México D.F. Miércoles 19 de mayo de 2004
''Antes, la PGR no nos hacía caso en expedientes como éste''
Perciben ministros tintes políticos en el caso El Encino
Llama la atención que el primer asunto de esta índole en que se actúa penalmente sea contra López Obrador, observa
JESUS ARANDA
Por primera vez en la historia judicial del país, el Ministerio Público de la Federación ha atendido una solicitud de un juez de distrito para iniciar acción penal en contra de una autoridad que había violado una suspensión definitiva en un juicio de amparo. "Esto no es nuevo, lo que pasa es que antes la Procuraduría General de la República no nos hacía caso."
Trascendió que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la noticia sobre la petición de desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue tomado con reserva e incluso por algunos con preocupación, por las implicaciones políticas del caso.
Tampoco pasó desapercibido que cuando el subprocurador Carlos Vega Memije anunció la decisión de actuar en contra del funcionario capitalino, hizo hincapié en que con ello se dio cumplimiento "a un mandato judicial", cuando en muchas otras ocasiones el Ministerio Público Federal se había deslindado de su responsabilidad de actuar penalmente.
Aunque fue bien visto que se dé un paso adelante para obligar a todos los funcionarios -de cualquier nivel de gobierno- para que sean más cuidadosos en su actuar y acaten las disposiciones judiciales, no dejó de llamar la atención en el máximo tribunal que el primer caso en que se actúa penalmente sea precisamente en contra de López Obrador, lo que da un cariz político a un asunto que debía ser estrictamente judicial.
Además, en el incidente de inejecución 40/2003, que resolvió la Corte en el caso de El Encino -en el que determinó dejar sin materia el juicio de expropiación y quedó pendiente la decisión respecto a la validez de la citada expropiación del predio- los ministros sí tuvieron conocimiento de que el apoderado legal de Promotora Internacional Santa Fe alegaba la violación de la suspensión definitiva dictaminada a su favor, pero el asunto pasó desapercibido y no le dieron importancia, porque lo trascendente era lograr el cumplimiento de la sentencia, relativa a la posesión del predio.
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