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México D.F. Viernes 2 de abril de 2004

La solicitud fue interpuesta por el titular de la PGR por exhorto del Senado

Atrajo la SCJN la revisión del amparo de 4 bancos ante nuevas auditorías

Hace 2 años que la ASF insiste en que los pagarés deben descontarse a estas instituciones

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el recurso de revisión del juicio de amparo con el que Banamex-Citigroup, BBVA-Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte detuvieron desde 2002 las nuevas auditorías que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) pretende realizar a los pagarés del Fobaproa que esas instituciones poseen, los cuales tenían hasta el cierre de septiembre un valor actualizado de más de 217 mil millones de pesos.

Fuentes del Poder Judicial indicaron a La Jornada que el 12 tribunal colegiado en materia administrativa, órgano jurisdiccional donde se encontraba el análisis del recurso de revisión 650/2003, recibió el pasado miércoles el oficio de notificación que le envió el máximo tribunal del país, en el que le informa que se atrae el asunto con base en el artículo 105 constitucional, debido a la trascendencia nacional que reviste el caso.

De esta forma, el tribunal colegiado deberá comenzar el engrose (empaquetado) del expediente, a fin de enviarlo a la Corte en los próximos días. Así, es ahora el pleno del máximo tribunal el que se pronunciaría para confirmar o modificar el criterio que sostuvo un juzgado administrativo.

El mencionado amparo en revisión tiene su antecedente el 11 de septiembre de 2003, cuando el juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Alvaro Tovilla León, concedió la protección de la justicia federal a los cuatro bancos, que actualmente los ampara de ser auditados.

El argumento del juzgador fue que la Ley de Protección al Ahorro Bancario no considera la posibilidad de nuevas auditorías al Fobaproa, más allá de las que practicó el canadiense Michael Mackey en 1999. Sin embargo, el Departamento Jurídico del IPAB se inconformó en su momento con la sentencia y solicitó revisión en segunda instancia, la cual recayó en el 12 tribunal colegiado en materia administrativa.

La solicitud de atracción fue interpuesta hace más de un mes por Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), con la finalidad de que el máximo tribunal resuelva si es posible realizar nuevas auditorías a los cuatro bancos mencionados.

La SCJN ya tiene conocimiento del caso, porque desde abril de 2003 aceptó una controversia constitucional que el Poder Ejecutivo federal interpuso en contra de la Cámara de Diputados por la supuesta ''invasión de esferas'' que cometió al no haber impedido que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificara a la Secretaría de Hacienda que en las auditorías realizadas a la compra de cartera de las bases de actualización de intereses del IPAB (antes Fobaproa), de marzo de 2002, ''se identificaron créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos''.

Según la ASF, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, las auditorías permitirían establecer si los bancos enviaron al Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa créditos que no cumplían las condiciones para ser garantizados por el gobierno federal.

Por ello, desde hace dos años la ASF ha insistido en que el monto de los pagarés debe ser descontado a las instituciones bancarias. El primer vencimiento de un pagaré de HSBC por más de 18 mil 700 millones está previsto para septiembre de 2005.

Fue la trascendencia e importancia de este caso para las finanzas públicas, lo que motivó que Macedo pidiera por escrito a la SCJN que se hiciera cargo de la revisión final de la sentencia del juez noveno de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, el cual concedió en 2003 la protección de la justicia federal a los cuatro bancos para evitar ser auditados.

Además, Macedo actuó en respuesta a un exhorto del Senado, que el pasado 4 de diciembre le pidió por unanimidad poner el caso a consideración del máximo tribunal

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