Argumenta Gilberto Hershberger la presentación del recurso de revisión

Justifica SRA su papel en el caso Paraje San Juan

MATILDE PEREZ U.

La única vía que existe para combatir una ejecutoria de amparo es el recurso de revisión, razón por la cual la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) lo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se constituyó como tercero perjudicado, ya que en el juicio en la materia concedido a Enrique Arcipreste del Abrego por el Paraje San Juan, no se "escuchó a la institución" teniendo esa calidad, asentó el subsecretario de Ordenamiento y Regularización Territorial, Gilberto Hershberger Reyes.

Ante las aseveraciones de la diputada Aleida Alavez de que la actuación jurídica de la SRA "es equívoca" y pone en riesgo la legítima propiedad de 12 mil familias que viven en el paraje, en Iztapalapa, el subsecretario insistió en que el procedimiento es el correcto y por eso la Corte desde hace 10 días ya aceptó el recurso, con el que se busca la eliminación del amparo concedido a Arcipreste el 5 de junio de 2002.

Mediante dicho procedimiento se pretende demostrar al juez que las 306 hectáreas de esos terrenos, por ser propiedad de la nación, nunca se incorporaron al patrimonio de Arcipreste del Abrego y por eso no procede el pago de los mil 810 millones de pesos que se impusieron al Gobierno del Distrito Federal.

Hershberger Reyes comentó que si en este momento la SRA procediera a declarar el paraje como terreno nacional "se corre el riesgo de que cualquiera se diga dueño, interponga un amparo y congele todo el trámite". Por eso la única forma de impugnar la ejecutoria es con el recurso de revisión, y si para ello se recurrió a la Procuraduría General de la República es por ser "el abogado de la nación, no para criminalizar el conflicto".

En dicho procedimiento, abundó, hay dos escenarios. El favorable es que el juez de distrito declare "insubsistente" el amparo que se le concedió a Arcipreste y determine que no tiene derecho alguno en el paraje, con lo que el Gobierno del Distrito Federal no pagaría los mil 810 millones de pesos, y el federal convalidaría de inmediato todas las operaciones realizadas por la autoridad capitalina sobre regularización de la tenencia de la tierra.

En caso de que no procediera el recurso de revisión y no se acreditara la propiedad como terreno nacional, el gobierno capitalino debe pagar la cantidad millonaria. Pero las familias no tienen problema de tenencia porque el juicio de amparo nunca atacó el decreto expropiatorio ni su legalidad. "El decreto sigue firme porque nadie lo combatió", expuso. Lo que está haciendo la SRA es garantizar la seguridad jurídica de los habitantes del paraje y evitar que el GDF pague una condena.