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Obituario   - NUEVO -

P O L I T I C A
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México D.F. Viernes 2 de julio de 2004

Es mentira que se haya cumplido 90% del acuerdo para el campo, coinciden

Latente, el riesgo de que se desborde la inconformidad en el agro: campesinos

Burocratismo e ineficiencia, entre los factores que han estancado los pactos firmados

MATILDE PEREZ U.

Dirigentes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Central Campesina Independiente (CCI), Central Campesina Cardenista (CCC), Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión Campesina Democrática (UCD) y El Barzón, alertaron al gobierno federal acerca de la inconformidad campesina del país y de la imposibilidad de controlarlas si no hay muestras de voluntad política para cumplir el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC).

En el foro Evaluación del ANC, organizado por el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Departamento de Sociología Rural de la UAM Azcapotzalco, los líderes de esas organizaciones desmintieron al gobierno: es falso que 90 por ciento de los compromisos pactados estén resueltos, dijeron, y acusaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de "despojar" a los productores de los recursos federales para el agro.

Por el burocratismo e ineficiencia de la Sagarpa, los productores no obtuvieron los beneficios de los 140 millones de pesos para el programa de comercialización ni ejercieron los mil 400 millones de pesos para el Procampo alterno y otros programas: todo ese dinero, correspondiente al presupuesto de 2003, lo regresó la institución a la Secretaría de Hacienda. Esa es una vía de incumplimiento, asentaron.

Sin embargo, los dirigentes también consideraron que el reto de las agrupaciones es volver a unificarse, perfeccionar su organización, construir consensos y presionar al gobierno federal para que en la agenda nacional incluya al menos tres aspectos fundamentales: revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; tener un presupuesto integral y más elevado para el agro, una justicia agraria acorde a la situación actual, fomentar la producción para contrarrestar la vulnerabilidad por la creciente dependencia alimentaria y, además, discutir con los productores la ley de bioseguridad.

Jaime Castillo, de la comisión ejecutiva de Unorca, comentó que gobierno y organizaciones deben realizar un balance real del ANC; aquél debe mostrar disposición y voluntad política, y éstas atender las expresiones de las agrupaciones regionales y articular los procesos de demanda e inconformidad que surgen en los municipios y estados, de lo contrario pueden rebasar a la "representación nacional".

Gerardo Sánchez, representante de la CNC ante el CAP, anticipó que los campesinos organizados no permanecerán pasivos, están perfeccionando los mecanismos que les permitan reconstruir el movimiento rural y formar un frente común nacional e internacional para afrontar la política neoliberal, ajena a las exigencias de los agricultores.

Max Correa, de la CCC, advirtió al gabinete presidencial que las organizaciones campesinas "no estamos dispersas, simplemente estamos consolidándonos de manera particular. Tenemos claro que el presidente Fox no quiere modificar su proyecto para el campo, pero nosotros no cederemos en nuestra postura de un cambio de nación".

El presidente de la Comisión de Seguimiento del ANC de la Cámara de Diputados y dirigente de la CCI, Rafael Galindo Jaime, asentó que el documento signado el 28 de abril de 2003 es un logro, pero "ha faltado cohesión, persistencia y continuidad de los campesinos para lograr que se cumplan los compromisos pactados". Insistió en que es un documento que recoge la visión de futuro que tienen los campesinos, quienes nuevamente están impulsando una revolución social en el país, pero ahora "ideológica y en la actitud", ya que están en busca de la unidad internacional para cambiar el diseño de una política que sólo favorece a los países desarrollados.

José Durán Vera, dirigente de la UCD, aseguró que esa nueva visión campesina incluye empujar una justicia agraria diferente para ese sector, para proteger los sistemas de producción del ámbito social y lograr los beneficios anhelados. Advirtió que el reto para los campesinos es no entregar su voto en 2006 a un candidato que sólo prometa y no cumpla los compromisos: tendrá que convencer asumir un compromiso claro de que aplicará los cambios requeridos.

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