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México D.F. Miércoles 24 de marzo de 2004

Luis Linares Zapata

Basta de politiquerías; a legislar

Los actores políticos han abusado hasta el extremo de la paciencia de los ciudadanos de esta desorientada república. Si observamos con avispada mirada muchos de los últimos acontecimientos que han afectado el ámbito público, a los que se suma una efeméride más del asesinato de Donaldo Colosio con su necia cauda conspirativa, pueden verse, sin dificultad alguna, desencantos, enojos, desprecios y ríspidas exigencias de una sociedad que solicita respuestas oportunas y a fondo de los partidos, al menos los tres más grandes: PAN, PRD, PRI. Ello no excluye a los otros pequeños, pues sería conveniente que se llegara a integrar, si no una visión unánime que aporte legitimidad y fortaleza a su accionar, sí cuando menos una mayoría de voluntades que empuje, sin tardanzas, los cambios que ya se están cocinando en el Congreso y en el Ejecutivo federal.

Los mexicanos iniciaron el presente sexenio viendo cómo se intentaba destapar las cañerías que corren por debajo de las campañas electorales para contaminar, hasta deformarlas, los votos de los electores en las urnas. Los recursos que por esos oscuros conductos circulaban eran ciertamente masivos y en extremo difíciles de detectar para motivos penales. Unos traficados por farisaicos panistas con pocos escrúpulos y otros por los priístas acostumbrados a saquear y repartirse los miles de millones que produce el chapopote. Las enormes multas que al PAN y el PRI les asestó el IFE no finiquitaron el asunto ni saldaron las cuentas exigidas por la opinión general. Los administradores de los Amigos de Fox ni acusaciones mercantiles recibieron. A la financiera panista de ese entonces la cobijaron después sus jefes y ahora es diputada federal. Todo se justificó, según el frívolo pensamiento privatizador, con el virginal origen particular de los recursos usados en la campaña de Fox. Y los del caso Pemex, a pesar de que algunos participantes andan huyendo, otros pe-lean en tribunales y uno más se parapeta, todavía, en la Cámara de Senadores, el resto de beneficiarios adicionales medran orondos aunque su descrédito es cierto.

Vino después la serie de videos que mostraban, sin recato, las manotas de varios perredistas llenando maletas, bolsas del mandado y bolsillos junto a la ya bien extendida fama de negociante que toca al Niño Verde. Pero no fue lo único que enturbió el ambiente.

La cereza que corona las tribulaciones que se viven en la actualidad la acaba de poner el intento de magnicidio contra el gobernador de Oaxaca. En este suceso, el punto neurálgico lo forma esa densa, onerosa corriente de incredulidad que atraviesa y hiere a la conciencia colectiva. La ineptitud rampante de las autoridades del estado ayudó a sembrar los detalles que sostienen, con ventaja sobre los todavía inexistentes hallazgos de la investigación en curso, las dudas sobre lo que, en realidad, pudo ocurrir.

El mero hecho de aceptar, como supuesto de partida y por todos los rumbos y lugares, la posibilidad de un autoatentado, hace referencia a esa insana capa que enturbia instituciones y a sus oficiantes políticos, en este caso al gobernador Murat, de quien, para desgracia de la vida organizada, se abrigan desconfianzas e incredulidades al por mayor.

Así, el desconcierto y la ira se esparcen por el país hasta alcanzar ribetes de peligro. Hay que buscar, de prisa, con valentía e imaginación, escapes a esa presión antes de que estalle, se enquiste como un tumor o se canalice por fuera de los organismos y los procesos diseñados para encauzar la energía colectiva por senderos democráticos. Poner diques, en la forma de nuevas y eficientes normas, para redondear los instrumentos que rigen la vida en común, es una tarea impostergable.

El Poder Legislativo está obligado a procesar este clamor que ya se levanta por todos lados. Hay perentoria necesidad de apaciguar la inconformidad y mitigar la sed de justicia que los ciudadanos expresan en varias, intempestivas, urgentes maneras. Limpiar el espacio público para hacerlo transitable, apreciado, confiable, es la petición subyacente en los reclamos populares.

La reforma del Estado, tan ninguneada y dejada de manera por demás irresponsable en el archivo de los pendientes congelados, es hoy una tarea prioritaria, la de máxima jerarquía. Las iniciativas electorales recién presentadas son un primer paso obligado, pues dan forma a una respuesta acertada, si se toma en cuenta lo que aqueja a la sociedad. Los partidos y sus fracciones en el Congreso no pueden, no deben, a riesgo de no cumplir con un mínimo de sus compromisos como legisladores, dejarlas pasar o mediatizarlas hasta hacerlas irrelevantes.

Los legisladores de todos los partidos deben llegar a consensos que perfeccionen lo que, con defectos y ausencias explicables, hasta ahora se tiene. Los pasados fracasos, al procesar las llamadas reformas estructurales (energéticas y fiscal), forman una dura experiencia de la cual que es preciso sacar las debidas lecciones. Una, quizá la principal, tal vez sea la de su naturaleza unilateral, al menos por parte del gobierno de Fox que quiso, y aún pretende, imponerlas contra la marea opositora que las rechazaba. Las reformas de naturaleza política, en cambio, ya se han discutido hasta el cansancio. Los puntos de confluencia son numerosos y sustanciales. Las paternidades no son lo sustantivo y cada quien podrá sacar ganancias de ella. Es cierto que se tienen que salvar obstáculos, el monto de recursos futuros disminuirá con la consiguiente austeridad para las burocracias partidarias o se mermarán los ingresos a los medios electrónicos a quienes tanto temen los políticos. Pero eso no puede evitar, una vez más, la acción que demanda el electorado so pena de provocar penalidades mayores.

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