En cuatro años, 13 crímenes, 4 de ellos impunes; Barragán Cárdenas, la víctima más reciente

Temor en la comunidad homosexual de Colima ante ola de asesinatos

La PGJE se niega a informar sobre los casos con el argumento de que son datos reservados

VERONICA GONZALEZ CARDENAS CORRESPONSAL

Colima, Col., 5 de marzo. La comunidad gay colimense expresó su temor de que el asesinato de Eduardo Barragán Cárdenas, el pasado primero de febrero, pueda significar la continuación de una serie de crímenes brutales cometidos contra homosexuales de octubre de 2000 a mayo de 2001.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Gilberto García Nava, se negó a dar información sobre los crímenes citados, escudándose en el artículo 24 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Colima, que establece que "las actuaciones de las averiguaciones previas tienen la calidad de información reservada".

Interrogado por La Jornada sostuvo: "no existe posibilidad de conocer cuáles ilícitos se pueden calificar de homicidios sexuales contra la comunidad gay en Colima, pues en esta institución no se clasifican las averiguaciones previas con tales criterios de atención".

El fracaso de la policía para capturar a Miguel Angel Amaro Huerta, El Chacal, identificado por la PGJE como el presunto homicida de cuatro homosexuales en Colima y dos más en Veracruz, así como la forma en que Barragán Cárdenas fue asesinado -golpeado y estrangulado en su propia casa por un desconocido que robó su auto y luego lo abandonó- "son muy similares a las que presentaron en su momento las víctimas de este homicida", explica Jorge Iglesias de la Cruz, presidente de la Asociación de Amigos Colimenses contra el VIH/sida (Acolsida).

El lunes 2 de febrero, Barragán Cárdenas, de 45 años, fue hallado muerto en su vivienda. Dos semanas antes había sido designado secretario particular del rector de la Universidad de Colima, Carlos Salazar Silva, pero al parecer fue víctima de homofobia por su preferencia sexual y sus relaciones con extraños.

Con el homicidio de Eduardo Barragán suman 13 los crímenes contra integrantes de la comunidad gay en esta entidad en los cuatro años anteriores. De éstos, al menos cuatro siguen impunes con el pretexto de que el presunto homicida, Amaro Huerta, "es muy listo y no se ha dejado capturar por la policía".

Amenaza latente

Para el presidente de Acolsida, el asesinato de Barragán Cárdenas vuelve a colocar a la comunidad gay en estado de indefensión ante el probable retorno de El Chacal, quien según la versión del ex titular de la PGJE, Jesús Antonio Sam López, es un psicópata de 25 años originario de Veracruz, que trabajó como reportero del semanario La Verdad, de aquella entidad.

Oficialmente, el primero de los crímenes que cometió Amaro Huerta fue el del estudiante Arnoldo Larios Ramírez, el 28 de diciembre de 2000. Sin embargo, prevalece la versión de que Larios fue la segunda víctima de El Chacal, pues la primera habría sido en realidad el promotor de certámenes de belleza, Mario Octavio Aguilar Zamora.

La versión de los familiares fue que Aguilar Zamora murió de un paro respiratorio el sábado 23 de diciembre de 2000, pero fue hasta el domingo 24 que lo encontraron sin vida en su vivienda.

Dos meses antes del asesinato de Larios Ramírez, en octubre de 2000, Amaro Huerta agredió a Alberto Fuentes, de 33 años, y lo despojó de su vehículo y de dinero en efectivo. El 30 de diciembre de ese mismo año, Carlos Miguel González, de 22 años, fue asaltado, golpeado y abandonado en un hotel. Según la versión del entonces procurador de Justicia, Sam López -actual coordinador de Seguridad Pública-, El Chacal no los mató "porque se condolió de ellos".

El segundo homicidio ocurrió el 22 de enero de 2001. La víctima fue el arquitecto Jorge Ernesto Uruchurtu Larios. La tercera víctima fue Luis Eduardo Vázquez Montes -hermano del gobernador Alberto Vázquez Montes-, quien desapareció el primero de mayo y fue encontrado varios días después estrangulado y atado de pies y manos en la cajuela de su automóvil; la cuarta víctima fue Karim Chávez Alvarez, de 26 años, quien fue ultimado el 10 de mayo de 2001, pero su cadáver fue hallado una semana después, también atado de pies y manos.

Los primeros casos de asesinatos contra homosexuales fueron reportados a las autoridades como robo con violencia, otros como crímenes pasionales. Tal es el caso del estudiante Larios Ramírez, quien mantenía una relación sentimental con un joven canadiense que pasaba una temporada en Colima.

El extranjero recibió una paliza de los policías estatales para que se declarara culpable de un crimen que no había cometido. Cuando los judiciales no lograron su objetivo, llamaron a un amigo del detenido, quien manifestó que la noche del asesinato de Larios Ramírez, el canadiense había estado platicando con él en su casa.

Sólo así fue liberado y advertido de que debía abandonar el país sin decir nada. De inmediato el extranjero empacó sus maletas y regresó a Canadá. Meses más tarde se suicidó.

Un mundo aparte

En esta entidad de 575 mil habitantes, la presión social y religiosa es tal que muchos homosexuales llegan a casarse y tener hijos para progresar social y económicamente, pero sostienen relaciones furtivas con extraños y mantienen ocultas sus preferencias sexuales.

Efraín Naranjo Cortés, presidente del Comité de Derechos Humanos no gubernamental, señala que "ninguna persona con una opción sexual diferente escapa de ser estigmatizado por la sociedad y la Iglesia.

Añade: "Inclusive muchos meses después de que se cometieron los asesinatos supimos que una de las víctimas (Alberto Fuentes) salvó la vida porque el presunto homicida se desistió de matarlo cuando supo que era ministro de la Iglesia".

Sheila, cuyo verdadero nombre es Juan Miguel Puga Pulido, es presidente de la Asociación Colimense de Apoyo a la Diversidad Sexual y relata que en las ciudades de Colima y Villa de Alvarez es donde se registra el mayor número de casos de discriminación contra homosexuales.

"En la capital los homosexuales obvios no pueden andar solos por la calle, porque la policía se los lleva a la cárcel con el argumento de que están prostituyéndose en la vía pública. Yo mismo he estado cinco veces preso, pero nunca me he prostituido", apunta.

La situación de los homosexuales que trabajan en la zona de tolerancia es muy difícil, pues en los primeros días de febrero de este año las autoridades panistas de la capital les negaron el derecho a hospedarse en los dos burdeles gay que operan en el lugar.

"Los comisionados (representantes del ayuntamiento) nos dijeron que ya no podíamos vivir en los cuartos de los bares, dizque por que ahí se vende droga, pero eso no es cierto. Hace poco detuvieron a uno que traía droga, pero era para su consumo personal y por él perdimos todos. Ahora tenemos que pagar hotel y a veces ni siquiera nos alcanza para alquilar un cuarto. Yo he tenido que dormir en el monte, porque si me duermo en la ciudad me llevan a la cárcel", explica Cristian.

Kasandra contrajo el VIH y apenas puede caminar. Hace tres meses lo operaron de un pulmón porque padece tuberculosis y los comisionados aprovecharon su convalecencia en el hospital civil para echarlo definitivamente de la zona de tolerancia. No tiene casa, dinero, ni familiares, y también ha tenido que dormir en el monte porque su único refugio, el burdel Acapulco, no volverá a funcionar como hotel.

Kasandra consiguió hospedaje por unos días con religiosos de Iglesias de la Cruz; al igual que Sheila tiene la esperanza de que pronto la policía capture al o los responsables de los crímenes seriales contra homosexuales. Ambos confían en que el nuevo gobernador, Gustavo Alberto Vázquez Montes, tenga la sensibilidad política para aclarar la muerte de su hermano Luis Eduardo y otros miembros de la comunidad gay que, tras cuatro años de ocurridos siguen impunes.