Resultado de un proceso de licitación ilegal, según investigadores de la UAM

Productores independientes de electricidad podrían exigir indemnización al gobierno

Electricite de France, Mitsubishi y Abengoa, entre las trasnacionales con contratos

LAURA POY SOLANO

La privatización "silenciosa" de la industria eléctrica nacional ha permitido que en los últimos años se autoricen cerca de 20 permisos bajo la modalidad de productor independiente de energía, cuyos contratos no sólo son ilegales, sino que han acarreado una deuda por más de 2 mil millones de dólares en inversión de empresas trasnacionales, quienes de enfrentar una controversia constitucional podrían exigir indemnizaciones por el monto de la inversión aplicada, afirmaron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Juan José González Márquez, especialista en derecho ambiental, señaló que hasta el momento todos los contratos destinados a la producción independiente de energía eléctrica han sido asignados a empresas trasnacionales, entre las que destaca Electricite de France -la cual invirtió 250 millones de dólares en la construcción de una planta termoeléctrica-, Mitsubishi y la empresa Abengoa, de origen español.

La apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada, agregó, no sólo representa un grave riesgo para la economía nacional, sino que incluso "podría generar severos conflictos internacionales cuando las empresas trasnacionales exijan a México el pago de sus inversiones, pues si bien el gobierno federal licitó estos contratos, lo hizo de forma ilegal al violentar el marco legal, pues la Constitución señala que sólo es competencia del Estado la generación y distribución de la energía eléctrica, lo que podría generar un proceso de controversia constitucional".

Indicó que las transnacionales cuentan con el apoyo de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, "quien les ha otorgado diversos préstamos para que puedan invertir en el país, situación que resulta absurda si consideramos que México también podría gestionar esos préstamos de forma directa". Agregó que las irregularidades en las que incurrió el gobierno federal para la asignación de dichos contratos incluyen concursos de licitación cuyas bases eran "completamente ilegales, pues se permitía que participaran empresas que no estaban legalmente constituidas y sólo se constituirían de forma legal de resultar ganadoras".

Al respecto, Javier Melgoza Valdivia, especialista en estudios de labores e industria eléctrica en México, destacó que el proceso de privatización de este sector no es un fenómeno reciente en nuestro país, ya que desde principio de la década de los 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se dio el primer paso para una privatización "silenciosa" que benefició a las grandes trasnacionales.

En el TLCAN, aseguró, estableció que bajo la modalidad de productor independientes, los tres países firmantes del tratado podrían adquirir, establecer y operar plantas de generación, pero en el caso de México, este flujo de energía debería venderse por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo los acuerdos particulares que establecieran los productores independientes con el organismo. Sin embargo, dicho acuerdo violentó lo dispuesto por la Constitución en la materia.

Agregó que es falso que la única opción para modernizar el sector eléctrico sea sólo con capital extranjero y la apertura a la inversión privada, el cual podría generar un sistema de distribución y venta a precios preferenciales para las grandes empresas mexicanas que son consumidores de alta tensión y que requieren de volúmenes muy grandes de fluidos, demanda a la que se está enfoncando el productor independiente.

En México, afirmó, contamos con los recursos necesarios para invertir en el sector y darle viabilidad, pues los fondos de retiro siguen siendo una opción que se debería aplicar antes de abrir una industria estratégica al capital extranjero y evitar que se usen "argucias legales" para fomentar la privatización del sector.

El principal riesgo de este proceso, agregó, es que los generadores independientes creados con capital privado podrían ampliar su influencia en el mercado y llegar a ejercer presiones sobre las políticas tarifarias no sólo para las grandes empresas, sino para los consumidores locales y caer "en un chantaje al momento de definir las taridas de consumo".

Por su parte, González Márquez señaló que entre las "continuas falsedades que se han difundido sobre las bondades del capital privado en la industria eléctrica nacional se incluye la generación de empleos, los cuales no han crecido de forma considerable en las zonas donde se ha permitodo la presencia de productores independientes, ya que para operar una planta termoeléctrica completamente automatiuzada sólo requieren de 25 trabajadores".

Agregó que para México sería muy grave que por un "descuido legal" que permita la privatizción del sector eléctrico, el cual podría quedar en manos extranjeras, con un costo social y económico considerable, ya que diversa experiencias en países latinoamericanos indican que ésta no es la mejor opción.

Especialista del Departamento de Derecho de la UAM, González Márquez lamentó que la defensa del sector energéctico y eléctrico nacional esté politizada, "pues su rescate depende de intereses ajenos que no buscan consolidar una industria estratégica, sino alcanzar el siguiente escaño o gubernatura". Por ello, consideró urgente que el Congreso de la Unión inicie un proceso de controversia constitucional contra los contratos bajo la modalidad de productor independiente, "los cuales son completamente inconstitucionales".