"Un asalto", la inminente carga de ese monto a los contribuyentes: Dolores Padierna

Endosará el Congreso al país deuda de $220 mil millones; avalará el IPAB

La Junta de Gobierno del instituto ya comenzó a rasurar la información, advierte Di Costanzo

ROBERTO GARDUÑO

En sesión extraordinaria, la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario avalará pronto el canje de títulos de deuda del Fobaproa por pagarés IPAB, lo que significa un beneficio sustantivo para los bancos rescatados a partir de la crisis de 1995, porque el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), cuyo monto asciende a 220 mil millones de pesos, se convertirá en deuda pública al aprobarlo así el Congreso.

El acuerdo que asumirá la Junta de Gobierno es el resultado del cabildeo entre las autoridades del instituto y los diputados panistas Federico Döring, Francisco Barrio Terrazas, Salvador Toscano y Gustavo Enrique Madero; por el lado del PRI han intervenido el director general de la Condusef, Oscar Levín Coppel; el director jurídico del Sistema de Administración Tributaria, Jorge Carlos Ramírez Marín, y José Merino, asesor del secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, informó la diputada perredista Dolores Padierna.

Una vez que la Junta de Gobierno del instituto avale el procedimiento, corresponderá a la Cámara de Diputados consumar esa decisión mediante la mancuerna PRI-PAN.

Con la acción descrita se pretende que el monto de los recursos, que pasarían a ser responsabilidad de las instituciones bancarias involucradas en el rescate del Fobaproa, se conviertan en obligaciones del IPAB. El acuerdo también incluiría la incorporación de las auditorías light y el canje de pagarés, "dejando encorchetadas sólo algunas operaciones que involucran recursos por 4 mil millones de pesos, de un total de 220 mil millones, que es el valor actual de las operaciones de compra de cartera", confirmó Mario di Costanzo, analista financiero del PRD.

La próxima reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno es considerada por Padierna "un gran asalto, porque la Secretaría de Hacienda prepara el golpe final y durante las próximas semanas llevará a cabo el canje de pagarés".

En caso de concretarse el aval del IPAB para canjear los pagarés, también se permitiría que las auditorías denominadas de gestión, existencia y legalidad (GEL) sólo analizarán y fiscalizarán las operaciones que permitan los bancos, y se enfocarían a las que han sido calificadas de irregulares. El instituto las calcula en 4 mil millones, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció esos recursos en un monto de casi 50 mil millones de pesos.

El total de las operaciones encorchetadas no representa ni siquiera 2 por ciento del valor total del PCCC, y sólo alcanzaría 10 por ciento de las observaciones que realizó la ASF a la Cuenta Pública de 2001.

"Respecto al canje de pagarés, resulta tan ilegal la acción que el secretario ejecutivo del IPAB ha recibido la garantía de Alonso García Tamez, subsecretario de Hacienda, de que no será necesaria la firma de Beauregard para la sustitución de deudas. Lo anterior ha provocado el nerviosismo de Alfredo Vara, secretario adjunto de Protección al Ahorro, y de Lucía Villalón, secretaria adjunta jurídica, en virtud de que, en caso de que se fincaran responsabilidades por parte del Congreso, ellos dos serían los directamente implicados", reveló Di Costanzo.

La convocatoria extraordinaria a la Junta de Gobierno para los próximos días ocurrirá pese a la decisión asumida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el 13 de agosto del año pasado emitió un exhorto al instituto para cumplir estrictamente con lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, que ordena la revisión y acatamiento de los bank reports, elaborados por el auditor canadiense Michael Mackey, y de las observaciones de la ASF. A la fecha ni el IPAB ni Hacienda ni la Convención Nacional Bancaria y de Valores han respondido a la solicitud del Congreso de la Unión.

Di Costanzo manifestó que el IPAB ya ha comenzado a "rasurar" la información concerniente a las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno, que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) autorizó le fueran entregadas, "al grado que Mario Beauregard despidió la semana pasada a Roberto Barrera, quien además de desempeñarse como vocero del IPAB fungía como representante ante el IFAI".

Ahora Gabriel Guzmán, quien trabajó en el Fobaproa y es el nuevo representante del IPAB ante el IFAI, pretende reducir las 25 cajas que contienen información sobre el instituto, con alrededor de 50 mil fojas, a un legajo de 900 cuartillas.