Demanda González Parás castigar más severamente la difamación en los medios

Reforma penal en NL podría beneficiar a delatores y delincuentes primarios

Priístas queretanos piden 70 años de cárcel para secuestradores; se mueren antes: el gobernador

DAVID CARRIZALES Y MARIANA CHAVEZ CORRESPONSALES

El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, anunció ayer una propuesta de reforma a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, que ofrecen beneficios a delatores y delincuentes primarios, y endurece las penas en los casos de secuestro, violación y difamación.

Entre las innovaciones se prevé beneficiar con la reducción de seis meses hasta la mitad de la pena a delincuentes que cooperen mediante la delación para identificar y localizar a sus cómplices, y sustituir el arraigo domiciliario por el ''brazalete electrónico'', cuando así lo solicite el inculpado y el juez lo estime procedente.

Asimismo, el gobernador pretende que el delito de difamación se castigue más severamente (actualmente la pena es de tres años y su propuesta es de cuatro y medio) ''cuando se efectúe mediante la utilización de televisión, radio, prensa escrita o Internet'', y fijar sanciones adicionales cuando para cometer fraude se haga uso de los medios masivos.

Otra propuesta es el establecimiento del trabajo en beneficio de la comunidad, ya sea como pena autónoma o sustitutiva de la prisión, cuando el procesado no represente un peligro para la sociedad, y normar las diligencias por videoconferencia. Se busca además regular la facultad del titular de la procuraduría para que a petición del Ministerio Público solicite a los jueces la intervención de comunicaciones privadas, y tipificar como delito el entrar o mantenerse sin derecho en un sistema de tratamiento o transmisión automatizado de datos, así como suprimir o modificar los contenidos en el sistema, o alterar, afectar o falsear su funcionamiento.

También se pide legislar sobre la figura del ''agente encubierto'', a fin de que investigadores capacitados y autorizados, como parte de averiguaciones previas específicas, puedan infiltrarse en las redes de delincuencia para obtener información valiosa para dichas investigaciones.

Otro propósito de la reforma es tipificar nuevos delitos, como llamadas de falsa alarma, alteración dolosa de la escena del ilícito e invasión de inmuebles, además de reformar los delitos de terrorismo, portación ilegal de armas, violación de correspondencia, quebrantamiento de sellos, tortura y diversos ilícitos cometidos por servidores públicos.

En caso de obtener la aprobación del Congreso estatal se tipificará como delito grave el homicidio de dos o más personas, causado por conductores particulares que huyan del lugar del accidente y no se presenten ante la autoridad. Además, se contempla establecer agravantes en los delitos de atentados al pudor, violación, asalto, homicidio, lesiones, ataques, privación ilegal de la libertad y daño en propiedad ajena, cuando se realicen en unidades del transporte público de pasajeros.

Antes de firmar las iniciativas para remitirlas al Congreso, González Parás hizo una presentación de sus propuestas -resultado de un proceso de consulta- a funcionarios del Poder Judicial, directores de facultades de Derecho, representantes de asociaciones de abogados, legisladores locales y dirigentes de partidos políticos.

Por otra parte, en Querétaro, la fracción del PRI en el Congreso local presentó la iniciativa de ley que contempla reformar el Código Penal del estado para imponer penas de hasta 70 años de prisión para los secuestradores que hayan asesinado a su víctima.

Les faltaría vida: Garrido Patrón

Sin embargo, el gobernador panista Francisco Garrido Patrón mostró su desacuerdo con el aumento de las sanciones para las personas que incurran en este tipo de delitos, pues ''la gente finalmente no va a vivir ese tiempo''.

El coordinador parlamentario del tricolor, Jaime García Alcocer, al presentar la propuesta de ley, indicó que el secuestro es un delito grave que ''violenta los derechos del individuo'' y representa una amenaza para la seguridad de las personas. Es por ello que consideró necesario el incremento de penalidades en contra de las personas que incurren en el delito de rapto, al aplicar sanciones que van de los 18 a los 70 años de prisión.

Actualmente, el Código Penal del estado de Querétaro establece que se aplicará prisión de seis a 35 años, si el hecho se realiza con el propósito de obtener un rescate, y que la pena se agrava hasta una mitad más si la víctima es menor de 16 años. La propuesta priísta establece que se sancionará con 20 a 40 años de prisión y con 2 mil a 4 mil días de salario mínimo de multa a quienes detengan como rehén o priven de la libertad a una persona, sobre todo si son integrantes de una institución de seguridad pública.