Francisco López Bárcenas

La violencia política en Oaxaca

La agresión contra el gobernador de Oaxaca, cualquiera que sea su origen y sus intenciones, muestra el grado de descomposición de las formas de hacer política en este estado del sureste mexicano, el agotamiento de las instituciones y el uso de la violencia de los diversos actores para sustituirlos. Ahora aparece en toda su magnitud porque tocó a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad ser su víctima -real o simulada-, pero desde que tomó posesión y hasta el momento de la agresión la violencia es la tónica de su administración. De eso hablan los innunerables muertos, perseguidos, encarcelados y amenazados que existen por todo el territorio oaxaqueño.

Lo anterior no demerita la gravedad del caso, por el contrario, la aumenta, porque si antes sólo se atentaba contra funcionarios de segundo grado, opositores al actual gobierno, líderes independientes y comunidades indígenas, quedaba la esperanza de que los violentos respetaran la integridad de las más altas autoridades, pero ahora ni eso, independientemente de quién o quiénes sean los agresores y cuáles sus objetivos. Si fue un ajuste de cuentas de la clase política, como sugirieron las primeras declaraciones del gobernador agredido, reforzadas por el cateo de domicilios de líderes opositores, el mensaje es que entre los grupos de poder ya perdieron la compostura, y si, por otro lado, se trata de un verdadero atentado, quedaría por saber quién proporcionó la información del itinerario del mandatario estatal, porque se supone que sólo podían conocerlo sus más cercanos colaboradores.

El ambiente electoral contribuye a la confusión. Para las elecciones de gobernador del próximo mes de agosto el PRI, con apoyo del PT y el PVEM, postula a Ulises Ruiz, un mixteco cuya escuela política transcurrió al lado de Roberto Madrazo y promete continuidad con las actuales políticas. Ellos difunden que luchan contra caciques regionales cuando en realidad son parte de ellos; de hecho, varias organizaciones sociales acusan que la política del actual gobierno se fundó en dar manga ancha a los caciques regionales para que hicieran y decidieran a cambio de su apoyo.

Del otro lado los partidos Convergencia por la Democracia, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con pragmatismo sin cuento, han postulado a Gabino Cue, del grupo de Diódoro Carrasco, adversario político del actual gobernador, aunque los dos militen en el PRI. La alianza causó fuertes enojos en el círculo político del gobernador, sobre todo porque sectores del perredismo afines a él decidieron apoyarla firmemente, rompiendo los lazos políticos que mantenían.

Es el caso de la Unión Campesina Democrática, afiliada al PRD, a cuyo líder Salomón Jara Cruz muchos señalan de impulsar la alianza aun contra la voluntad de los perredistas. Acusado pública y penalmente de enfrentar comunidades, así como de promover la violencia como forma de hacer política en diversas regiones del estado, ninguna autoridad los ha molestado, ni a él ni a sus aliados, porque siempre han contado con la protección de los organismos estatales encargados de impartir justicia, que con esa omisión se han convertido en sus aliados involuntarios.

Pero el dirigente parece no ver claro quién lo protegerá cuando el actual gobernador abandone el cargo, y ahora busca protección en las esferas federales a través del PAN. Por lo menos eso dicen algunos de sus compañeros de partido, que no se explican por qué, habiendo tantas voces dentro del perredismo que exigen terminar con la alianza después de la campaña de Diego Fernández de Cevallos contra el Gobierno del Distrito Federal, él se aferra en mantenerla.

En medio de todo esto, el pueblo no sólo mira el espectáculo de la violencia contra el gobernador, sino que también saca conclusiones y actúa o se abstiene. Aunque algunos ni lo ven porque se ocupan de recoger y velar a sus muertos, luchar por sacar de la cárcel a sus compañeros, familiares o amigos y escapar a las amenazas por defender sus derechos. Por eso es importante que ahora que la Procuraduría General de la República ha atraído el caso, lo esclarezca y nos informe con claridad qué sucedió realmente el día de la agresión al gobernador. No vaya a suceder lo que con muchos oaxaqueños, que tras años de acudir a las agencias del Ministerio Público o los juzgados regresan a sus lugares de origen a rumiar su impotencia, porque no encontraron justicia. Pero no sólo eso: también es urgente abrir los espacios a la política. Porque si ni la seguridad del gobernador se garantiza en Oaxaca, Ƒqué podemos esperar los oaxaqueños?