Ronald Buchanan

Tidelands Oil and Gas, una empresa con sede en San Antonio, Texas, asegura que tiene todo listo para construir el primer almacén de gas subterráneo en México, cerca de Reynosa, en el norteño estado de Tamaulipas.

El proyecto, que representa una inversión de 150 millones de dólares, ofrecerá seguridad de suministro a los clientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), según Michael Ward, presidente de Tidelands. Dice que Netherlands Sewell & Associates, firma que en el pasado ha auditado las reservas de Pemex, está a punto de concluir el diseño y análisis computarizado del almacén.

"Esto es algo que México necesita para ayudar a su política energética en cuanto a la disponibilidad y la capacidad de entrega de gas se trata," dijo Ward.

Aunque Pemex ha firmado una carta de entendimiento con Tidelands, y comprende bien la necesidad de construir el almacén subterráneo, el futuro del proyecto dista mucho de estar asegurado, según fuentes de la industria.

El proyecto de Reynosa tendría en su primera fase la capacidad de guardar unos 50 mil millones de pies cúbicos ­suficiente como para surtir a todo el país durante una semana­ y eventualmente 15 veces más, todo conectado a la red nacional de ductos de Pemex.

De la necesidad de almacenaje no hay duda. Apenas el año pasado, las lluvias torrenciales en Veracruz reventaron un ducto que transportaba gas al centro del país, matando de paso a siete personas. Durante semanas Pemex tuvo que recortar el suministro a su industria petroquímica para asegurarlo a los clientes.

Además, el almacenaje ofrece más capacidad de maniobra comercial: se puede guardar mucho combustible cuando bajan los precios, para surtirlo cuando suben. Sin embargo, quienes argumentan que Pemex tiene prioridades más urgentes tienen tela de dónde cortar. Para empezar, a diferencia de los Estados Unidos, donde el consumo de gas es mucho más alto en invierno que en el verano, en México es constante todo el año.

TRABAJAR PARA HACIENDA

Ronald Buchanan

¿Cómo es que un país eminentemente petrolero como México tiene que pagar más de 10 mil millones de dólares al año en importar químicos que se derivan del petróleo? Respuestas hay muchas, pero una por lo menos tiene que ver con la política de precios, creada por la burocracia en un "mercado" de probeta.

Al principio, cuando esa política fue introducida en la década pasada, sonaba razonable: Petróleos Mexicanos (Pemex) iba a cobrar precios de mercado para sus productos y así acabar con los subsidios indirectos a las empresas que los compraban.

La lógica parecía impecable: Pemex tenía que actuar como cualquier otra empresa, no como una mamá dando de comer a sus hijos con cuchara. Ahora, sin embargo, dicen los empresarios, las cosas están al revés. Los niños consentidos de Pemex no son ellos, sino el gobierno. La política de precios, insisten, se ha vuelto un simple pretexto para mantener los ingresos del Estado a costa del sector privado y su capacidad de competir en el exterior.

La política se lanzó en los años noventa, cuando el gas natural estaba barato. Ahora, con los precios tres veces más altos, hasta las empresas más fuertes del país se quejan. Y quizá tengan razón. El precio del gas en México se fija en base a lo que cuesta en Houston. Pero en Houston sí hay mercado: se pueden escuchar las ofertas de varios proveedores e incluso se puede elegir otro combustible.

México no tiene mercado, y Pemex produce gas a menos de la mitad del "precio de mercado" que cobra. La utilidad se queda en la Secretaría de Hacienda en la forma de derechos e impuestos. Para las empresas petroquímicas, las cosas son aún más difíciles. Por ejemplo, el caso del etileno, producido por Pemex como derivado del etano que contiene el gas natural y se emplea para fabricar ­entre otros­ polietileno, cloruro de vinilo (la base del PVC) y oxido de etileno.

El oxido de etileno lo vende Pemex a empresas privadas que lo emplean para hacer etilenglicol ­la materia prima de fibras sintéticas­ y especialidades químicas que forman la base de productos como líquido de frenos, bases de detergentes, emulsificantes para petróleo y lubricantes para la industria metalmecánica.

Otra vez, en la ausencia de un mercado, se fijó a fines de la década pasada un "precio de mercado" para las ventas de oxido de etileno que hace Pemex a los particulares. Pero el problema fue aún más complicado con el gas.

Resulta que las grandes empresas químicas del extranjero que hacen oxido de etileno ­BASF, Shell y Dow, entre otros­ son integradas. O sea no venden el oxido de etileno sino que lo traspasan al próximo eslabón en la cadena productiva de su propia empresa.

Por supuesto, para poder medir la eficiencia de sus operaciones, fijan un precio para la transferencia. La fórmula que aplican es en base a sus costos de producción más un porcentaje de utilidad sobre el capital invertido. Pemex hace lo mismo para fijar el precio de venta del oxido de etileno que produce. Pero hay un detalle: Los costos de producción de Pemex son mucho más altos que los de las grandes empresas extranjeras.

"De esa manera, Pemex pasa la factura de su ineficiencia a nosotros," se queja un industrial del sector. Y no son los funcionarios de Pemex los que defienden la fórmula, insiste, sino los de Hacienda que depende de Pemex para recaudar 34 centavos de cada peso de ingreso fiscal.

Para José Luis Uriegas, ejecutivo del Grupo Idesa y presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), para resolver el problema se tiene que empezar por donde inicia la cadena productiva. El etano no se debe definir, y cobrar, como gas natural sino como materia prima de la petroquímica.

Idesa, como otras empresas nacionales e internacionales, espera participar en Fénix, el largamente esperado proyecto de Pemex para revivir la industria petroquímica en alianza con el sector privado. Para volar, Fénix necesita muchas cosas; entre otras, una política de precios que no tolere ineficiencias, ni las del sector privado ni las del propia Pemex =