| Editorial Las políticas públicas que reflejan o materializan las demandas ciudadanas son, ni duda cabe, las políticas más consistentes, las que perduran y trascienden en el tiempo. Tal es el caso de las políticas de salud sexual y reproductiva seguidas por el Estado a lo largo de las tres últimas décadas. Desde su fundación, hace treinta años, las autoridades que han encabezado el Consejo Nacional de Población (Conapo), han tenido la suficiente sensibilidad para abrirse a las críticas y demandas de la sociedad civil, sobre todo de las organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres. El resultado de esa política acertada está a la vista. Los avances en materia de salud reproductiva son incuestionables. Cierto, falta mucho por avanzar, las inequidades y desigualdades sociales aún son un lastre y un obstáculo difícil de superar. Pero el camino está trazado y las políticas fijadas cuentan con un amplio consenso y respaldo sociales. La fortaleza de las políticas de salud reproductiva y planificación familiar descansa en el reconocimiento inapelable del derecho a decidir de las personas en su vida reproductiva. Es un derecho del que se han apropiado millones de mexicanas y mexicanos, que no están dispuestas a dar marcha atrás como pretenden algunos grupos conservadores que presionan al Estado en ese sentido. Esos grupos pretenden que en materia de población el gobierno adopte políticas más acordes con la doctrina religiosa que los inspira que con las normas jurídicas y de convivencia que nos hemos dado como nación. En el Congreso Internacional de Familias que organizaron en nuestro país en marzo pasado, se propusieron presionar a los gobiernos en esa dirección. Por fortuna, el Estado mexicano descansa en sólidas bases laicas y contamos con instituciones de larga trayectoria, como el Conapo, que son ya patrimonio de la ciudadanía. |