Desplegado del gobernador contra el Congreso de BC

Elorduy pretende evitar fiscalización: líder camaral

ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Mexicali, BC, 1Ɔ de julio. Con la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobierno de Baja California pretendió hacer un blindaje en la fiscalización, "porque tenemos información de que se maneja una doble contabilidad", afirmó el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

El diputado perredista aseguró que la administración que encabeza el gobernador Eugenio Elorduy Walther "quiere convertir una derrota jurídica en un triunfo mediático" pues, como resultado de la querella, la SCJN ordenó este miércoles exclusivamente la inejecución de sanciones por el resultado de auditorías, pero determinó procedente la actual integración del Congreso estatal, que también impugnó el Ejecutivo estatal.

Es decir, comentó, de cinco puntos que se presentaron en la controversia, la SCJN sólo otorgó la medida cautelar que permite hacer auditorías, pero no ejecutar sanciones hasta que califique el fondo del asunto.

El actual conflicto que involucra a los poderes Ejecutivo y Legislativo se inició con la sesión que celebró el Congreso el pasado 12 de junio, cuando -como indica la Ley Orgánica del Congreso de Baja California- se determinó relevar a siete diputados panistas que abandonaron la asamblea, y llamar a sus suplentes.

Aunque constitucionalmente conforman la Cámara de Diputados estatal 25 legisladores, hoy sólo cuenta con 22 miembros -10 del PRI, tres independientes, ocho panistas y un perredista-, pues tres suplentes no han acudido a rendir protesta como relevos de los destituidos. Los legisladores removidos consideran que la conformación del Congreso es ilegal, posición que comparten con su correligionario el gobernador, y con la dirigencia estatal del PAN.

El tema de las auditorías se originó en un acuerdo económico que tomó la "nueva mayoría" legislativa, de auditar oficinas claves del Poder Ejecutivo local. Con 13 votos se ordenó auditar la oficina del propio gobernador, su secretaría particular, así como las secretarías de Desarrollo Social y de Finanzas estatales.

De acuerdo con Ruiz Uribe, el fallo de la SCJN no impide a la Legislatura realizar dichas revisiones, que se iniciarán formalmente la próxima semana.

El perredista llamó "tirano" a Elorduy Walther, y descartó que la crisis entre poderes sea producto de una lucha entre el PRI y el PAN relacionada con las elecciones del próximo 1Ɔ de agosto, como recientemente aseguró el mandatario.

Asimismo, Ruiz Uribe advirtió que Elorduy Walter deberá publicar, a más tardar el jueves 8 de julio, los decretos sobre reformas a las leyes de Fiscalización y de Servicio Civil, mismas que crean un comité regulador de los salarios de servidores públicos. Acotó que en caso contrario, el gobernador incurrirá en desacato, lo que permitirá iniciar trámites para fincarle juicio político.

En un desplegado publicado en periódicos locales, el Ejecutivo de Baja California aseguró que "como sucede en cualquier otro poder, también en el Legislativo, si se han cometido ilegalidades o delitos, en su momento los responsables enfrentarán a la justicia y a las sanciones que correspondan".

Igualmente, el documento indicó que la legislatura viola el estado de derecho, y sus acciones no tienen carácter legal.

A esto, Ruiz Uribe reviró: "no nos amedrentan la amenaza del gobernador ni sus manotazos, porque posiblemente quien se va a ir a la cárcel sea él mismo".