Piden a Gobernación evitar el despojo de las tierras entregadas a campesinos

El CAP, en contra de que se devuelvan predios decomisados a narcotraficantes

MATILDE PEREZ U.

El Congreso Agrario Permanente (CAP) pedirá a la Secretaría de Gobernación que la Procuraduría General de la República no devuelva las tierras decomisadas a narcotraficantes, cuyos prestanombres ganaron los juicios de amparo, sino que proceda a comprarlas. Las organizaciones estimaron que son poco más de 200 mil hectáreas localizadas en una decena de estados, las cuales tendrán que ser adquiridas por el gobierno federal.

Han transcurrido 14 años desde que se inició el reparto de las tierras que se decomisaron a traficantes de drogas, las cuales se entregaron a grupos de solicitantes o demandantes de tierras, quienes no están dispuestos a dejar lo que ya consideran su patrimonio, dijo el organismo.

La advertencia del problema social que podría generarse a partir de la devolución de dichas tierras a sus presuntos propietarios será expuesta hoy por las organizaciones campesinas en la mesa de negociación instalada en Gobernación para analizar los avances del Acuerdo Nacional para el Campo.

Alvaro López Ríos, secretario técnico del CAP, comentó que la agrupación -a la que pertenecen 12 organizaciones- pedirá la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria para que intervengan en este asunto, que podría derivar en tensión social en zonas específicas de Michoacán, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, debido a la determinación de los jueces.

"Sabemos que la PGR es la autoridad responsable de devolver los bienes asegurados al narcotráfico, pero en este caso que involucra tierras que fueron entregadas a campesinos hay que buscar mecanismos para llegar a un acuerdo y no despojar de sus bienes a los agricultores", asentó López Ríos.

Comentó que en el caso de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), de la que es dirigente, se han agudizado las amenazas y presiones de desalojo en los municipios de Tomás Garrido Canabal, Tabasco, y en dos regiones del municipio de Palenque, Chiapas. A 17 grupos de la UNTA, dijo, se le entregaron 30 mil hectáreas decomisadas al narcotráfico.

López Ríos recordó que el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos -al participar en el ciclo de conferencias El México agrario del siglo XXI- expuso que los decomisos de las tierras no estuvieron apegados estrictamente a derecho y por ello, desde el punto de vista legal, procede la restitución de las tierras a favor de quienes tienen acreditados sus derechos, aunque sean prestanombres de narcotraficantes.

La coordinadora General Plan de Ayala, Unión General Obrero, Campesina y Popular, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Unión Campesina Democrática denunciaron las presiones de grupos de narcotraficantes en ejidos de las montañas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco. En 1996, un grupo de 40 familias se resistió a ser "despojado" de las 266 hectáreas del predio El Gato, municipio de San Blas, decomisadas al narcotráfico. Caso similar se presentó entre familias de los cucapá, kiliwa, pai, cochimíes, quienes fueron despojados de sus predios por grupos de narcotraficantes para construir pistas clandestinas de aterrizaje.