Javier Oliva Posada

Lo social en materia electoral

Apuntaba en reciente entrega que no obstante la cercanía de la fecha para el inicio de los trabajos legislativos, 15 de marzo, no había puntos específicos a tratar entre las fracciones. Y sí, así fue. La propuesta de reforma electoral lanzada el sábado por el Presidente de la República, así como la que anunciaron el PRI y el PRD para dar a conocer en esta semana parecen inscribirse en la tendencia negativa de la falta de negociaciones previas. Es decir, como ha sucedido en muchos casos en esta administración, nuevamente se anuncia el objetivo sin antes haber construido los acuerdos y coincidencias básicas. Una reforma electoral en este momento puede ser un elemento útil para la dinámica que vive el país, pero dista mucho de ser la prioridad frente a problemas como la recaudación fiscal y el financiamiento de las responsabilidades sociales del Estado.

Sin embargo, en caso de que se prepare el terreno para la discusión, desde ahora pueden señalarse los elementos que más llaman la atención. Por ejemplo, la duración y condiciones para el financiamiento de las campañas electorales; ambos aspectos son altamente sensibles para la opinión pública y, por supuesto, para los mismos partidos políticos. De hecho, una modificación importante en materia electoral ya fue recientemente plasmada, a propósito de la determinación para el incremento en el porcentaje de la votación para mantener el registro para los partidos políticos, así como que exclusivamente son las Agrupaciones Políticas Nacionales las que pueden aspirar a formar un partido político.

Campañas más cortas y más baratas no garantizan que sean superiores en contenidos y propuestas. Incluso la reducción del tiempo y de los costos pueden operar en sentido contrario, pues ante la brevedad del tiempo, los ataques y el recurso enfocado a los medios electrónicos aumentarán.

Parece entonces que la orientación puede darse en otro sentido, es decir, que si lo que se pretende es proporcionar condiciones adecuadas para elevar la calidad del debate, tal como sucede en Alemania, la publicidad de los partidos políticos debiera prohibirse en radio y televisión. Privilegiar el mensaje respecto de la imagen o la consigna implica para los partidos políticos activar, por ejemplo, a sus representaciones locales. Además de la disposición de una ingente cantidad de dinero que puede destinarse a la educación política y la formación de cuadros.

En todo caso, la necesidad de una reforma en materia electoral va acompañada de la certeza para poner al día las formas de organización y participación en la democracia formal. Los altos índices de abstención federales y locales son la mejor referencia de que no se trata solamente de un asunto de dinero o de tiempo. Datos: 42 por ciento de asistencia a las urnas en el proceso nacional de julio de 2003 y el raquítico 8 por ciento de participación de la lista nominal en las elecciones federales extraordinarias en enero pasado, realizadas en Zamora, Michoacán. El agotamiento y la falta de interés de la ciudadanía pueden tener muchas explicaciones, pero lo cierto es que las cifras allí están. Por eso, la iniciativa para alcanzar una reforma electoral debe conducirse por criterios que vayan a profundidad y en su eventual ajuste, fomenten la participación.

La temática a modificar puede contener aspectos que analicen las fórmulas convencionales de organización social. El verticalismo, el establecimiento de estructuras autoritarias, la falta de transparencia en la procedencia y aplicación de los recursos son elementos que rebasan la pura esfera de lo electoral. Por otra parte, existen condiciones para ir más allá de los formulismos que competen exclusivamente a los partidos políticos y a las autoridades electorales. Las negociaciones tardarán, es lógico; pero los resultados pueden abrir la puerta a una nueva era en la democracia mexicana.

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