Si existe algún caso, que lo denuncien, señala

Abascal desconoce si hay más denuncias contra funcionarios

FABIOLA MARTINEZ

Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece sanciones enérgicas para hacer cumplir los laudos laborales (el embargo de bienes del patrón o el pago de salarios caídos, por ejemplo), el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Carlos Abascal Carranza, aseveró que no conoce ninguna denuncia penal contra algún funcionario federal por inejecución de una sentencia en esta materia.

Lo anterior se relaciona con la reciente averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por el presunto incumplimiento de un fallo emitido por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), el cual ordena la reinstalación en el puesto de "lecturista" y el pago de la diferencia salarial a 39 empleados de la administración local.

El funcionario, responsable del sector laboral regido por el apartado A del artículo 123 constitucional (empresas y organismos públicos) y vigilado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), hizo un llamado a que se denuncie ante la autoridad correspondiente los eventuales casos.

Lo anterior, dijo en entrevista, porque toda resolución definitiva del Poder Judicial tiene que acatarse. "Si hay algún caso de inejecución de la que resulte responsable un funcionario público, debe denunciarse."

Aunque no precisó ningún hecho específico, admitió que sí ocurre la circunstancia en la que un trabajador y sus abogados acuden a la vía penal para hacer cumplir un fallo de la JFCA.

-ƑConoce usted algún caso?

-No tengo conocimiento en este momento, en mi ámbito de autoridad, de algún caso de esa naturaleza -insistió.

En tanto, el TFCA refutó parte del contenido de la carta que el jefe de Gobierno del Distrito Federal envió al presidente Vicente Fox, en el sentido de que actualmente existen en ese tribunal 7 mil 452 laudos en proceso de ejecución, condenatorios para alguna dependencia del gobierno federal.

La presidencia del TFCA aseguró que son cerca de mil, de los cuales 608 corresponden a instancias de la administración capitalina, toda vez que su sindicato, junto con el del magisterio, constituye uno de los más numerosos y, en consecuencia, la mayoría de los expedientes y procesos corresponden a dichos gremios.

La semana pasada, el tribunal referido -el cual atiende los asuntos del apartado B del artículo 123 constitucional, relativo a los empleados públicos- se deslindó de las acciones que ejercieron los 39 "lecturistas", de cuya demanda penal derivó una nueva averiguación previa de la PGR contra López Obrador. Cabe señalar que, con base en la ley burocrática, la máxima sanción a la que se haría acreedor el jefe de Gobierno de la ciudad de México sería una multa por un monto de mil pesos.

Responde el gobierno capitalino

El Gobierno del Distrito Federal señaló que las declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, Carlos Abascal Carranza, confirma que la averiguación previa que se inició contra el mandatario capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por el presunto desacato a un laudo laboral, es el único caso de un asunto laboral llevado al ámbito penal.

Benito Mirón Lince, subsecretario de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal, dijo que lo señalado por Abascal es "justamente a lo que el jefe de Gobierno se refiere, que efectivamente el único que saca bola negra es él, porque la única denuncia penal a la que se le está dando trámite, que conocemos, es la relacionada con un asunto laboral de la administración capitalina".