Afectados demandan liberar órdenes de aprehensión contra el dueño de la empresa

Piden a las autoridades de justicia local y federal intervenir en el caso PubliXIII

Tras protestar en el Zócalo, clientes defraudados se manifestaron ante la Corte y el TSJDF

LAURA GOMEZ FLORES

Más de 200 defraudados por PubliXIII solicitaron ayer la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), para que se liberen las órdenes de aprehensión en contra del dueño de la empresa, José Luis González González, y se les rembolse el dinero que invirtieron.

El sueño de adquirir un automóvil nuevo se convirtió en una pesadilla para 4 mil 500 clientes de PubliXIII en esta ciudad, quienes desde octubre pasado perdieron la esperanza de recuperar su dinero, mientras las autoridades se niegan a aceptar que se trata de un asunto penal.

Así lo señaló el presidente de la asociación civil Grupo AfecXIII, Guillermo Vanegas García, quien junto con otros defraudados, en su mayoría mujeres y gente de la tercera edad, exigieron justicia ayer en la Plaza de la Constitución, donde con cacerolas, tapas, cucharas y matracas llamaban la atención de los transeúntes y automovilistas, a quienes solicitaban su apoyo para localizar a González González.

Entregaban volantes con la fotografía del "ladrón y defraudador" y los pegaban en los postes, para evitar que "siga transando a la gente y quedándose con su dinero, ganado con años de esfuerzo". Más tarde, los inconformes se dirigieron a la Suprema Corte y al Tribunal Superior de Justicia.

En ambas instituciones entregaron una carta dirigida a sus respectivos presidentes, Mariano Azuela y José Guadalupe Carrera, donde les solicitan que tomen las medidas necesarias para la debida actuación de los juzgados penales y se libere la orden de aprehensión en contra del empresario, como ha sucedido ya en algunos estados de la República, como Puebla, "y acabar con la impunidad de que goza".

También solicitaron a ambos funcionarios que les indiquen las fallas técnicas detectadas en la integración de la averiguación para acreditar la comisión del ilícito de asociación delictuosa y fraude, que provocaron que las primeras denuncias consignadas a los juzgados penales fueran devueltas al Ministerio Público. Señalaron que esto permite "que un delincuente continúe en libertad mientras cientos de personas ven esfumarse su dinero".