El intercambio de bonos se efectuará luego de "encapsular" tales operaciones

Posponer la revisión de créditos irregulares, plantea el IPAB

Los títulos son por 220 mil millones de pesos Afirma el vicepresidente de la CNBV que se cumplirán las observaciones de la Auditoría Superior y se buscará un acuerdo con los cuatro bancos

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El polémico proceso para que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asuma la responsabilidad legal por los bonos que emitió el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo sin la autorización del Congreso para salvar a los bancos de la quiebra en 1995, entró en su etapa final. Sin una discusión abierta sobre un tema que compromete recursos públicos, las autoridades financieras tienen sobre la mesa un plan que busca realizar el intercambio y dejar para después la revisión de las operaciones que el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados considera irregulares.

El intercambio de los pagarés del rescate bancario, cuya legalidad es cuestionada por un grupo de legisladores, será realizado a partir de una propuesta de las autoridades financieras para "encapsular" las operaciones sobre las que existe alguna observación, confirmaron este viernes funcionarios del gobierno.

La principal propuesta que se está estudiando es la de realizar el intercambio y dejar bajo observación, para ser solventada después, la parte correspondiente a las operaciones sobre las que existe sospecha de irregularidad, aseguró este viernes el IPAB. Sin embargo, el organismo negó que la próxima semana "o en los próximos días" vaya a ser convocada una reunión extraordinaria de la junta de gobierno para poner punto final a este tema, como se informó el jueves en la Cámara de Diputados.

"Vamos a cubrir las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación" (ASF), comentó a La Jornada Miguel Angel Garza, vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), una de las entidades involucradas en el proceso. "El criterio es cumplir las observaciones de la ASF y llegar a un acuerdo con los cuatro bancos" involucrados en el intercambio de pagarés (Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, HSBC, antes Bital, y Banorte), explicó.

Actualmente, dichos bonos tienen un valor bruto de 220 mil millones de pesos y forman parte de los activos de los bancos. El vencimiento de esos documentos comienza a partir de 2005. Las cuatro instituciones de crédito que mantienen esos documentos están interesadas en intercambiarlos por bonos avalados por el IPAB, dado que los actuales, emitidos por el Fobaproa, no tienen el aval del Congreso y existe polémica sobre su legalidad. La ASF considera que algunas de esas operaciones fueron irregulares y por lo tanto demanda una nueva revisión. El IPAB está obligado a auditar esas transacciones antes de hacer el intercambio, aunque los bancos están amparados contra cualquier nueva revisión.

Pero los bancos involucrados en el proceso, los cuales son extranjeros con la excepción de Banorte, han ido ganando posiciones en la polémica. El secretario ejecutivo del IPAB, Mario Alberto Beauregard Alvarez, quien asumió el cargo en diciembre pasado a propuesta del secretario de Hacienda, Francisco Gil, ha abierto opciones para realizar el intercambio de los pagarés, aun cuando no esté siquiera iniciada la revisión que marca la ley.

En una entrevista con La Jornada, Miguel Angel Garza, vicepresidente de la CNBV, el organismo regulador del sistema financiero y que forma parte de la junta de gobierno del IPAB, confirmó que sobre la mesa existe la propuesta de realizar el intercambio de los pagarés aun cuando no se hayan realizado las auditorías marcadas por la ley que regula las actividades del IPAB.

Uno de los argumentos de los banqueros para oponerse a la revisión es que las operaciones ya fueron auditadas por el Congreso en 1998, cuando el Legislativo contrató al especialista canadiense Michael Mackey. Sin embargo, en el reporte emitido por el experto se establece claramente que esa revisión no puede ser considerada una auditoría puesto que no recibió toda la información que requería.

"La posición de la CNBV es que se cumplan las observaciones (sobre eventuales irregularidades) que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación y que se llegue a un acuerdo con los bancos involucrados para hacer una revisión y proceder al intercambio de los pagarés", comentó el vicepresidente del organismo.

La opción planteada por las autoridades financieras, y que es apoyada por el secretario ejecutivo del IPAB, consiste en que sea realizado el intercambio de los pagarés, con lo cual se acabaría a favor de los banqueros la polémica sobre los papeles emitidos por el Fobaproa. A cambio, las transacciones sobre las que existe alguna "observación", cuyo monto no supera los seis mil millones de pesos de los 220 mil millones que comprende el paquete, quedarían "encapsuladas" para una posterior revisión.

El eventual "encapsulamiento" de las operaciones irregulares, a decir de Miguel Angel Garza, es "una de las ideas que se han vertido, en cierto modo para tratar de encontrar una salida a la polémica, si es que la Auditoría Superior de la Federación está de acuerdo".

Presión al gasto público

En caso de que no sea realizado el intercambio, el gobierno federal tendrá que empezar a pagar los bonos, cuyo vencimiento inicia en 2005.

Víctor Manuel Herrera, director en México de la firma de calificación de valores Standard and Poor's, estimó que el próximo año habría, en caso de no realizarse el intercambio, un vencimiento de bonos Fobaproa por un monto equivalente a 10 mil millones de dólares. Para hacer frente a esa obligación, el Ejecutivo federal tendría que solicitar la partida por ese monto al Congreso, para que fuera incluida en el presupuesto de egresos de la Federación para 2005.