Se hará a espaldas del Congreso de la Unión y sin acatar auditoría, asegura Di Constanzo

Inminente acuerdo entre IPAB, Hacienda y CNBV para cerrar el rescate bancario

Disparará deudas pública e interna hasta $2.7 billones; en riesgo las finanzas públicas: CEESP

ANTONIO CASTELLANOS

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), apoyado por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), busca cerrar la historia del rescate bancario y que los contribuyentes asuman un costo superior al billón de pesos. Se prevé que Banamex, Bancomer, Bital y Banorte sólo paguen 5 mil millones de pesos. Con lo anterior las deudas interna y externa se dispararán, hasta 2 billones 700 mil millones de pesos. El acuerdo es inminente.

La decisión de la Junta de Gobierno se dará antes del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, afirmó Mario Di Costanzo, asesor del grupo parlamentario del PRD. Además, la casi nula capacidad recaudatoria de estados y municipios y la debilidad estructural que representa la elevada dependencia de ingresos petroleros, podrían afectar la viabilidad de mediano plazo de las finanzas públicas y, por lo tanto, la estabilidad, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Los economistas del sector privado plantearon que en los años pasados el gobierno federal asumió diversas obligaciones derivadas del rescate del sistema financiero y de otros programas. De acuerdo con el informe de las finanzas públicas para el cuarto trimestre de 2003, las obligaciones garantizadas del sector público ascendieron a 444 mil 797 millones de pesos, lo que representó 6.9 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Si ya esa cifra representa importantes presiones sobre el gobierno federal, una más, que hasta hace algunos años no generaba preocupación, es el pasivo laboral de los trabajadores al servicio del Estado. Algunos reportes indican que la carga por este concepto ha crecido tanto, que actualmente supera el monto total de la deuda del sector público (interna y externa), que representa 27.5 por ciento del PIB.

La estructura y la dinámica poblacional podrían causar un quebranto en las finanzas públicas, porque tradicionalmente no se han acumulado las reservas suficientes para enfrentar este pasivo y las condiciones de trabajo y retiro implican fuertes erogaciones actuales y futuras.

Según la información proporcionada a La Jornada, el acuerdo consiste en separar 20 mil millones de los 221 mil millones de pesos incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC). De los primeros sólo se revisarán 5 mil millones y el IPAB se comprometerá a canjear los pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), sin mayor auditoría.

Para su pago, el IPAB renegociará sus adeudos, por lo que posiblemente cubra una parte de su deuda en forma inmediata y el resto lo documente con nuevos préstamos con los banqueros a largo plazo y a tasas mayores que las actuales.

Actualmente la deuda bruta del IPAB es de 821 mil millones de pesos y con el pasivo del PCCC rebasaría el billón de pesos, precisó Di Costanzo. Expresó que todavía no se sabe de dónde sacará los recursos, porque en la Cámara de Diputados habrá fuerte oposición, sobre todo porque las decisiones serán adoptadas a espaldas del Poder Legislativo y sin acatar la auditoría que se ha demandado a esos créditos que fueron ilegales.

A este respecto precisó que el secretario Ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard; Lucía Villalón y Alfredo Vara Alonso, secretarios adjuntos del Jurídico y de Protección al Ahorro del instituto, tendrían problemas legales por firmar pagarés que no tienen respaldo. Los banqueros se oponen a su revisión porque saben que fueron financiamientos otorgados sin ninguna garantía y entre ellos mismos, subrayó.

En la negociación del acuerdo han participado el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; Alonso García Tamés, subsecretario de Hacienda; Luis Mancera Arrigunaga, jefe de la Unidad de Banca de Ahorro; Jonathan Davis, presidente de la CNBV. También están María Teresa Fernández, vicepresidenta de Normatividad de la comisión; Héctor Tinoco y Carlos Isoard, vocales del instituto.

Por último, Di Costanzo afirmó que el propósito de aprobar la conclusión del rescate bancario es evitar que sea cuestionado por la Comisión Especial para investigar al IPAB, cuya instalación ha sido postergada. De antemano se sabe que la encabezaría la diputada Dolores Padierna, quien se opondría a una negociación en tal sentido porque lesionaría gravemente a los contribuyentes.