Néstor de Buen

La otra ley que no se publica

Llevamos una buena temporada hablando en todos los tonos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT, para más facilidad). Lo que no se dice es que lo que procura el Proyecto Abascal, en términos generales: un mundo más cómodo para los señores empresarios a los que se intenta quitar cargas procesales y sustantivas, en realidad todos los días se produce y yo diría que con cinismo notable.

Se habla mucho de que al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya no le alcanzan los centavos y que la culpa la tiene el contrato colectivo de trabajo. Es obvio que eso no es cierto. Lo que ocurre es que desde hace muchos años, corporativismo fascista de por medio, en las grandes empresas del Estado los sindicatos suelen ser servidores sumisos de los intereses del patrón. Y así se han hecho polvo, entre otros, los contratos colectivos en Pemex y en lo que era, años atrás, Ferrocarriles Nacional de México, por poner dos ejemplos notables.

Y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no es de ésos. El contrato colectivo es bueno y tendría que ser mejor, pero en modo alguno tiene la culpa de los males económicos del IMSS.

Las propias autoridades del instituto lo han reconocido: el problema principal es el desempleo que ha congelado por muchos años el número de asegurados. Pero en segundo lugar y casi en primero, la desvergüenza notable de los señores patrones que o no registran a sus trabajadores o les ponen salarios mínimos donde sus ingresos reales son infinitamente mayores.

Pero no acaban ahí las cosas. Es frecuente que se presenten problemas de trabajadores a comisión registrados en el IMSS con un salario ridículo y que para intentar reducir el riesgo de los verdaderos salarios, se obliga a los vendedores a registrarse como si fueran autónomos. Y a cambio de las comisiones que reciben, en lugar de firmar un santo recibo de salarios, les exigen facturas por el importe de las comisiones. En otros casos los recibos son de supuestos honorarios.

Desde hace muchos años, digamos que en los años inmediatos al final de la Segunda Guerra Mundial, surgieron las famosas empresas trasnacionales que se trasladaban a paraísos de salarios bajos para resolver dos problemas: los impuestos de exportación y los costos directos de la producción. De esa manera, enfrentaban y enfrentan la competitividad con armas desiguales: alta tecnología propia; marcas de reconocido nombre y a veces prestigio; salarios bajos o bajísimos y, entre nosotros, contratos colectivos de protección que se firman antes de empezar las tareas y que cuentan con la bendición de los sindicatos corporativos dependientes del Estado y al servicio indeclinable de los patrones.

Así creció el empleo en nuestra zona de maquila que hoy, dada la competencia de los países de Oriente, en especial China, ha tropezado con una competencia de salarios aún más bajos.

Pero esa internacionalización del comercio y de la industria generó los llamados "grupos de empresas". El arte especial en ese mundo es el gobierno de una empresa tenedora de las acciones de las demás sociedades del grupo, cada una de ellas con una actividad diferente: captación de la materia prima, su transformación industrial, su comercialización, la administración del conjunto, transporte, publicidad, etcétera. Y todas esas sociedades, con personalidad jurídica propia, tienen trabajadores, pero pueden ser insolventes y, por supuesto, no alcanzan utilidades. Esas les corresponden a la tenedora de las acciones, la holding que, curiosamente, no tiene trabajadores. Milagros de la contabilidad, por supuesto.

El avance más reciente en esos mecanismos de fraude apareció hace algunos años. Entre nosotros se ha convertido en negocio de abogados especialistas en la materia. Se trata de lo que se denominan "empresas de mano de obra". Ofrecen sus servicios a los empresarios de producción y distribución de bienes y servicios y les alquilan, materialmente, a los trabajadores a cambio de una buena suma adicional a los salarios. Estos se pagan a la intermediaria, la que asume, inclusive otorgando fianzas, todas las responsabilidades laborales, de manera que el receptor pueda vivir tranquilo. De esa manera los trabajadores se convierten en objetos rentables, en algo que tiene viejas reminiscencias de la añorada esclavitud.

Nuestra LFT vigente, hecha bajo la mano maestra de Mario de la Cueva (que no pudo lograr todo lo que quería, entre otras cosas acabar con el corporativismo), prevé las situaciones de intermediación (arts. 13, 14 y 15) y el concepto de empresa laboral como unidad económica (no jurídica) de producción de bienes y servicios (art. 16). Eso significa que esas empresitas esclavizantes son viles intermediarias y que lo que hace falta es que las juntas de Conciliación y Arbitraje lo reconozcan, lo que no es fácil. Y que muchas sociedades civiles o mercantiles juntas hacen una sola empresa laboral y que habrá que consolidar sus balances para descubrir las utilidades ocultas.

Pero en el Proyecto Abascal, entre otras muchas cosas, se reconoce ese fenómeno del grupo de empresas para los efectos de la participación en las utilidades, pero no en los demás problemas de responsabilidad compartida. Entre otras muchas cosas...

ƑPara qué quieren los señores empresarios una nueva LFT si ya la tienen, en la realidad, hecha a su medida?