidio calificado y robo a casa habitación con violencia.

Se anunció que la base de datos integral para combatir el secuestro en la región estará lista en 30 días, además de que se discutieron propuestas para ejercer un mayor control sobre las empresas de seguridad privada, especialmente aquellas que desarrollan labores de negociación en casos de plagios.

Los documentos de análisis respectivos se turnarán al gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, para que, a su vez, los presente a la Presidencia de la República en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

En representación de la PGJDF asistió el subprocurador de Averiguaciones Previas Concentradas, Renato Sales Heredia, quien afirmó que para disminuir los índices de inseguridad es necesario combatir la impunidad: "lo que hay que hacer es que no quede impune el delito, y precisamente por eso hay que buscar mecanismos para agilizar la coordinación. No podemos argumentar, so pretexto de que entramos a otra entidad federativa, que nos fue imposible detener a individuos que fueron sorprendidos en flagrancia".

La reunión, que se realizó en la Hacienda Chavarría, ubicada en el kilómetro 9 de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, comenzó a las once de la mañana y finalizó cerca de las tres de la tarde.

Además de los funcionarios locales estuvieron presentes algunos representantes del gobierno federal, como Gloria Brasdefer Hernández, quien es secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Informó que dicho sistema ya cuenta con más de 420 mil registros de elementos policiacos a escala nacional, lo cual servirá para combatir la corrupción en los cuerpos policiacos.

Al acto asistió el gobernador de Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, quien únicamente inauguró la reunión.

Navarrete Prida, desanimado

Mientras tanto, el procurador de Justicia del estado de México, Alfonso Navarrete Prida -quien no asistió a la cita-, manifestó no es con este tipo de reuniones "como se va a solucionar el problema de la delincuencia; es con programas y métodos, y para eso hay que usar las instancias que existen en la coordinación".

Desanimado por los resultados de los encuentros, el funcionario exhortó a las autoridades judiciales y de procuración de justicia a superar las "reuniones sectarias" e ir al diagnóstico "claro y directo" del problema.

Entrevistado en Tlalnepantla, declaró: "las autoridades de justicia de la región hemos hecho esfuerzos aislados, sectarios y a veces se dan respuestas mediáticas", pero "al día de hoy no tenemos una agenda de trabajo en materia de combate a la inseguridad".

En este esfuerzo "aislado", el gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, firmó ayer tres iniciativas de ley que enviará, para su discusión y eventual aprobación, al Congreso local, en las cuales solicita reformas al Código Penal estatal para incrementar las sanciones a quienes cometan secuestro, se declare imprescriptible este delito y se establezca un código de defensa de las víctimas.

Para ello pidió a los legisladores que se abra un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutan las propuestas de incrementar la pena de 50 a cien años de prisión para los secuestradores; que el delito no prescriba mientras no aparezca la víctima o su cadáver, y "se da especial énfasis a la reparación del daño como forma de compensación del hecho delictivo, en beneficio de la víctima o de la comunidad".

En esa misma tónica, el Congreso de Tamaulipas reformó la Ley Estatal de Seguridad Pública, mediante la cual se amplían las atribuciones de los ayuntamientos y presidentes municipales para dar respuesta al incremento de los índices de violencia e inseguridad, especialmente en la frontera de esa entidad con Estados Unidos, donde en los pasados tres años se han cometido más de 150 homicidios relacionados con la delincuencia organizada.