Magdalena Gómez

La nueva versión de los 15 minutos foxistas

El informe del relator especial para pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, sobre su visita a México del 1Ɔ al 18 de junio de 2003, fue motivo para que el foxismo mostrara, una vez más, la superficialidad que lo caracteriza.

El relator mexicano presentó en la ONU un documento que denota un interés y esfuerzo especiales por reflejar la numerosa información que recibió sobre diversos temas y conflictos; en particular recogió la postura de rechazo a la contrarreforma de 2001 expresada por organismos de derechos humanos y organizaciones indígenas, salvo los municipios autónomos en Chiapas, que prefirieron abstenerse.

Omitió, sin embargo, los argumentos jurídicos para tal postura, lo que se refleja en la contradicción de sus propias conclusiones, pues en primer lugar "recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo con la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los acuerdos de San Andrés".

Acto seguido señala: "Con base en el texto constitucional como norma mínima, y mientras no se reforme de nuevo, se recomienda a las legislaturas de los estados que elaboren en consulta estrecha con los pueblos indígenas la legislación correspondiente para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas de cada entidad". Esta postura, que se maneja en los círculos foxistas, ha sido objetada por el movimiento indígena, pues en los hechos avanzar en las entidades aleja más aún la reforma constitucional conocida como iniciativa Cocopa.

El doctor Stavenhaguen está pidiendo que se aplique la contrarreforma que motivó, como reconoce en su informe, problemas para la reanudación del diálogo en Chiapas. La cadena no termina ahí, pues coloca vis à vis al EZLN respecto al gobierno federal al señalar: "La búsqueda de la paz negociada en Chiapas deberá ser retomada como tema de alta prioridad en la agenda de política interna del gobierno federal" . Y agrega : "El relator especial recomienda al Ejército Zapatista de Liberación Nacional reanudar los contactos con las diferentes instancias del Estado mexicano para reactivar un proceso de diálogo que pueda conducir a una paz justa y duradera en el respeto absoluto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas".

Hay evidentes contradicciones políticas y formales: si está asumiendo que fue de parte estatal que se afectó el proceso de diálogo, habría que esperar a que la reforma se "reforme" de acuerdo con San Andrés para entonces plantear al EZLN un cambio a su postura actual; en segundo lugar, formalmente los relatores tienen interlocución con los gobiernos, no con sectores sociales internos de los países.

El gobierno federal, aun antes de que la Comisión de Derechos Humanos defina alguna postura, se apresuró a enviar a la ONU, como documento oficial, en respuesta al informe mencionado, coincidiendo en todo su contenido, en unos casos justificando, en otros presentando evidencias insustanciales, y en el caso de los paramilitares respondiendo que aplicará la ley de armas de fuego. En especial indicó: "El Gobierno de México promoverá ante el Congreso de la Unión, en el marco del respeto a la soberanía del Poder Legislativo, iniciar el debate sobre una nueva reforma constitucional en la que se discutan los principios firmados en los acuerdos de San Andrés Larráinzar". Y retoma textualmente la contradicción señalada al relator: "El Gobierno de la República, en el marco de respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, promoverá ante los Gobiernos de los Estados, previa consulta con los pueblos indígenas, las reformas a sus constituciones con el fin de que se dé reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas". También reafirma que "El Gobierno mexicano continuará sus esfuerzos para dar una solución definitiva a la situación en Chiapas" .

Para darnos una idea de la convicción oficial sobre las deficiencias de la contrarreforma de 2001, en temas como recursos naturales, cuya prioridad demanda el relator especial, respondió con el texto de la fracción del artículo segundo constitucional, cuando ése es justamente uno de los temas centrales de la divergencia.

La postura gubernamental carece de todo punto de realidad, pues las condiciones políticas del gobierno y la composición del Congreso de la Unión con sus fuerzas y posiciones vigentes impedirían suponer siquiera que puede lograrse un cambio. Fue en 2001 cuando el foxismo eludió la pelea política y se cobijó en "la división de poderes"; entonces tenía fuerza y no la usó a favor de los pueblos indígenas.

Es poco serio presentarse en los foros internacionales con una cara progresista para recibir el aplauso; antes de hacer un compromiso así, tendría que concertar con las fuerzas involucradas y lograr un acuerdo firme al respecto. Por otra parte, poco ayuda al fortalecimiento de los espacios internacionales de derechos humanos un gobierno que actúa con tal ligereza y que reiteradamente se justifica diciendo que el cambio consiste en que ya no hay un presidente fuerte y autoritario, cuando la situación del país es tan grave que en ocasiones parece simplemente que ya no hay un presidente.