Desde el 25 de abril de 2002 ha otorgado 77 licencias; recomendaciones de la ASF

Soslaya CRE fallo judicial contra permisos de generación eléctrica

Se encubre negocio ilegal de producción y venta de electricidad al simular autoabasto PRD y PRI interpondrán juicio para invalidar los contratos de servicios múltiples firmados por Pemex

ISRAEL RODRIGUEZ

Al margen de la controversia entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en torno a la legalidad del otorgamiento de 284 permisos a particulares para la generación de electricidad desde 1992, la CRE deberá responder hacia finales de mayo o principios de junio a 22 recomendaciones para el fortalecimiento interno y el cumplimiento de la normatividad.

Además, afrontará 15 solicitudes para que el Organo Interno de Control (OCI) intervenga para fincar responsabilidades a funcionarios públicos y atender 23 observaciones y 40 acciones.

No obstante que desde el 25 de abril de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional presentada por el Legislativo por la invasión de facultades al abrir el Ejecutivo la venta de excedentes de productores independientes mediante una reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), que "podría resultar inconstitucional" al contravenir el artículo 27, el gobierno del presidente Vicente Fox ha otorgado 77 permisos posteriores a ese fallo.

La ASF solicitó la intervención del OCI de la CRE para que amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades a los funcionarios públicos relacionados con el incumplimiento de la norma ecológica, de uso de suelo, así como por ser infundados jurídicamente dichos permisos.

Adicionalmente, la ASF detectó que en algunos permisos se incluyó una salvedad que permite al permisionario vender energía eléctrica a sus socios y el retraso de hasta 237 días en la notificación de la conclusión de las obras por seis permisionarios y la omisión de dicha notificación por otros cinco.

A su vez, la CRE no pudo presentar constancias de que aplicó las sanciones correspondientes a los que no habían notificado. Asimismo, en 36 títulos no se incluyó la periodicidad trimestral con la que los permisionarios deben presentar a la CRE los informes estadísticos de operación eléctrica.

Aunado a lo anterior, se comprobó que los excedentes que la empresa Energía Azteca VII entregó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rebasaron los límites establecidos.

La CRE informó que actualmente está en la etapa de análisis y evaluación de todas las observaciones y recomendaciones que hace la ASF y espera responder en tiempo y forma a las observaciones efectuadas por el órgano fiscalizador del Congreso, a fin de aclarar dichos señalamientos.

Precisó que a partir de la notificación que recibió el viernes 2 de abril de 2004, cuenta con 45 días hábiles para responder a los cuestionamientos y espera hacerlo el 31 de mayo o los primeros días de junio.

Aun con la indefinición del marco jurídico vigente se han otorgado 284 permisos. En la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari se dieron 16 permisos: nueve de autoabastecimiento y siete de cogeneración. Posteriormente, en la administración del presidente Ernesto Zedillo, se otorgaron seis de cogeneración, 22 de importación, seis de exportación, 68 de autoabastecimiento y ocho de producción independiente.

Del primero de diciembre de 2000 al 29 de febrero de 2004 se han otorgado 110 permisos; de éstos, 77 han sido posteriores al fallo de la SCJN. Del total, seis son de cogeneración, 68 de autoabastecimiento; ocho de producción independiente, 22 de importación y seis de exportación.

De esta manera, el total de capacidad de generación otorgada a particulares bajo las modalidades permitidas después de las modificaciones de 1992 asciende a 23 mil 672.18 megavatios.

Una de las conclusiones más importantes de la ASF es que la CRE ha otorgado permisos violando la normatividad vigente, algunos de los cuales encubren negocios ilegales de generación y venta de electricidad simulando autoabasto.

Especialistas consultados sobre la posibilidad de que se revoquen algunos permisos o haya sanciones ejemplares, se mostraron escépticos a esas posibilidades debido a que la CRE y la Secretaría de Energía son juez y parte y la ley no permite a la ASF fincar directamente responsabilidades, por lo que la solución será recurrir a los tribunales.

Recurrir a tribunales

Al finalizar este mes, las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso interpondrán en los tribunales administrativos un juicio de nulidad absoluta para invalidar los contratos de servicios múltiples (CSM) que permiten a los consorcios privados trasnacionales la exploración y explotación de gas en la cuenca de Burgos.

Además, se demandará la renuncia de Dionisio Pérez Jácome, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y de sus cinco comisionados por las violaciones a la Constitución en el otorgamiento de permisos a empresas internacionales para la generación de energía eléctrica, informaron asesores de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República.

Oscar Cantón Zetina, integrante de la Comisión de Energía del Senado, confirmó la versión y añadió que también se presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luis Ramírez Corzo, director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y el titular de la CRE, en la que se solicitará la inhabilitación de los funcionarios e incluso la cárcel por las constantes violaciones a la Carta Magna.

Fundamentan inconstitucionalidad

Constitucionalistas, consultorías, técnicos y académicos elaboran el documento con que se fundamentará la nulidad total de los CSM y en el que se comprueba que Repsol, empresa española y una de las más grandes de la industria petrolera, explora, extrae, produce, subcontrata, controla información, comparte decisiones fundamentales con Pemex y participa de los resultados de la explotación en el bloque Reynosa-Monterrey de la cuenca de Burgos.

En el documento que se afina y cuya copia obra en poder de La Jornada se argumenta que el contrato autoriza a Repsol, no de manera franca y abierta sino soterrada y fraudulenta, explorar, extraer y producir gas natural y otros hidrocarburos.

También se demuestra que PEP pierde el control de la explotación petrolera. De ambas tesis se concluye que el contrato es contrario a la Constitución y a la legislación secundaria.

El panista Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, negó que ese juicio prospere debido a que no se comprueba la afectación de un tercero y defendió la legalidad de los CSM.