| Editorial 'Sin precedentes' se ha calificado el fallo de un Tribunal federal a favor de un militar con VIH/sida que fue dado de baja del Ejército mexicano por ese motivo. Y no es para menos, el fallo que obliga a las Fuerzas Armadas mexicanas a restituirle todos sus derechos laborales, a la salud y a no ser discriminado constituye un precedente muy importante para los demás casos en litigio de militares que están en la misma situación. La sentencia de los magistrados determinó que el militar afectado recibió un trato discriminatorio al ser forzado a abandonar las filas el Ejército sin reconocerle sus derechos laborales ni garantizarle la continuidad de la atención médica a él y a su esposa e hijo, quienes también están afectados por el VIH/sida. El fallo se apoya en las garantías que otorga nuestra Constitución y tres leyes federales a la protección de esos tres derechos. Además, también se apoya, lo que resulta relevante, en los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por nuestro país, a los que otorga mayor importancia y pone por encima de cualquier ley; en este caso, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, reformada el año pasado para 'legitimar' las bajas automáticas de soldados seropositivos. La argumentación de los magistrados, invalida la sola aplicación de la legislación militar y declara inconstitucional la baja obligatoria de los militares portadores del VIH. El fallo del Tribunal, de carácter inapelable, abre la puerta a los legisladores para argumentar la inconstitucionalidad de dicha ley y proponer su reforma, lo que debiera ser el siguiente paso lógico para enmendar el error de la legislatura pasada. Los militares querellantes y su abogado, Pedro Morales, se han anotado un limpio triunfo en la lucha contra la discriminación a las personas que viven con VIH/sida y nos han dado a todos una lección ejemplar de responsabilidad ciudadana. |