Miguel Concha

Violación al derecho a la libertad sindical

El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organismo de la sociedad civil que desde hace 13 años defiende los derechos laborales en México, anunció el jueves pasado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió a dar seguimiento a este tema en nuestro país, y recomendó al gobierno crear una mesa bilateral con las organizaciones que han denunciado casos de violaciones al derecho a la libertad sindical.

El Cereal informó que la CIDH estudia también la posibilidad de realizar una visita a México para verificar la situación de los derechos laborales; y que, tomando en cuenta el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, que el pasado 8 de diciembre entregó el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) al Ejecutivo federal, insistirá en la necesaria inclusión del derecho a la libertad sindical en el Programa Nacional de Derechos Humanos que el gobierno se comprometió a elaborar, con la cooperación técnica del ACNUDH.

Para el Cereal, estas resoluciones son consecuencia de la histórica audiencia que la CIDH concedió por primera vez el 3 de marzo de este año a ocho peticionarios mexicanos, entre ellos el Cereal, para tratar por primera vez el tema del derecho a la libertad sindical en nuestro país. Se hacen eco además de la preocupación de que la actual administración trate de sacarlo adelante por cuenta propia, sin el concurso de la sociedad civil, dejando fuera o acotando el perfil de los derechos colectivos, entre ellos los laborales.

En efecto, para el Cereal, que presentó su informe más reciente de violaciones a los derechos humanos laborales el pasado 27 de abril, las violaciones registradas en 2003 sugieren, o una total desorientación de la autoridad laboral en materia de los derechos humanos de los trabajadores, o una deliberada estrategia: "no se meten en lo que les incumbe (nulidad de elecciones fraudulentas), y se meten donde no debieran (injerencia indebida en la vida interna de los sindicatos)".

"El resultado es que el gobierno 'del cambio' no está garantizando a los trabajadores el derecho humano a la libertad sindical, conforme a sus compromisos internacionales". Impedir a los trabajadores elegir libremente a sus representantes, negarles su registro sindical, y hostigarlos y reprimirlos en su derecho a la libertad sindical, como sucede en los casos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), del de Tarrant México, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Independiente del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato y de los trabajadores de los corporativos privados en las plataformas marinas, constituyen violaciones flagrantes a la libertad sindical. Por ello, plantea entre sus recomendaciones que las instancias de justicia laboral adscritas al Poder Ejecutivo "reconozcan expresamente y ejerzan su competencia para dirimir conflictos sindicales, rompiendo la tradicional costumbre de intervenir donde no deben (INEGI, el STPRM y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana), y no intervenir donde deben".

Pidió también la destitución inmediata de la titular de la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María de las Mercedes Martínez, quien extrañamente fue removida de su cargo el día anterior a la presentación del informe, aunque quedó ubicada como miembro del equipo de asesores del secretario Carlos Abascal Carranza, por considerar que había violado sistemáticamente el derecho humano a la libertad sindical.

Para la organización de la sociedad civil, las relaciones laborales en el gobierno mexicano se han caracterizado por un proceso de precarización de las condiciciones de trabajo, principalmente por la reducción de los salarios reales y el aumento de las contrataciones temporales, por honorarios o a lista de raya, sin prestaciones. Y se multiplicaron el año pasado "la terminación de contratos sin indemnización, las jubilaciones tempranas sin autorización del trabajador y con pensiones disminuidas, la carencia y pérdida de prestaciones por parte de los trabajadores de las instituciones y empresas públicas".

Todas estas violaciones a los derechos laborales se deben al modelo económico neoliberal impulsado en México por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde los años 80 del siglo pasado, y su erradicación no se logrará sin el reforzamiento de la alianza entre organismos de la sociedad civil y diferentes contingentes de trabajadores.