Reanuda EU cooperación con México contra lavado

Estudia la PGR si ejerce acción penal contra Bátiz

Sales, también en la mira

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) analiza si ejerce acción penal contra el procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, y el subprocurador capitalino Renato Sales Heredia, por obstrucción de la justicia y revelación de secreto, al participar en la divulgación de un informe de la Red de Combate de Delitos Financieros del gobierno de Estados Unidos (Fincen, por su abreviatura en inglés) relacionado con Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Fuentes oficiales revelaron que la subprocuraduría que encabeza Carlos Javier Vega Memije (el mismo que integró la averiguación previa del caso El Encino) ya concluyó la indagatoria 38/UEIDC SPC/2004, y determinó que dos funcionarios que deben ser enjuiciados son Juan Guillermo Ramos, agente del Ministerio Público que solicitó los documentos del Fincen a la PGR, y José Espinosa de Anda, fiscal de Asuntos Especiales de la procuraduría capitalina.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, según las fuentes consultadas, determinó abrir un "periodo de análisis" para establecer si se ejerce acción penal contra Bátiz y Sales Heredia, con el argumento de que ambos declararon bajo lo estipulado en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la procuraduría capitalina, artículo que faculta a los dos a proporcionar información a su superior jerárquico, en este caso el jefe del GDF, Andrés Manuel López Obrador.

Como se recordará, López Obrador difundió el 15 de abril el contenido del informe del Fincen, en el cual se detallan los movimientos financieros realizados en Estados Unidos por Ponce, quien fue investigado por el gobierno estadunidense a petición de la Secretaría de Hacienda el 18 de febrero de este año. Esa información formaba parte de la averiguación previa que la PGR integra contra el ex secretario de finanzas por lavado.

Una vez que la autoridad capitalina conoció la existencia del informe, se lo solicitó de manera formal a la PGR, que lo entregó para que se integrara en sus investigaciones contra el empresario Carlos Ahumada; sin embargo, los detalles del informe fueron dados a conocer por López Obrador para documentar la existencia de un complot por parte del gobierno federal. El jefe del GDF argumentó que la información había sido divulgada antes por la televisión.

Una vez que se hicieron públicos los documentos, la PGR inició una averiguación previa, la cual se terminó justo el día en que el Fincen decidió reiniciar el intercambio de información con México.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la acusación podría derivar en una pena de cuatro a 10 años de prisión, e inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre tres y 10 años.

Hacienda se compromete

DAVID ZUÑIGA, REUTERS, DPA Y AFP

Los gobiernos de México y Estados Unidos reanudaron el intercambio de información para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Red de Combate a los Delitos Financieros (Fincen, abreviatura en inglés de Financial Crimes Enforcement Network), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, restableció la cooperación luego de que México aceptara aplicar diversas medidas para proteger la información compartida.

"Nos entusiasma que México se haya comprometido a atender nuestras preocupaciones, ya que ambos países vemos el intercambio de información financiera como factor clave en la lucha internacional contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero", dijo en un comunicado el director de Fincen, William Fox.

Mientras, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, destacó que el éxito en la lucha contra el blanqueo de recursos y el financiamiento de actividades terroristas depende de la voluntad y del compromiso de los países involucrados, incluido México, que "ha demostrado su compromiso y reconoce la importancia de mantener en el máximo secreto la información que compartimos. Nos satisface reanudar nuestra relación (...) Seguiremos trabajando con nuestro vecino combatiendo a terroristas y delincuentes que corrompen el sistema financiero global", afirmó Snow, quien también agradeció al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, su atención "seria e inmediata" al problema.

El Fincen suspendió el 21 de abril el intercambio a raíz de que se divulgó información sobre las investigaciones contra el ex secretario de Finanzas capitalino Gustavo Ponce, y la esposa de éste, Esperanza González. El, acusado de lavado de dinero y fraude, está prófugo desde el primero de marzo, cuando Televisa exhibió un video que lo mostró apostando en un casino de Las Vegas, Nevada.

Según Hacienda, la filtración no sólo violó la ley y los acuerdos entre ambos países, sino que también limitó durante "algunos meses" el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Desde que se reveló la información del Fincen, el Departamento del Tesoro buscó reanudar la cooperación con México, donde, calculan diversos analistas, el año pasado se blanquearon más de 24 mil millones de dólares, la mayor parte proveniente del tráfico de drogas.

El viernes pasado el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero, que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, identificó la corrupción y la falta de coordinación entre autoridades gubernamentales como dos de los principales obstáculos para combatir el lavado de dinero en México.