Preocupa punto de acuerdo sobre controversia contra contratos de servicios múltiples

Fallo contra los CSM ahuyentará capitales, amenazan trasnacionales

Se tendrían que resarcir inversiones, dice el director de la española Repsol al invocar una cláusula que prevé "causas de fuerza mayor" Una decisión de la Corte en ese sentido provocaría inseguridad, señala

ISRAEL RODRIGUEZ ENVIADO

Monterrey, NL, 2 de abril. Preocupación entre los inversionistas internacionales causó la propuesta de punto de acuerdo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional en contra de los contratos de servicios múltiples (CSM), así como las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de declarar ilegales los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a empresas trasnacionales para generar electricidad.

Guillermo Alvarez, director general de la española Repsol México -empresa que ganó la licitación del bloque Reynosa-Monterrey, el más grande de la cuenca de Burgos-, aseguró que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional los CSM, "acataríamos la decisión".

Pero precisó que, de acuerdo con las cláusulas del contrato, por "causas de fuerza mayor" el gobierno de México tendría que resarcir las inversiones.

Entrevistado por La Jornada durante el foro Hacia una seguridad energética norteamericana, Guillermo Alvarez consideró que si se determina que es inconstitucional habrá pasos a seguir, que también dictará la ley, en los cuales nos tendrán que resarcir las inversiones realizadas y los gastos incurridos.

De esta manera, aseguró: "si nos tenemos que marchar, nos marcharíamos. Esto me parecería muy malo para el país, porque esto crearía una inseguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros".

A los nacionales, dijo, porque se convoca a una cosa y resulta que luego no lo es. "Creo que sería un precedente muy negativo para el desarrollo económico de México, pero nosotros acataríamos absolutamente sin ninguna duda la legalidad si se dictamina que lo acordado es inconstitucional".

Aclaró: "nosotros acudimos a la licitación de muy buena fe, absolutamente conscientes de que había sido convocada dentro del ámbito de la ley mexicana y estamos convencidos de que no es inconstitucional y de que la convocatoria tampoco lo fue, si no no hubiéramos participado. "Nosotros no participaríamos si hubiéramos tenido la mínima duda de que era legal".

Por su parte, Cintia Angulo, directora de Electricité de France, compañía líder en el mercado de la producción externa de energía, que concentra 22 por ciento de la participación de mercado de los productores independientes de energía, señaló a este diario que las observaciones de la ASF de que los permisos otorgados por la CRE son ilegales desalentarán a los inversionistas, por lo que el llamado riesgo-país se incrementará.

En tono molesto dijo: "Si estamos en la ilegalidad o en la inconstitucionalidad, entonces que hagan legales y constitucionales nuestros contratos, porque nosotros entramos a invertir con la confianza de que eran legales".

La directora de Electricité de France, empresa que ha invertido mil 500 millones de dólares en plantas de generación eléctrica, manifestó que si la ASF detectó este tipo de errores -"confío en que es un órgano responsable"- y promueve algo se deberán asumir las consecuencias; tanto el Estado mexicano con sus instituciones, con su Congreso, tendrán que pagar el costo, tanto el público como el privado, para llegar a la identificación del verdadero problema legal para que se resuelva. "Yo no voy a poner en duda su validez", añadió.

A su vez, Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, al reconocer la controversia constitucional contra los CSM, explicó a La Jornada que se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí será en donde se iniciará la discusión.

"Desde mi punto de vista, no hay ningún problema, aunque yo no soy la única voz, porque ésta es una decisión, primero de la Comisión de Puntos Constitucionales, y después, en caso que se apruebe, será el pleno el que determine".

Finalmente, Eduardo Andrade representante de Techint, empresa que ganó junto con Tecpetrol el bloque Cuervito para la exploración y explotación de gas natural en la cuenca de Burgos, aseveró que las decisiones del Congreso parecen tener el objetivo de ahuyentar las inversiones privadas.