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México D.F. Miércoles 24 de marzo de 2004

Aprehenden en operativos en varios estados a 44 funcionarios, la mayoría de Migración

Decenas de miembros de Gobernación "facilitaban" la actuación de polleros

Entre los detenidos "no sé si hay peces gordos, pero de que hay tiburones, los hay": Creel

ALONSO URRUTIA

En un operativo del gobierno federal que abarcó 12 entidades del país, fue desmembrada una red de traficantes de personas en la que participaban 26 funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), uno de la Policía Federal Preventiva, siete agentes judiciales de los estados y ex funcionarios. La acción permitió la aprehensión de 44 personas, a quienes se imputa la supuesta pertenencia a una banda de polleros que trasladaba indocumentados centroamericanos por Sonora y Chihuahua.

Durante una rueda de prensa ofrecida conjuntamente por los secretarios de Gobernación y de la Función Pública, Santiago Creel y Eduardo Romero, así como el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, este último sostuvo que si bien el tráfico de personas es un delito grave, lo es aún más cuando se involucran autoridades. "No podemos permitir que servidores públicos se coludan con la delincuencia y favorezcan la impunidad".

Destacó que esta red de funcionarios y ex funcionarios facilitaba la operación de bandas que trafican con seres humanos, pues proporcionaban información sobre posibles operativos, los trasladaban y los escondían. Añadió que luego de las investigaciones -que llevaron año y medio- se logró que los juzgados 3 y 17 de distrito en el Distrito Federal libraran 57 órdenes de aprehensión.

Precisó que el operativo duró varios días y comenzó el viernes pasado en Chihuahua, por lo que en la actualidad ya se han dictado 17 autos de formal prisión.

Apenas unos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundiera un informe cuestionando la política migratoria mexicana y la corrupción en su personal, ayer se dio a conocer el resultado del operativo efectuado en Baja California, Sonora, Nuevo León, estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

De acuerdo con el informe oficial, con estas detenciones se "golpea duramente a una de la red de tráfico de migrantes" que operaba desde el sur de Chihuahua hasta Agua Prieta, Sonora, por la ruta de Chihuahua, Buenaventura, Jiménez, Casas Grandes y que tenía una base de operaciones en Ciudad Juárez.

Cuestionado sobre el hecho de que solamente se hayan detenido a empleados menores del INM y no "peces gordos", Creel respondió: "no sé si los peces estén gordos o flacos, pero de que hay tiburones ahí, créanme que los hay". Reprobó la vinculación de funcionarios en uno de los delitos más graves -pues atenta contra necesidades básicas de los seres humanos-, y aseveró que no se va a tolerar ningún acto de corrupción, porque esta relación entre funcionarios y delincuencia organizada es la más perversa que puede haber.

A su vez, Macedo de la Concha destacó que seguramente a partir de estas detenciones se darán nuevos elementos para "extirpar" esta red vinculada al tráfico de personas, delito que definió como el segundo más rentable. Precisó que esta red contaba con la protección de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Por su parte, Romero Ramos comentó que la Secretaría de la Función Pública realiza procesos administrativos paralelamente a las investigaciones de orden penal, para inhabilitar a los funcionarios involucrados, lo que derivará, muy probablemente, en sanciones de hasta 20 años de prohibición para laborar en el sector público.

En su oportunidad, Creel Miranda manifestó que durante 2003 la coordinación entre estas tres dependencias permitió elaborar un diagnóstico muy preciso sobre 30 organizaciones criminales, 29 líderes y más de 120 células que están distribuidas en todo el país.

Comentó que en ese periodo se avanzó en la desarticulación de 23 bandas, en la detención de 358 cabezas de organización, 12 averiguaciones previas abiertas, ocho causas penales y 192 órdenes de aprehensión otorgadas por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de indocumentados agravado.

Finalmente, Creel señaló que en este tipo de operativos de detención siempre existe la colaboración de los países vecinos, "porque no se puede combatir una banda del crimen organizado si no es por medio del intercambio preciso de información".

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