LETRA S
Mayo 6 de 2004
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ls-elena

No hemos dado los elementos 
para que hombres y mujeres 
en edades tempranas tomen 
decisiones adecuadas en el 
ámbito reproductivo.

30 años de revolución demográfica
 

Alejandro Brito

En medio de la controversia y el debate, hace treinta años se inició la política de planificación familiar y control de la natalidad en México. Presionado por el acelerado crecimiento de una población que se duplicaba cada 20 años, el Estado mexicano reformó, en 1974, la Ley General de Población y echó a andar el Consejo Nacional de Población (Conapo). Urgía establecer una verdadera planeación demográfica en el país para hacer frente a esa avalancha demográfica que amenazaba con rebasar toda la capacidad de los servicios públicos. A ese ritmo de crecimiento desenfrenado, el retrasar diez años la puesta en marcha de las políticas de población hubiera equivalido a sumar 28 millones de habitantes más a la población total del país.

Mirados de manera retrospectiva, algunos logros alcanzados en tres décadas de planificación familiar resultan espectaculares. El promedio de hijos por mujer se redujo de 7 a sólo 2.2, por citar un ejemplo, pero cifras similares pueden citarse en cuanto a mortalidad materna, mortalidad infantil, promedio de vida, uso de anticonceptivos, etcétera. La actual secretaria general del Conapo, Elena Zúñiga Herrera, no duda en calificar como una "revolución" la transformación vivida en este terreno. En entrevista con Letra S, Elena Zúñiga señala al reconocimiento del derecho de las personas a decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos, plasmado en nuestra constitución política, como el logro mayúsculo de las políticas de población. "El que la gran mayoría de los nacimientos actuales sean producto de la planeación de los padres es un cambio radical", afirma la funcionaria, entrevistada en sus oficinas. Eso cambia, añade, no sólo la relación de padres e hijos y la calidad de vida de las familias sino también la relación entre hombres y mujeres, la relación de la pareja misma.

Sin embargo, la titular del Conapo prefiere hablar más de los retos que de los logros alcanzados. Nos podemos sentir satisfechos con esos logros, dice, pero "no podemos dejar de ver los rezagos y las inequidades del proceso". ¿Y dónde se sitúan esos rezagos? En los grupos sociales menos beneficiados por el desarrollo social, con pocas posibilidades de acceder a los servicios públicos, y en las familias donde existe una fuerte subordinación de las mujeres. Esto es en las comunidades indígenas y rurales, y en las zonas urbanas marginales.

Uno de los sectores más desatendidos por las instituciones públicas y, por tanto, más rezagados en materia de salud reproductiva es el de la población adolescente y de jóvenes menores de 25 años. En este sector, no se ha visto un cambio en los patrones reproductivos similar al observado en la población adulta. Los avances en el uso de anticonceptivos, en las tasas de fecundidad y en el número de embarazos no planeados han sido muy lentos.
 
 

Lo cual resulta paradójico, porque se supone a la juventud más dispuesta al cambio.

"Ahí hemos fallado como política de población. Estamos fallando en ofrecerles oportunidades de desarrollo y alternativas al matrimonio y a la maternidad y paternidad tempranas. La gente deja la escuela a los 15 y 16 años, lo cual es un nivel educativo muy bajo. No hemos dado los suficientes elementos para que los hombres y las mujeres en edades tempranas tomen adecuadamente sus decisiones en el ámbito reproductivo. Una de cada 4 mujeres de 15 a 19 años es sexualmente activa. Y la gran mayoría de ellas o está embarazada o ya tuvo su primer hijo. El tiempo que pasa entre el inicio de la vida sexual y el primer embarazo es de tan solo tres meses."

La política de planificación familiar, más tarde llamada de salud sexual y reproductiva, nació en la controversia y continúa generando controversia. La adopción reciente de la llamada anticoncepción de emergencia en las normas oficiales de planificación familiar generó una encendida polémica. Al respecto, Elena Zúñiga es clara: "La obligación del Estado es ofrecer la información de todas las opciones anticonceptivas, y dejar a la persona, a la pareja, la libertad de elegir el método de su preferencia. En ese sentido, la anticoncepción de emergencia viene a cubrir un vacío en la oferta de anticonceptivos. No contábamos con opciones para la etapa inmediata en que una mujer tiene relaciones sexuales sin protección y no desea embarazos. Tenemos que brindar esa opción para garantizar el ejercicio de un derecho." Y para ello, adelanta, se capacitará a las orientadoras telefónicas de Planificatel.
 
 

¿Porqué insistir tanto en la baja de la tasa de fecundidad?

"Es una cuestión de justicia social más que de números. Se trata de superar disparidades: una mujer joven con cuatro hijos no tendrá las mismas oportunidades de desarrollo que otra con sólo uno o dos. Este rezago sociodemográfico afecta a los grupos de mayor pobreza. Las políticas de combate a la pobreza no pueden perder de vista esta desigualdad en la reproducción de unos grupos y otros. Se trata de un círculo vicioso que tenemos que romper.

"Nuestro objetivo es llegar a tasas de fecundidad que garanticen el reemplazo intergeneracional. Y para ello necesitamos reducir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos por lo menos en un 30 por ciento. Ese es nuestro principal objetivo, porque ese indicador nos está revelando que existe un sector de la población al que por alguna razón no le estamos garantizando el ejercicio pleno de sus derechos reproductivos."
 
 

¿Y que pasaría si una autoridad estatal decidiera, por ejemplo, impulsar sólo la abstinencia sexual para educar a adolescentes e hiciera caso omiso de las otras directrices estatales?

"No podría, contamos con instrumentos jurídicos para oponernos a una medida de ese tipo. Porque el derecho a la información y al acceso a los servicios de salud reproductiva y de planificación está fijado en nuestras leyes. Son derechos que cubren a todos y a todas las mexicanas, independientemente de su edad, condición étnica, o de cualquier otra índole. En ese sentido sería anticonstitucional, y por tanto no se sustentaría jurídicamente."

Otro motivo de controversia es el reconocimiento de la diversidad de familias que componen hoy los hogares mexicanos. En este tema, Elena Zúñiga también es contundente: "Los cambios demográficos que estamos viviendo tienen impactos de diferente tipo en los hogares, colocan a las familias en circunstancias de mayor o menor vulnerabilidad: el aumento de los divorcios, la migración de algunos de sus integrantes, el aumento de los hogares jefaturados por mujeres o por adolescentes y jóvenes, la mayor presencia de adultos mayores, la convivencia de diferentes generaciones en un mismo hogar, los hogares formados por personas del mismo sexo. Tenemos que tomar en cuenta todas estas transformaciones y reconocer que hay una diversidad de hogares y brindar los apoyos necesarios para que todos estos hogares y todas estas familias sean capaces de cumplir con las funciones que tienen como institución básica de la sociedad."
 
 

El secretario de gobernación Santiago Creel Miranda habló hace unos días de reformar la Ley General de Población. ¿Qué se necesita reformar?

"Actualmente, los consejos estatales de Población no son reconocidos jurídicamente, lo que se traduce en un estrecho acceso a los recursos presupuestales. No existe un canal que garantice a estos consejos la dotación de recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas. Dependen de las prioridades y decisiones de los gobiernos estatales. Por ello, es necesario dotar a los consejos estatales de un marco jurídico en nuestra legislación. Además, es necesario también fortalecer y actualizar la membresía del Conapo para tener la certeza de que la planeación demográfica supere con mucho los planes sexenales y tenga en la mira una visión de mediano y largo plazos."

En cifras 

Tasa de fecundidad:
Disminuyó de 6 hijos por mujer en 1974 a 2.2 en 2003.

Uso de anticonceptivos:
Aumentó de 30.2 en 1976 a 71 por ciento en 2000 entre las mujeres casadas.

Primera relación sexual:
En 1995 una de cada diez adolescentes usó algún método, y en el 2000 se incrementó a una de cada cinco.

Mortalidad infantil:
Disminuyó de 36 a 23.6 defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos de 1990 a 2003.

Mortalidad materna:
Se redujo de 5.4 a 4.7 muertes por cada 10 mil nacimientos entre 1990 y 2000.

Cáncer cérvico-uterino:
Descendió de 25 fallecimientos por cien mil mujeres en 1990 a 17, en 2002.

Aborto:
El promedio de abortos por mujer durante su vida fértil descendió de 1.2 en 1976 a 0.1 en 1997.

Embarazo adolescente:
La maternidad adolescente se redujo de 128 nacimientos por cada mil mujeres en 1976 a 51.4 en 2003.

Fuente: CONAPO. 2004. Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2003.