Adolfo Sánchez Rebolledo

La vida como mercancía

En el tema de la inseguridad, más allá de sus usos políticos y de los horrores comprobables, transmitidos con abusiva insistencia por los medios, hay una realidad que lo condiciona todo: el crimen organizado, ese nuevo poder bajo las sombras que juega exitosamente a la degradación de nuestra convivencia.

En cierta forma trágica hemos pagado muy cara la ingenuidad de creer que jamás abandonaríamos la condición de país "de tránsito" para convertirnos en un país consumidor, es decir, en un enorme y jugoso mercado para la delincuencia organizada. Perdimos años preciosos creyendo que, gracias a sus valores éticos y religiosos idiosincráticos, México no sería jamás como Estados Unidos o Colombia. Sin embargo, ahora afrontamos la penosa realidad de que una parte de los envíos de cocaína y demás se queda aquí para financiar a las bandas que trasiegan (o fabrican) y expenden la droga en miles de punto de venta al por menor. Ahora tenemos el doble problema de combatir el tráfico internacional y el consumo local con su estela de violencia, temor e inseguridad cotidiana. Esa es la triste realidad.

Para el hampa global, la vida humana se ha convertido en simple mercancía intercambiable por dinero, semejante en ese sentido a otros bienes -autos, aparatos, alimentos, energéticos, drogas- que se trafican a diario por rutas ilícitas para venderse en el infinito mercado ilegal del mundo global. Como resultado de esta cosificación de la vida, el agresor anula cualquier sentimiento moral hacia sus víctimas y fríamente las somete a toda suerte de vejaciones, incluyendo las mutilaciones y el asesinato. En otras palabras, su trabajo, por decirlo así, consiste en aterrorizar a los familiares a fin de obtener los pingües beneficios monetarios que se esperan del negocio. Existe, pues, una verdadera "industria del delito". La proliferación de escoltas armadas privadas, el blindaje de vehículos y otras actividades relacionadas con la seguridad indican el grado al que hemos llegado. Incluso florecen los bufetes de negociadores profesionales haciendo su agosto con el justo temor ciudadano a los cuerpos policiales.

Las autoridades conocen, y clasifican, las distintas modalidades del secuestro de bienes y personas, según el grado de complejidad y sofisticación de las bandas, la velocidad y los montos de las operaciones delictivas, es decir, tienen suficientes datos sobre el modus operandi de los operadores de esta "industria", pero no han conseguido frenar de manera radical dicho fenómeno delictivo. La razón es dolorosamente simple: la impunidad alcanza todos los niveles de la justicia, desde la patrulla que cierra los ojos ante el delito flagrante hasta el juez, que evita descargar "todo el peso de la ley" sobre algunos delincuentes. No son raros los capos del narcotráfico liberados gracias a expedientes deliberadamente mal confeccionados por el Ministerio Público o por la voluntad de jueces de muy dudosa catadura ética, cuya actuación pone en entredicho el tantas veces invocado como incumplido "estado de derecho".

Pero la generalización alimenta, de nuevo, la desconfianza en la legalidad y da pie a las ideas de venganza, como la pena de muerte, que no resuelven el problema; a explicables, pero descabelladas propuestas para aplicar la ley del Talión a los infractores de la ley.

El problema no está prioritariamente en la ley, sino en quienes deben aplicarla, en la mentalidad de las capas dirigentes de la sociedad que han sido incapaces de evitar la descomposición que hoy nos ahoga. Hacen falta más y mejores poli-cías, pero también hace falta fomentar la educación cívica y crear una base material que mejore las oportunidades y la calidad de vida, de modo que ésta se haga menos contingente o informal. Urge impulsar la solidaridad para desmantelar la cultura de la violencia y fomentar la cohesión social, de modo que ante cada injusticia se alce una voz de condena.

ƑCómo explicar racionalmente que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no levanten una protesta mayor de la sociedad entera? ƑY qué decir de los culpables de la guerra sucia que han vivido en santa paz durante décadas, sin que la justicia les fincara un cargos de ningún tipo?

México requiere, en efecto, de una profunda reforma ético-política, es decir, un cambio que sacuda las instituciones y las conciencias, pero ésta no llegará sin modificar un orden injusto e hipócrita, en el cual se toleran en silencio enormes abusos "económicos" e injusticias, desigualdades sin nombre contra millones, mientras se predica la paz con caridad para salvar las apariencias.