El proceso está "en etapa judicial", dice el gobernador

Prosigue el juicio a ex titulares de penal y policía estatal de Querétaro

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Queretaro, Qro., 23 de abril. El gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y el procurador general de Justicia de la entidad, Juan Martín Granados Torres, informaron que Sergio Amaya Castañeda, ex director del penal de San José El Alto, y Juan José Ogando Pérez, ex jefe de la policía estatal, fueron arraigados porque sus casos "ya dejaron de ser una averiguación" y "se encuentran en la etapa judicial".

A la pregunta de si confiaba en ambos ex funcionarios, el panista Garrido Patrón señaló que no tiene "compromisos personales" con nadie y que "nada más meto las manos al fuego en este mundo por dos personas: por mi mujer y por mí".

Granados Torres indicó que de acuerdo con los plazos constitucionales para el desarrollo del proceso judicial, el gobierno del estado deduce que el caso de ambos ex funcionarios "ya dejó de ser una averiguación" para pasar a la etapa judicial, con el arraigo durante 10 días.

Agregó que al existir "una absoluta reserva de la averiguación", el gobierno del estado no tiene mayores datos sobre el proceso judicial de los dos ex funcionarios, pero explicó que el arraigo nunca debe pasar de los 30 días naturales, al término de los cuales "necesariamente el Ministerio Público de la Federación tendrá que resolver cualquiera de estas dos situaciones: la primera, que existen elementos para poder consignar a estas dos personas por algún delito, o bien, que no hay ningún elemento de prueba, o no es suficiente, y deberá decretar su libertad de inmediato".

En tanto, el secretario general del Sindicato al Servicio de los Poderes del Estado, Luis Guerrero Dávila, denunció que el gobierno de la entidad exigió a todo el personal de la dirección de la policía estatal, incluidos policías y administrativos, que presenten su declaración patrimonial.

Dijo que solicitó una explicación al contralor de la dirección de la policía estatal, Roberto Alatorre, y que éste sólo dijo que no están pidiendo la declaración de manera generalizada.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es obligación exclusiva para jefes de área, directores y secretarios, así como las personas que ocupen cargos de elección popular.