El Ejecutivo aduce que no hay base jurídica que lo obligue a pagar a los ex braceros. Les descontaron la décima parte de sus jornales y ahora sólo les quieren dar una "compensación". Las principales organizaciones de ex braceros siguen movidas. La Alianza Braceroproa cruza el país y va a una Corte en California. Allá, los braceros acusan a los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. La Asamblea Nacional de Braceros rechaza suavizar su reclamo a cambio de programas sociales

A Palacio Nacional llegan los braceros con la esperanza de que el presidente Vicente Fox responda a sus demandas. Es su primera visita a la casa grande de México. Los sombreros de palma, sus rostros morenos marcados por la edad y su manera sencilla de andar, los delatan. Algunas viudas cargan su bolsas del mandado con provisiones y papeles con sus peticiones.

Los integrantes de la Asamblea Nacional de Braceros (ANB) arribaron al corazón del país el 24 de marzo para hacer un plantón y asistir a una reunión donde buscan que el Presidente responda a su propuesta de elaborar juntos, braceros y autoridades, una iniciativa de ley que solucione la deuda que tiene el gobierno de México con ellos (que puede ascender a unos mil millones de dólares).

El encuentro se convierte en un diálogo de sordos. Los representantes de las secretarías de Gobernación (Segob) y Desarrollo Social, del IMSS y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) explican a los braceros las bondades de los programas sociales que les ofrece el gobierno. Los braceros, por su parte, insisten en que se les pague el dinero descontado cuando trabajaron del otro lado. Al final, se van con las manos vacías.

En Palacio, Juan Manuel Castillo, de la Coordinación con Entidades Federativas de la Segob, advierte: "No queremos decir mentiras, pero no estamos de acuerdo en nada".

Mediante un documento fechado el 26 de marzo, Castillo Ocaña les notifica oficialmente: "La Segob sostiene que hasta ahora no existe fundamento legal para reconocer obligaciones del gobierno federal derivadas del Fondo de Ahorro Campesino que se habría integrado con deducciones de los salarios de los participantes del Programa Bracero entre 1942 y 1946, pero que con sensibilidad social, se atiende la demanda de ex braceros y se construyen en diferentes mesas de trabajo, mecanismos de atención social (padrón de ex braceros, gestión de servicios médicos mediante IMSS Oportunidades y programas de atención del Inapam)".

Everardo Martínez, quien viajó 13 veces a Estados Unidos como bracero, lamentó que no los recibiera Fox y el tono de las autoridades: "Estos programas no son la solución a nuestro problema. El gobierno tiene que reconocer su deuda con los soldados del surco y del riel, por eso proponemos construir con el Presidente una solución al problema. Primero queremos saber dónde quedó el dinero del Fondo de Ahorro, quién se lo robó. Después podemos buscar salidas. Si el país no tiene dinero, ya veremos, pero Fox no quiere asumir su responsabilidad".

"Si alguien del gobierno –explica Martínez– supiera lo que es estar doblado 15 horas para recoger lechuga, entendería nuestra posición".

Juan Manuel Castillo, molesto con la actitud de los braceros, los alecciona: "El problema es grandísimo y lo que reclaman puede ser mucho dinero. Se hizo el padrón de braceros (60 mil inscritos, sólo 5 mil acreditados). En el Congreso hay tres iniciativas para crear un fideicomiso. Ustedes reclaman el pago de 10% más intereses, tienen razón, su demanda es legítima, pero la solución vendrá del Legislativo.

El gobierno no tiene información del dinero. Las cartas están sobre la mesa, si no les gusta, es su problema".

Molesto, Pedro Grande Valencia, bracero de Tlaxcala, le responde: "El Ejecutivo firmó los convenios de trabajo con Estados Unidos, el Ejecutivo tiene que responder. No estamos pidiendo limosnas. Bastaría que el gobierno mexicano solicite formalmente a Estados Unidos el archivo de quienes estuvieron trabajando como braceros".

José Antonio Plaza, de la Segob, explica que "hay un juicio en Estados Unidos para reclamar ese dinero y, mientras, hay que esperar a ver qué pasa". Dice que el gobierno de Fox "contrató un despacho de abogados a favor de ustedes y el juez en San Francisco determinó que el gobierno y los bancos mexicanos tenían inmunidad territorial..."

Felipe Monroy de la ANB le recuerda que en ese juicio, el gobierno mexicano apoyó al banco Wells Fargo para no dar la información del Fondo de Ahorro.

Antes de finalizar el encuentro, toma la palabra Pedro Borda, director del Inapam: "Tenemos la obligación de desinflar este globo y de trabajar para que tengan protección los adultos mayores".

Lo interrumpe don Pablo, otro bracero: "Me doy cuenta de que el Ejecutivo tiene muchas instituciones; pero yo en mi casa tengo muchos hijos y las deudas de todos las asumo yo. Lo mismo debería hacer Fox".

De San Francisco a San Francisco

La Alianza Braceroproa, la misma que invadió el rancho de la familia Fox en San Francisco del Rincón, Guanajuato, inició el 27 de marzo una caravana hacia San Francisco, California.

Este grupo de braceros recorrió Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Mexicali. En California visitó Los Angeles, Fresno y San José. Este 12 de abril, en San Francisco "continuarán la batalla legal para recuperar el Fondo de Ahorro que se le retuvo a unos 400 mil mexicanos que trabajaron en el Programa Bracero y que en conjunto representan entre 500 y mil millones de dólares", informó Ventura Gutiérrez. El líder de braceros contó que un antiguo funcionario de gobiernos priístas les entregó información sobre la responsabilidad de los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, entre otras autoridades, en la desaparición de miles de dólares de los braceros.

"La mayoría de los involucrados sigue viva. Algunos incluso siguen siendo funcionarios federales. Los tenemos agarrados con la manos en la masa", afirmó con satisfacción el lider Ventura Gutiérrez.

Wells Fargo dio el dinero a México

Baldomero Capiz, dirigente de la Unión Binacional de Braceros, aseguró que su organización tiene documentación oficial del banco Wells Fargo en la que se confirma que unos mil millones de dólares de los ahorros de braceros fueron depositados en el Banco de México.

Capiz indicó que también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos les entregó los registros pormenorizados de braceros contratados en Texas, Colorado, Nuevo México, Oregon, Arizona y California, y las cantidades que les fueron descontadas.

De comprobarse estas denuncias, el caso daría un vuelco. Sin embargo, el viacrucis de los braceros continúa y, como dice Everardo Martínez, que organizó huelgas en campos del otro lado, "los funcionarios juegan con nosotros, el gobierno nos quiere engañar y le echa la pelota al Congreso. Pero reclamamos justicia, y si Fox no nos hace caso, tendremos que recurrir a la sociedad para buscar una solución".