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México D.F. Miércoles 19 de mayo de 2004

Juez del DF sentenció que se le abonen recursos usados para comprar Banco Unión

Otro triunfo de Cabal Peniche: se le deben regresar $3 mil millones

El IPAB, que tendría que pagar a cargo de los contribuyentes, apelará el fallo en un tribunal federal; califica la sentencia de ''ilegal e inconstitucional'' en un comunicado emitido anoche

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El ex banquero Carlos Cabal Peniche, señalado por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo como uno de los tres principales defraudadores del sistema financiero entre 1994 y 1995, logró un nuevo triunfo en los tribunales que puede convertirse en otro costo multimillonario para los contribuyentes mexicanos.

Un tribunal del Distrito Federal determinó que el gobierno federal debe cubrir a Cabal Peniche recursos depositados entre 1991 y 1992 en el Banco Unión, del que el empresario tabasqueño fue propietario hasta que huyó del país en septiembre de 1994, acusado de fraude por 700 millones de dólares.

Los recursos depositados por Cabal Peniche en ese fideicomiso, que a la vez fue uno de los mecanismos empleados por el ex banquero para la compra de la institución durante el proceso de reprivatización realizado durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas entre 1991 y 1992, pueden alcanzar un valor actualizado hasta de 3 mil 100 millones de pesos.

De confirmarse la sentencia del tribunal del Distrito Federal, los recursos tendrían que ser pagados con cargo al presupuesto del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), depositario de las obligaciones generadas por el rescate bancario.

El IPAB confirmó este martes el sentido de la sentencia a favor de Cabal Peniche, e informó que está recurriendo el fallo del juez, pero en un tribunal federal.

Hace cinco semanas Cabal Peniche obtuvo una sentencia de un tribunal federal para que le fueran devueltos por el gobierno federal 80 millones de pesos, pero en este caso correspondían a operaciones realizadas por Banca Cremi.

Durante el proceso de reprivatización del sistema bancario, realizado entre 1991 y 1992, Carlos Cabal Peniche encabezó a grupos de empresarios, principalmente del sureste del país, que se hicieron con la propiedad de los bancos Cremi y Unión. Ambas instituciones funcionaron por separado hasta 1997.

En septiembre de 1994, el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari -quien durante una gira por Europa dos años antes había llamado a Cabal Peniche ''un empresario modelo- decretó la intervención gerencial de los bancos Cremi y Unión y comenzó un juicio por fraude contra el empresario y algunos de sus más cercanos colaboradores.

Al momento en que fue decretada la intervención gerencial, que en la práctica implica que el gobierno asume la responsabilidad administrativa de la institución, el empresario ya había huído del país. Informes nunca desmentidos aseguraron que en realidad había sido alertado por algunas autoridades, al menos una semana antes, sobre la situación que enfrentaba, lo que le permitió dejar el territorio nacional antes de ser arrestado.

La intervención de los bancos propiedad de Cabal fue la primera en la que intervino el entonces Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1991.

Durante la investigación quedó al descubierto que recursos de los bancos Cremi y Unión por una suma estimada en 25 millones de pesos -unos 12 millones de dólares de la época- habían sido desviados para financiar las campañas electorales del candidato a gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado (actual dirigente nacional del PRI), del asesinado candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y de su sucesor, Ernesto Zedillo, quien se convirtió en presidente del país en diciembre de 1994. Los responsables de esa operación, que quedó documentada ampliamente, no recibieron castigo.

El nuevo juicio ganado por Cabal Peniche se refiere a unos recursos que el ex banquero habría depositado en un fideicomiso para la compra del Banco Unión durante la privatización del sexenio antepasado. Cuando el Congreso dispuso una auditoría al rescate bancario, realizada por el experto canadiense Michael Mackey, las autoridades financieras impidieron a los revisores tener a la mano la información de primera mano sobre los fideicomisos de Banco Unión.

Pero lo que quedó documentado fue que durante el proceso de compra de Banca Cremi y Banco Unión, Carlos Cabal y sus socios emplearon recursos de las mismas instituciones que iban a comprar para realizar los pagos al gobierno federal por la venta.

''Todos los fideicomisos que permitieron la compra de los bancos fueron nutridos con recursos de los mismos bancos'', recordó este martes Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la primera comisión legislativa que investigó el rescate bancario.

El legislador, quien ahora también pertenece a la comisión creada en el Congreso para dar seguimiento al rescate bancario, atribuyó los triunfos legales que ha obtenido Cabal Peniche al descuido con el que las autoridades de la Secretaría de Hacienda, durante el gobierno del ex presidente Zedillo, integraron las investigaciones y denuncias contra los banqueros que defraudaron a las instituciones.

El 30 de enero pasado, Cabal ganó en tribunales que fueran desechadas seis denuncias en su contra por fraude contra el patrimonio de Banco Unión. El empresario, que acrecentó su patrimonio durante el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) fue señalado por la administración del ex presidente Zedillo como uno de los tres altos directivos de bancos que cometieron fraudes contra el sistema financiero. Los otros dos son Angel Isidoro Rodríguez, alias El Divino, que logró sortear en tribunales todos los cargos en su contra, y Jorge Lankenau Rocha, preso en Topo Chico, Monterrey.

No hay resolución firme: IPAB

El IPAB calificó de ''ilegal e inconstitucional'' la sentencia de un juzgado del Distrito Federal a favor del ex banquero Carlos Cabal, que obligaría al organismo a pagar al empresario alrededor de 3 mil millones de pesos. "No hay una resolución firme del caso", aseguró el instituto en un comunicado de ayer por la noche.

El organismo dio a conocer que será el cuarto tribunal colegiado de circuito en materia civil el que resolverá el juicio de amparo interpuesto por el IPAB contra la decisión del tribunal del Distrito Federal.

Según el comunicado, el argumento central para tratar de echar abajo la sentencia favorable a Cabal es que la Ley de Protección al Ahorro Bancario (que regula la operación del organismo) no considera la cobertura de fideicomisos, como el constituido bajo el nombre de Eastbrook.

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