La PGR, ajena al presunto complot contra el GDF, afirma

SHCP retrasó la indagatoria sobre los videos: Macedo

No existe problema alguno con la PGJDF, dice al comparecer ante senadores

JESUS ARANDA Y ANDREA BECERRIL

El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, rechazó ayer ante senadores que la dependencia a su cargo esté involucrada en el presunto complot en contra del gobierno capitalino, negó haber tenido conocimiento previo de la existencia de los videos que detonaron el escándalo y le pasó la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda.

Dijo que la dependencia que encabeza Francisco Gil Díaz le informó a la PGR sobre las investigaciones por lavado de dinero en contra del ex tesorero Gustavo Ponce Meléndez hasta el 4 de marzo, lo que retrasó la intervención de la procuraduría. Se requiere, dijo a los legisladores, las reformas legales para que la PGR investigue de oficio los delitos financieros, "para evitar estos aspectos que obviamente mueven a dudas y especulaciones".

En una comparecencia desangelada que quedó muy por debajo de las expectativas, Macedo necesitó sólo dos horas para responder a las preguntas -fundamentalmente planteadas por perredistas-, ignorar muchas otras y tratar de convencer a los senadores de que la PGR ha actuado con apego a derecho y que incluso no existe problema alguno con la procuraduría capitalina.

Rechazo a especulaciones

Desde su intervención inicial, el funcionario rechazó las especulaciones "que sólo buscan confundir y desorientar a la sociedad", y a pregunta expresa del perredista Demetrio Sodi sobre el "involucramiento de conocidos políticos en el caso Ahumada", respondió: "Yo no parto del término complot, por naturaleza propia de mi trabajo. Es un tema político que no me corresponde y no porque no quiera dar respuesta a ello".

Ni priístas ni panistas abundaron en el tema; es más, entre los segundos sólo Diego Fernández de Cevallos intervino, pero con la intención de que Macedo lo exonerara públicamente de haber participado en la reunión del 20 de febrero, en un hotel de Polanco, en la que Ahumada presentó su denuncia por supuesta extorsión .

Pero el procurador no le dio gusto y le dijo: "Discúlpeme que no le responda de la manera como usted quisiera. Tenemos evidencias de su presencia en un desayuno, de contacto con otras personas, de dos declaraciones que dicen haberlo visto a usted con el señor Ahumada, pero también tenemos otras evidencias que hoy responden a otras hipótesis".

Ante los señalamientos sobre la deficiente actuación de la PGR en el caso Ahumada, el funcionario aseguró que desconocía todo aquello que no era de su competencia, es más, "la procuraduría inició sin ningún elemento de prueba" las indagatorias en torno al caso.

Sobre la polémica surgida a partir de la afirmación del subprocurador de Derechos Humanos, Mario Alvarez Ledezma, de que Ahumada no traía consigo videos, Macedo señaló: "Ordené (ayer) a los subprocuradores dieran cuenta clara a la sociedad de lo que ocurrió". Pero en conferencia de prensa posterior aceptó que el manejo que hizo la dependencia de este asunto motivó "especulación", debido a que "nuestro lenguaje a veces no es muy claro".

A las únicas preguntas que buscaron despejar dudas sobre el caso Ahumada, hechas por los perredistas Jesús Ortega y Demetrio Sodi, Macedo les dio la vuelta -como cuando le preguntaron si ya se había establecido quién le entregó al panista Federico Döring el video donde aparece René Bejarano recibiendo dinero o por qué Ahumada tuvo el privilegio de que le tomara su denuncia un agente del Ministerio Público Federal en un hotel- o de plano se escudó en que por tratarse de investigaciones judiciales tenía que guardar sigilo o que no tenía conocimiento previo.

Sin dar mayores detalles dijo que en la investigación sobre lavado de dinero hay "avances importantes y que ya se integran los pliegos correspondientes para la consignación del expediente ante un juez. También reveló que en la investigación sobre delitos electorales las indagatorias sobre la autoría intelectual siguen abiertas, es decir, no se limitarían a Ahumada, Bejarano y Carlos Imaz, además de que entre las pertenencias del dueño del Grupo Quart, que fueron detalladas apenas un día antes, está una computadora portátil que contiene una serie de archivos que aún no han podido ser abiertos, pero que podrían tener información importante.

Pese a la insistencia de Macedo para que su versión fuera acogida favorablemente, el senador Sodi le dijo: "Usted habla de la gran colaboración (con la PGJDF), pero no la sentimos así...", ¿por qué no se ha citado a declarar en la indagatoria de lavado de dinero a ciertos políticos mexicanos, como Carlos Salinas, entre otros?

Interrogado sobre versiones que señalan que elementos de la PGR se comunicaron telefónicamente con sus colegas a Las Vegas durante febrero -cuando Ponce fue grabado-, lo que haría pensar que esta procuraduría tenía personal desplegado en esa ciudad, Macedo aseguró que es "absolutamente falso", y negó haber intercambiado información con corporaciones de Estados Unidos.

Aceptó sin embargo que hubo dos llamadas telefónicas que salieron del hangar de la PGR, una de ellas con duración de 265 minutos, aunque aseguró que fueron hechas por dos empleadas de la dependencia que llamaron para comunicarse con sus familiares y amistades. En la conferencia de prensa, Macedo aseguró que hay una investigación administrativa contra las responsables de ese abuso: Norma Angélica Cejudo Reynoso, supervisora de Normas y Procesos Aéreos de la Dirección General de Servicios Aéreos, y Lilián Guadalupe Gatica Rubio, jefa del Departamento de Comunicación Social. Lo que no aclaró fue si alguna de las llamadas -que según el semanario Proceso se hicieron al ex presidente Carlos Salinas, Luis Yáñez, ex secretario de éste, PGR y Cisen- sí fueron hechas por funcionarios de la procuraduría en razón de que se hicieron a través de un aparato Nextel, "cuyo titular fue imposible localizar e identificar".

En el marco de la comparecencia, el subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos, declaró que este jueves "a primera hora" un emisario de la dependencia entregará al Ministerio de Justicia de Cuba la petición que hizo la PGJDF, la fiscalía que investiga lavado de dinero y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que les sean entregadas las declaraciones y videos de Ahumada tomadas en la isla.

El tema que flotó en el ambiente fue el de los videos y las declaraciones de los subprocuradores Mario Alvarez Ledezma y José Luis Santiago Vasconcelos con las que pretendieron justificar la versión inicial de que Ahumada no traía consigo videos cuando arribó de Cuba. Los senadores no insistieron en el tema.

Cuando abandonaba el recinto, un reportero le preguntó a Alvarez Ledezma: ''Señor, con todo respeto, ¿usted conoce la diferencia entre un video y un dvd?"

El funcionario sólo trató de sonreir y se alejó.

Indagatoria

Hacer videos con fines políticos no es delito: SIEDO

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, aseguró que para la dependencia federal no constituye un delito el hecho de que varias personas se hubieran confabulado para obtener y difundir con fines políticos los videos realizados por Carlos Ahumada, en los que ex funcionarios del Gobierno del Distrito Federal son vinculados con actos de corrupción.

Asimismo informó que la hipótesis que sostienen autoridades capitalinas, respecto a que los videos fueron difundidos con la finalidad de afectar la imagen política del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no forma parte de las pesquisas que realiza la subprocuraduría a su cargo sobre el caso Ahumada, porque ''eso es una esfera política (...) y a la PGR lo que le interesa es investigar si hubo algún acto ilícito y sancionarlo''.

La opinión de Santiago Vasconcelos se contrapone a lo expresado por el dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy, quien ha asegurado en reiteradas ocasiones que las personas que participaron en la presunta confabulación contra López Obrador pudieron haber incurrido en los delitos de coalición de servidores públicos y obstrucción de la justicia.

Durante una entrevista radiofónica, el funcionario indicó que la PGR desconoce a quiénes se refería Ahumada cuando aseguró en Cuba que él no quería ''soltar'' los videos, y que terminó entregándolos a cambio de que le dieran ''protección jurídica''.