El aún presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, recibió en días pasados un equívoco e improcedente respaldo de los gobiernos estadunidense, francés y canadiense, así como de la Comunidad de Países del Caribe (Caricom). Los mediadores internacionales ofrecieron a la oposición civil haitiana un plan de paz inaceptable, en la medida en que estipulaba la permanencia en el poder del corrupto y autoritario presidente. La prolongación del régimen del ex sacerdote salesiano generó un indeseable margen para el fortalecimiento y la expansión de los grupos paramilitares que hasta hace poco mantenían alianzas con Aristide y que ahora, sublevados, controlan una buena parte del territorio de la nación caribeña y se acercan a la capital, Puerto Príncipe, llevando consigo la amenaza de un baño de sangre.

El rápido y casi irreversible deterioro del gobierno, la falta de respaldo internacional a los opositores democráticos y el avance vandálico de los ex tonton macoutes en el norte han creado una circunstancia de catástrofe en la nación caribeña, y para enfrentarla se han conformado, en Washington y en París, actitudes divergentes. El presidente George W. Bush, en una expresión primaria de la mentalidad militarista imperante en la Casa Blanca, habla de enviar a Haití "una fuerte presencia de seguridad" y de establecer un cerco marítimo para impedir la llegada a Estados Unidos de una eventual oleada de refugiados procedentes de ese país. El canciller francés, Dominique de Villepin, en cambio, sin oponerse a la conformación de una "fuerza civil de paz" para evitar una matanza, pone el énfasis en la necesidad de construir una salida política viable para la crisis haitiana.

De acuerdo con las versiones procedentes de París, el Quai d'Orsay ha concluido que Aristide debe abandonar el poder, cuyo régimen, según De Villepin, "ya se ha alejado de la legalidad constitucional". La conclusión lógica de esa apreciación es que resulta necesario organizar unas elecciones presidenciales. Fuentes de la cancillería francesa afirman que esos comicios tendrían que realizarse antes de junio, es decir, muy pronto.

La postura de París parece aportar un camino practicable para el restablecimiento de condiciones políticas mínimamente democráticas en esa ex colonia francesa, toda vez que propone acompañar el despliegue de la fuerza de paz con medidas como acciones de ayuda humanitaria, envío de observadores de derechos humanos, asesoría para el desarrollo del proceso electoral y asistencia sostenida para la reconstrucción del país. Washington, en cambio, carece, a juzgar por las declaraciones de Bush, de más opciones que desplegar gendarmes en el territorio haitiano, estrategia que, de concretarse, fortalecería a las bandas de ex soldados que se encuentran a las puertas de Puerto Príncipe.

Ciertamente, la prioridad coyuntural es impedir que ocurra en la infortunada nación caribeña una matanza como las muchas que han marcado su historia, y en esa perspectiva tal vez resulte inevitable desplegar allí una fuerza policial internacional. Pero la comunidad internacional, y especialmente Francia y Estados Unidos, tienen una deuda moral histórica con la población haitiana, y para saldarla deben proponer medidas concretas y efectivas para la construcción de una institucionalidad democrática y un desarrollo económico sostenible en la patria de Toussaint L'Ouverture.