México D.F. Miércoles 19 de mayo de 2004
Juez del DF sentenció que se le abonen
recursos usados para comprar Banco Unión
Otro triunfo de Cabal Peniche: se le deben regresar
$3 mil millones
El IPAB, que tendría que pagar a cargo de los
contribuyentes, apelará el fallo en un tribunal federal; califica
la sentencia de ''ilegal e inconstitucional'' en un comunicado emitido
anoche
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
El ex banquero Carlos Cabal Peniche, señalado por
el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo como uno de los tres principales
defraudadores del sistema financiero entre 1994 y 1995, logró un
nuevo triunfo en los tribunales que puede convertirse en otro costo multimillonario
para los contribuyentes mexicanos.
Un tribunal del Distrito Federal determinó que
el gobierno federal debe cubrir a Cabal Peniche recursos depositados entre
1991 y 1992 en el Banco Unión, del que el empresario tabasqueño
fue propietario hasta que huyó del país en septiembre de
1994, acusado de fraude por 700 millones de dólares.
Los
recursos depositados por Cabal Peniche en ese fideicomiso, que a la vez
fue uno de los mecanismos empleados por el ex banquero para la compra de
la institución durante el proceso de reprivatización realizado
durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas entre 1991 y 1992,
pueden alcanzar un valor actualizado hasta de 3 mil 100 millones de pesos.
De confirmarse la sentencia del tribunal del Distrito
Federal, los recursos tendrían que ser pagados con cargo al presupuesto
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), depositario
de las obligaciones generadas por el rescate bancario.
El IPAB confirmó este martes el sentido de la sentencia
a favor de Cabal Peniche, e informó que está recurriendo
el fallo del juez, pero en un tribunal federal.
Hace cinco semanas Cabal Peniche obtuvo una sentencia
de un tribunal federal para que le fueran devueltos por el gobierno federal
80 millones de pesos, pero en este caso correspondían a operaciones
realizadas por Banca Cremi.
Durante el proceso de reprivatización del sistema
bancario, realizado entre 1991 y 1992, Carlos Cabal Peniche encabezó
a grupos de empresarios, principalmente del sureste del país, que
se hicieron con la propiedad de los bancos Cremi y Unión. Ambas
instituciones funcionaron por separado hasta 1997.
En septiembre de 1994, el gobierno del entonces presidente
Carlos Salinas de Gortari -quien durante una gira por Europa dos años
antes había llamado a Cabal Peniche ''un empresario modelo- decretó
la intervención gerencial de los bancos Cremi y Unión y comenzó
un juicio por fraude contra el empresario y algunos de sus más cercanos
colaboradores.
Al momento en que fue decretada la intervención
gerencial, que en la práctica implica que el gobierno asume la responsabilidad
administrativa de la institución, el empresario ya había
huído del país. Informes nunca desmentidos aseguraron que
en realidad había sido alertado por algunas autoridades, al menos
una semana antes, sobre la situación que enfrentaba, lo que le permitió
dejar el territorio nacional antes de ser arrestado.
La intervención de los bancos propiedad de Cabal
fue la primera en la que intervino el entonces Fondo Bancario de Protección
al Ahorro (Fobaproa), creado en 1991.
Durante la investigación quedó al descubierto
que recursos de los bancos Cremi y Unión por una suma estimada en
25 millones de pesos -unos 12 millones de dólares de la época-
habían sido desviados para financiar las campañas electorales
del candidato a gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado (actual
dirigente nacional del PRI), del asesinado candidato presidencial priísta
Luis Donaldo Colosio y de su sucesor, Ernesto Zedillo, quien se convirtió
en presidente del país en diciembre de 1994. Los responsables de
esa operación, que quedó documentada ampliamente, no recibieron
castigo.
El nuevo juicio ganado por Cabal Peniche se refiere a
unos recursos que el ex banquero habría depositado en un fideicomiso
para la compra del Banco Unión durante la privatización del
sexenio antepasado. Cuando el Congreso dispuso una auditoría al
rescate bancario, realizada por el experto canadiense Michael Mackey, las
autoridades financieras impidieron a los revisores tener a la mano la información
de primera mano sobre los fideicomisos de Banco Unión.
Pero lo que quedó documentado fue que durante el
proceso de compra de Banca Cremi y Banco Unión, Carlos Cabal y sus
socios emplearon recursos de las mismas instituciones que iban a comprar
para realizar los pagos al gobierno federal por la venta.
''Todos los fideicomisos que permitieron la compra de
los bancos fueron nutridos con recursos de los mismos bancos'', recordó
este martes Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal por
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante
de la primera comisión legislativa que investigó el rescate
bancario.
El legislador, quien ahora también pertenece a
la comisión creada en el Congreso para dar seguimiento al rescate
bancario, atribuyó los triunfos legales que ha obtenido Cabal Peniche
al descuido con el que las autoridades de la Secretaría de Hacienda,
durante el gobierno del ex presidente Zedillo, integraron las investigaciones
y denuncias contra los banqueros que defraudaron a las instituciones.
El 30 de enero pasado, Cabal ganó en tribunales
que fueran desechadas seis denuncias en su contra por fraude contra el
patrimonio de Banco Unión. El empresario, que acrecentó su
patrimonio durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) fue señalado
por la administración del ex presidente Zedillo como uno de los
tres altos directivos de bancos que cometieron fraudes contra el sistema
financiero. Los otros dos son Angel Isidoro Rodríguez, alias El
Divino, que logró sortear en tribunales todos los cargos en
su contra, y Jorge Lankenau Rocha, preso en Topo Chico, Monterrey.
No hay resolución firme: IPAB
El IPAB calificó de ''ilegal e inconstitucional''
la sentencia de un juzgado del Distrito Federal a favor del ex banquero
Carlos Cabal, que obligaría al organismo a pagar al empresario alrededor
de 3 mil millones de pesos. "No hay una resolución firme del caso",
aseguró el instituto en un comunicado de ayer por la noche.
El organismo dio a conocer que será el cuarto tribunal
colegiado de circuito en materia civil el que resolverá el juicio
de amparo interpuesto por el IPAB contra la decisión del tribunal
del Distrito Federal.
Según el comunicado, el argumento central para
tratar de echar abajo la sentencia favorable a Cabal es que la Ley de Protección
al Ahorro Bancario (que regula la operación del organismo) no considera
la cobertura de fideicomisos, como el constituido bajo el nombre de Eastbrook.
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