Señalan 2 jueces a Fox y senadores de actuar ilegalmente

Hay arreglos políticos para ratificar magistrados, afirman afectados

ANDREA BECERRIL

La ratificación de magistrados que se efectúa en el Senado de la República se ha convertido en un proceso ilegal, en el que imperan el favoritismo y los arreglos políticos; se excluye a juzgadores con carrera judicial y probidad, para sustituirlos por candidatos del presidente Vicente Fox o de los legisladores, que en la mayoría de los casos no reúnen los requisitos inherentes a un impartidor de justicia.

Tal aseveración la formulan los magistrados agrarios Heriberto Arriaga Garza y Agustín Sánchez Martínez, quienes desde hace año y medio han interpuesto diversos recursos en contra de la decisión que el Senado tomó en diciembre de 2002 de no ratificarlos en sus cargos. En la actualidad cuentan con cuatro amparos en revisión, que fueron atraídos por la Suprema Corte, donde se ventilan dos controversias constitucionales presentadas por el presidente Fox.

Ambos magistrados advierten que decidieron inconformarse porque fueron "despojados" de las plazas; "en seis años nos desempeñamos con toda responsabilidad, con derecho ganado a la permanencia y la inamovilidad", para poner en nuestro lugar a "magistrados espurios, que no conocen la problemática del campo".

Ambos consideran que el Senado tiene gran responsabilidad en lo que ha pasado, toda vez que ha aceptado como buenas "interpretaciones deformantes de normas constitucionales y legales, por las que se faculta al Presidente a ratificar a los magistrados agrarios, además de dar un sesgo politizador a un proceso que debería centrarse en el trabajo desarrollado por los juzgadores".

El caso reciente del presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, que tiene enfrentado al Senado con la Suprema Corte de Justicia, no es aislado, hay muchos más, advierte Arriaga Garza. Explica que en el caso específico de él y Sánchez Martínez, el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, ni siquiera los tomó en cuenta para ratificarlos y propuso al Senado otros tres candidatos.

La ratificación corrió a cargo de las comisiones de Justicia y de Reforma Agraria, que después de seis meses de discusión aceptaron a dos de los candidatos presidenciales e incluyeron también a la magistrada Balbina Villa Martínez, que no venía en la propuesta presidencial, pero contó con el respaldo de la priísta Arely Madrid Tovilla. Por ello, Juan de Dios Castro interpuso una controversia constitucional contra el Senado en 2002.

Es decir, "se han producido roces y desencuentros entre el Senado y el Ejecutivo por la ratificación de magistrados agrarios", pero muchos senadores "tampoco han actuado en defensa de principios", advierte Arriaga Garza. Su caso, agrega, es un ejemplo, toda vez que no había ningún argumento basado en su desempeño u honestidad para no ratificarlo, sino "un acuerdo político para producir artificiales vacantes a fin de cubrirlas con los favoritos".

Se ha ofendido a toda la judicatura agraria, ya que el Presidente, sin tener facultad constitucional de indicar quiénes deben ser o no ratificados en la magistratura violentó la gradación o estratificación inherente a la carrera judicial "con sus propuestas de candidatos".

Ejemplo de ello es que en la terna enviada por Fox para sustituir al presidente del Tribunal Superior Agrario, García Villalobos, uno de ellos -y su candidato- "es un connotado político y ex gobernador de filiación panista, Alejandro González Alcocer.

Lo mismo ocurrió con los dos candidatos que quedaron en lugar de Arriaga y Sánchez Martínez. Uno venía de la categoría de secretario de acuerdos y el otro de una subdirección administrativa, que ascienden así a la magistratura por encima de quienes tienen experiencia y merecimientos legales".

Hay, resaltaron, "un doble agravio de la Presidencia al Poder Judicial. Primero, injerirse, sin facultad en las ratificaciones de magistrados agrarios y, segundo, atropellar de un modo flagrante la carrera judicial que establece la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario".

Por ello, la decisión que tome la Suprema Corte en torno a las dos controversias constitucionales que Fox presentó contra el Senado "será fundamental para evitar que se siga rompiendo la legalidad, debido a la prevalencia de caprichos y mezquindades políticas".