Banco Unión, de las operaciones más costosas del rescate: $50 mil 32 millones

El fraude de Cabal con sus bancos costó $28 mil millones en dos años

Adquirió Cremi y Unión con autopréstamos de esas instituciones durante la privatización

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El diagnóstico del paso de Carlos Cabal Peniche como principal accionista de los bancos Cremi y Unión estuvo marcado por operaciones fraudulentas, tanto en el manejo de los recursos como en la información proporcionada a las autoridades, en especial sobre los fideicomisos empleados para financiar la compra de las instituciones y que ahora sirven de motivo para que el empresario reclame al gobierno una multimillonaria devolución que ronda los 3 mil millones de pesos.

En su fugaz paso como principal accionista de Cremi y Unión -menos de tres años-, Cabal Peniche defraudó 700 millones de dólares, según diversas acusaciones del anterior gobierno, que ahora no han sido ratificadas en tribunales. Lo que es un hecho es que la aventura del empresario tabasqueño como propietario de bancos costó a los contribuyentes mexicanos 28 mil millones de pesos en sólo dos años. Esta cantidad es la relacionada con los apoyos que esas instituciones recibieron con recursos públicos para evitar que cayeran en quiebra.

Un reporte sobre la revisión de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), organismo que realizó por cuenta del gobierno federal las operaciones de rescate de los bancos, establece que el grupo de accionistas encabezados por Cabal Peniche simuló tener los recursos para hacerse con la propiedad de las instituciones, durante el proceso de reprivatización de 18 bancos llevado a cabo entre 1991 y 1992, durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas.

La revisión de las operaciones del Fobaproa, cuyas obligaciones fueron traspasadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), describe que Cabal Peniche recibió créditos de Banca Cremi y Banco Unión, y con ellos pagó al gobierno federal el monto de la operación de compraventa durante el proceso de privatización.

Entre las empresas a las que desviaba recursos se encontraban Oasis Nautic, Operadora Enlace, Confinter Operación y Sistemas y Operadora de Equipos, que acumularon fraudes por más de 600 millones de pesos.

También, de acuerdo con la información entregada a la Cámara de Diputados, entre noviembre de 1993 y 1994 Cabal Peniche coordinó la entrega de 25 millones de dólares para campañas políticas del PRI, entre ellas la de Zedillo y la de Roberto Madrazo.

Desde Banco Unión transfirió fondos al Laredo National Bank, el banco de Carlos Hank Rhon, con sede en Texas, que fue empleado para triangular los recursos recibidos, y posteriormente una proporción fue a parar a las arcas del partido oficial.

El análisis elaborado en torno a la relación de Cabal con el PRI corresponde a un crédito por 80 millones de dólares que otorgó Banco Unión en noviembre de 1993 a la empresa Alfil y Asociados SA de CV, ''para efectuar operaciones de comercio exterior y/o cartas de crédito''.

Alfil y Asociados es una de las empresas, conocidas como ''canalizadoras'', cuyos créditos de Banco Unión sirvieron para alimentar varios fideicomisos constituidos por el PRI en esa institución, y que recibieron por lo menos 47 millones 175 mil pesos de aportaciones con capital de la firma financiera.

Coordinó la entrega de millones de dólares para las campañas de Zedillo y Madrazo

ROBERTO GARDUÑO

Una de las operaciones más costosas durante el fracasado rescate bancario fue el proceso de intervención y liquidación del Banco Unión, propiedad de Carlos Cabal Peniche, con un valor de 50 mil 32 millones de pesos.

El empresario que probablemente será beneficiado de nueva cuenta a cargo de erario con la devolución de 3 mil millones de pesos, tuvo una carrera ascendente porque en tres años adquirió el banco BCH al que denominó posteriormente Banco Unión; adquirió Del Monte Fresh, la comercializadora de frutas y verduras más grande del mundo, y se convirtió en propietario de Banca Cremi.

Las sospechas y suspicacias que despertó Cabal se confirmaron tras el informe del auditor canadiense Michael Mackey, que en el reporte referente a Banco Unión evidenció los manejos irregulares del banquero-empresario en el capítulo de transacciones reportables:

''De acuerdo con la CNBV, Cabal había suprimido los resultados de la auditoría interna, ya que estaba involucrada en las irregularidades. La investigación de la CNBV determinó que el banco había emitido créditos por un monto total de 14 mil 720 millones 800 mil pesos a 59 prestatarios que eran intermediarios o compañías de Cabal. Estos préstamos habían sido emitidos sin un estudio de crédito apropiado y los resultados se habían desviado para beneficio de Cabal y sus compañías. En resumen, los préstamos se utilizaron para pagar créditos o sustituir a los deudores en beneficio de Cabal o sus compañías, 10 mil 125 millones de pesos; pagar los intereses del banco y las comisiones bancarias, 519 millones 900 mil pesos; pagar comisiones a las compañías canal, 735 millones 300 mil pesos; pagar sumas a las compañías de Cabal, 2 mil 623 millones 800 mil pesos, y efectuar pago a otros beneficiarios 723 millones de pesos''.

De la lectura del informe se desprende claramente la opinión desfavorable del auditor Mackey sobre el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con relación al salvamento bancario.

''En general los costos de apoyar bancos en mal estado son mucho más altos que un cierre oportuno; así, por ejemplo, en el caso de un banco (Unión), el costo inicial de recapitalización fue de 11 mil millones de pesos en 1995, el banco no se cerró y su costo actual estimado por el Fobaproa es de 50 mil millones de pesos''.

Los pasos de Cabal

En 1988 comenzó a administrar la empresa platanera San Carlos del Golfo y extendió vínculos para la exportación de pescados y mariscos a Estados Unidos, Canadá y el sudeste asiático. El 10 de noviembre de 1991 Cabal Peniche adquirió en 878 millones de pesos las acciones del BCH, al que después denominó Banco Unión.

Para 1992 encabezó el Grupo Empresarial Mexicano, que compró la empresa Del Monte Fresh, la mayor comercializadora de frutas del mundo, y contó con el apoyo de Nacional Financiera y de sus socios para pagar 560 millones de dólares por esa operación. En 1993 adquirió de Raymundo Gómez Flores 76 por ciento de las acciones de Cremi, con lo que al combinarse con Banco Unión formó el quinto banco en importancia del sistema financiero.

Fue en 1993 cuando Cabal Peniche comenzó a desviar recursos que habían depositado los ahorradores en sus bancos para concederse autopréstamos, así como para otorgar créditos a diversas empresas que no contaban con capital suficiente para liquidarlos.

Esto significó una falta grave porque violó los artículos 112 y 113 de la Ley de Instituciones de Crédito, que preveían penas de tres a 12 años de prisión, además de multas que ascendían hasta 2 mil días de salario mínimo. De acuerdo con documentos oficiales, Cabal obtuvo casi 700 millones de dólares de esta manera.

Esas operaciones fueron realizadas a través de varios fideicomisos, los recursos no fueron reintegrados al patrimonio de los bancos y a la postre fueron una de las causas que motivaron que en septiembre de 1994 las instituciones fueran intervenidas.

''Por lo que se refiere a Banco Unión y Banca Cremi se efectuó su intervención administrativa en julio de 1994 y la gerencial en septiembre del mismo año, debido al otorgamiento de créditos para la compra de acciones del propio Banco Unión y del Grupo Financiero Cremi, así como por la alteración de los registros contables'', señala el reporte sobre la revisión de las operaciones del Fobaproa.

Este martes, el IPAB anunció que peleará en un tribunal federal la anulación de una sentencia de la tercera sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que consideró que los recursos depositados por Cabal Peniche en un fideicomiso constituido en Banco Unión antes de 1994 deben ser devueltos al empresario, con la respectiva actualización de intereses, en una suma que ronda los 3 mil millones de pesos.

Esos recursos eventualmente tendrían que ser cubiertos por el IPAB. El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de la Comisión de Hacienda y de una comisión legislativa que da seguimiento al rescate bancario, dijo que no hay certeza legal de que el IPAB pueda disponer de los recursos para pagar la suma reclamada por Cabal Peniche, en caso de que no tenga éxito el recurso de amparo interpuesto por el organismo. Los recursos del IPAB están etiquetados en el presupuesto y no existe una partida para cubrir el dinero reclamado por Cabal, dijo el legislador.

Desde que fueron intervenidas en septiembre de 1994 y hasta el cierre de 1996, cuando empezó el proceso para liquidarlos, los bancos Unión y Cremi habían recibido apoyos del Fobaproa por 19 mil 779 millones y 8 mil seis millones de pesos, respectivamente, según el reporte sobre la revisión del rescate bancario. ''Sin embargo -pese a los apoyos- se observó un deterioro en sus indicadores financieros, como resultado del incremento de la cartera vencida y la necesidad de fortalecer las reservas preventivas, lo que se tradujo en mayores pérdidas y una disminución del capital contable'', añade el reporte.

Amigo de los amigos

Cabal Peniche logró sus mayores éxitos empresariales durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ya en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo, cuando el ex banquero fue extraditado desde Australia, donde se había refugiado después de huir de México en el otoño de 1994, la Procuraduría General de la República realizó varias investigaciones contra Cabal Peniche.

Se detectó entonces un ''complejo proceso circular'' de movimiento de fondos de Banco Unión hacia empresas de carácter mercantil, que se trasladaban finalmente a las arcas de fideicomisos constituidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre el 4 de octubre de 1993 y el 31 de mayo de 1994 -en pleno proceso de campaña presidencial- se giraron de la cuenta concentradora 964004-5 de Banco Unión cinco cheques por un total de 50 millones de pesos (15 millones de dólares de entonces) cuyos beneficiarios fueron la Tesorería General y la Secretaría de Finanzas del PRI.