En juego, el destino de los "soldados del surco" JESÚS RAMIREZ CUEVAS Vicente Fox se lava las manos en el caso de los ex braceros, primero los envía con Santiago Creel y éste los remite al Congreso de la Unión. El gobierno se niega a aceptar la deuda pero se siguen acumulando pruebas de que el dinero del fondo de ahorro descontado a miles de mexicanos que laboraron como trabajadores temporales en Estados Unidos entre 1944 y 1967 (en el Programa Bracero), fue enviado a México. Por su parte, el movimiento de ex braceros vive una disputa interna por la interlocución con las autoridades y la amenaza de ser usado con fines partidistas
En un documento entregado por altos ejecutivos del banco del vecino país a representantes de los ex braceros el 16 de febrero de 2002, aseguran que cuentan "con registros de los envíos de dinero de Wells Fargo al gobierno mexicano a través del Banco del Ahorro Nacional y del Banco Nacional de Crédito Agrícola (después Banrural y hoy Financiera Rural)". En el oficio firmado por Mary Trigg y Miriam Galicia Duarte, vicepresidentas del corporativo de comunicaciones de Wells Fargo, la institución financiera declaró su "disposición para ayudar a resolver el reclamo de los fondos que nunca fueron pagados a los ex braceros". El banco estadunidense respondió así a la Alianza Braceroproa que había lanzado una campaña de boicot contra Wells Fargo por su participación en el fraude: "WF no tiene ningún documento, excepto dos comprobantes de envíos hechos por el vicepresidente de Wells Fargo en 1944 y 1945, pero contamos con registros de que pagamos nuestras deudas del fondo de ahorro de los braceros". Más adelante, los directivos del banco informaron: "Tenemos un fondo de datos relevantes en varios archivos gubernamentales que establecen que (...) esos ahorros fueron transferidos exitosamente a bancos mexicanos para distribuirlos entre los braceros". Sin embargo, el banco se negó a entregar los registros de los montos transferidos a México y la lista de los beneficiados. Los directivos de Wells Fargo afirmaron que "Estados Unidos, 60 años después, debe mostrar gratitud con nuestros vecinos mexicanos por su ayuda y en particular a miles de braceros que trabajaron en nuestro país. Estamos ansiosos por ayudar a buscar una solución rápida en esta disputa y apoyar la búsqueda de justicia para los braceros que no recibieron los fondos a los que tienen derecho". La información de que el gobierno mexicano recibió ese dinero fue confirmada por la Comisión de Gobernación del Senado, que el pasado 4 de diciembre aprobó un punto de acuerdo en el que manifiesta que "según las autoridades estadunidenses, las deducciones fueron entregadas por el gobierno de Washington al Banco de México, institución que las trasladó al Banco Agrícola, actualmente convertido en Financiera Rural; sin embargo, las autoridades mexicanas nunca devolvieron los fondos y actualmente, a más de 50 años de estos sucesos, se argumenta que no se cuentan ni siquiera con registros de dichos depósitos". Pilatos Tras más de 50 años de indiferencia oficial, el problema de los ex braceros saltó a los titulares después de que un grupo de ellos, encabezados por Ventura Gutiérrez, irrumpió en un rancho de la familia Fox. "Fuimos a Guanajuato para que todo el país se enterara de que el gobierno se quiere lavar las manos de nuestro reclamo", dijo Gutiérrez a Masiosare. Dos días después, en Los Pinos fue recibida una delegación de la Asamblea Nacional de ex Braceros (ANB) que propuso un diálogo nacional. Una semana más tarde, el presidente Vicente Fox escurrió el bulto y en voz de la directora de Atención Ciudadana, Laura Carrera, dijo a los braceros que "el gobierno no tenía dinero" pero que dijeran abiertamente "cuántos son y cuánto quieren" porque "no tiene caso desenterrar el pasado, hay que ver hacia el futuro, pero ustedes quieren venganza". Acto seguido, ignorando su propuesta de diálogo nacional, Presidencia los envió a la Secretaría de Gobernación, que ha aclarado que cualquier decisión sobre el adeudo corresponde al Congreso. El gobierno rechaza reconocer la deuda histórica con los ex braceros. Así lo declaró Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobernación el 14 de febrero, tras una reunión con los integrantes de la Alianza Braceroproa, la organización más representativa del movimiento: "No hay disposición para pagar... como no hay litigio jurídico fallado, no hay ninguna obligación impuesta al gobierno mexicano". Esa tajante afirmación contradijo ese mismo día a Santiago Creel, su jefe, que había declarado: "No vamos a descansar hasta encontrar una solución justa para afrontar el problema de los ex braceros y sus legítimas demandas". Dónde quedó la bolita
Pero cuando empezaron las negociaciones con la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, la Alianza Braceroproa cambió de estrategia. Ventura Gutiérrez declaró que mientras la Corte federal estadunidense decidía el litigio sobre el pago de este fondo, el único tema de negociación en México sería el pago de una recompensa económica (en los hechos significa renunciar al reclamo del pago del 10% en México) y una ayuda social como adultos mayores. En esta visión coincide la Unión Binacional de Organizaciones de ex Braceros, encabezada por Baldomero Capiz. En cambio, la ANB demanda que el fraude debe ser investigado. Las dos primeras organizaciones, junto con el gobierno federal y las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, han propuesto crear un Fideicomiso para pagar una compensación económica a los ex braceros (se habla de 5 mil dólares a cada uno). Además, ambas organizaciones, cada una por su lado, negocian la incorporación de los antiguos braceros al Seguro Social, a los programas federales para adultos mayores y la entrega de visas humanitarias. Al respecto, la ANB considera que "no se pueden reemplazar nuestros derechos laborales por propuestas asistencialistas, que son un derecho por ley y que deben otorgarse a todos los adultos mayores", declaró Luz Rivera. Cuando los braceros atrajeron la atención nacional, el líder de la Alianza, Ventura Gutiérrez, habló de una solución light, argumentando que el tema del dinero adeudado estaba siendo ventilado en una Corte estadunidense y que lo que tenían que negociar los ex braceros con el gobierno era una ayuda social. Sin embargo, primero tiene que formarse la Comisión Especial legislativa, después necesita elaborar una iniciativa de ley y el Congreso necesita destinar una parte del presupuesto para ese fin. El primer escollo es que tanto Gobernación como el PRI y el PAN sólo reconocen los derechos de los ex braceros que laboraron entre 1942 y 1946 (periodo del primer programa bracero). En tanto que las organizaciones pugnan porque se amplíe a todos. Hay pruebas de que los contratos laborales de mexicanos migrantes se firmaron hasta 1967 en el marco del convenio binacional. En el documento oficial Acuerdo Relativo a la Migración de Trabajadores Agrícolas, fechado el 21 de febrero de 1948 se reafirma que "con el propósito de fomentar la creación de fondos de ahorro, el patrón retendrá el 10% del salario del trabajador, entregándole constancia de los descuentos". Por ejemplo, el contrato de un bracero firmado en 1960 estipula que "el trabajador manifiesta su conformidad para que le sea descontado el 10% ... para serle reintegrado a su regreso al punto de origen". Las vertientes del movimiento Con casi seis años en lucha, el movimiento de los trabajadores ex braceros está representado principalmente por tres organizaciones, aunque existen pequeños grupos en varios estados. Las negociaciones entre estas organizaciones y las autoridades federales han provocado divisiones al interior del movimiento. La causa principal de la disputa ha sido por quién es el principal interlocutor ante el gobierno, aunque también pesan la divergencia de visiones. La principal controversia se da entre la Alianza Braceroproa, encabezada por Ventura Gutiérrez y la Unión Binacional de Organizaciones de ex Braceros, de Baldomero Capiz. A principios de 2003 las tres organizaciones acordaron marchar a Los Pinos para exigirle a Fox una respuesta a sus demandas, pero cuando lograron abrir una ventanilla con el gobierno se dividieron. Alianza Braceroproa Ventura Gutiérrez es el fundador del movimiento de ex braceros. Michoacano de nacimiento pero migrado a Estados Unidos, Ventura posee las dos nacionalidades. Su interés por los ex braceros comenzó cuando su abuelita le pidió que investigara la pensión de su marido, ex bracero. Tras encontrar una copia del Plan Bracero, convocó a la primera reunión en Puruándiro, Michoacán. Después fue creciendo el movimiento y se realizó la primera asamblea en Moroleón. En el 2000 se funda la Alianza Braceroproa, la primera organización y la más representativa del movimiento. Tiene grupos en 28 estados. Su activismo político comenzó en 1988 cuando participó en un comité de apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, rechaza que pertenezca a algún partido político. Centro de la atención tras los sucesos en el rancho de los Fox, Ventura Gutiérrez dice que con ello "hemos dado un paso importante en el reconocimiento de nuestras demandas". Gutiérrez Méndez reivindica los avances del movimiento como si fueran patrimonio exclusivo de su organización: "Los demás se montan en nuestro trabajo". Centra su crítica en la Unión Binacional. "Durante cuatro años cuenta apoyamos a Baldomero Capiz en Los Angeles, pero intentó adelantarse en las negociaciones y lo expulsamos de la Alianza. Capiz se unió a los grupos de Sonora, Sinaloa y Durango de la UGOCM por razones partidistas. Los líderes de ex braceros de esos estados se lanzaron a buscar diputaciones por el PRD, pero perdieron". Sobre las acusaciones en su contra de lucrar con el movimiento, Ventura Gutiérrez responde: "Desde un principio decidí no recibir dinero. Los comités estatales cobran una cuota de 50 pesos para gastos, lo demás son aportaciones voluntarias para sostener nuestras actividades. Cada quien paga sus gastos". Aclara que gente solidaria sufraga sus viajes. Acusa a Capiz de cobrar entre 20 y 30 dólares a cada uno de los 5 mil ex braceros de su organización en California. Al hablar de la ANB, es menos beligerante: "Su principal fuerza está en Tlaxcala, pero el gobierno sabe que es un grupo que tiene nexos con el Frente Zapatista de Liberación Nacional". "Tienen un interés político y social continúa porque buscan a través de una rebelión social hacer los cambios que todos queremos para México. Ellos se organizan a través de los Consejos de Ancianos de las comunidades de Tlaxcala". También acusa a la CNC y a algunos diputados de querer aprovecharse del movimiento con fines electorales. La Unión Binacional
Diez años después, los viejos conocidos acordaron promover la lucha a favor de los ex braceros. Reconoce que Ventura, él y Ema Valdovinos fueron los iniciadores del movimiento. "El principal objetivo fue organizar a los ex braceros e investigar donde habían quedado los fondos. Queríamos construir una fuerza capaz de reclamar a los gobiernos mexicano y estadunidense la devolución de lo que se les debía". En 2001 se presentó una demanda legal en la Corte federal de San Francisco, en un intento por resolver el asunto por la vía legal. En México nunca se presentó una demanda por la poca confianza que les inspiraban el sistema de justicia. Según Capiz, "cuando se crea la comisión especial de diputados en 2001, pensamos que con la vía jurídica en Estados Unidos, junto con el movimiento político en México, podríamos resolver nuestra demanda". "En febrero del año pasado logramos una fuerza nacional indiscutible", explica Capiz. Pero, añade, "también se dividió el movimiento". Todas las organizaciones deciden unir esfuerzos para presionar hacia una solución, se acuerda marchar a Los Pinos el 6 de febrero para plantearle a Fox sus demandas. Pero como a la manifestación llegó más gente de Tlaxcala que de la Alianza, dice que Ventura Gutiérrez ya no quiso marchar. "Creo que le entraron celos y cambió el acuerdo de manera dictatorial", dice Capiz. Los de Tlaxcala marcharon solos a Los Pinos. Los de la Alianza formaron comisiones para ir a las dependencias. Desde Gobernación, Ventura Gutiérrez llamó a Capiz y le dijo que fueran juntos a Los Pinos "para no quedarnos atrás". "El se sintió rebasado continúa Capiz, cuando llegamos allá, los representantes de 11 estados, Gutiérrez no quiso entrar. El pretexto era que su avión salía a las nueve de la noche. Su gente se enojó con él. Era el momento propicio para iniciar una mesa de diálogo. Era el momento en que Ventura, como líder binacional, se tenía que fajar para dialogar con el gobierno, pero se echó para atrás". A partir de ahí, el movimiento se divide. "Ventura buscó ser el único interlocutor, mientras los demás participábamos en reuniones en Gobernación y con los diputados", relata Capiz. Cuando se acordó crear el padrón de ex braceros, Gutiérrez se opuso a que se establecieran oficinas estatales, porque buscaba centralizar los registros. "Actúa como si fuera el único líder del movimiento. Esa actitud protagónica lo llevó a acciones como la de San Cristóbal, donde buscó recuperar el lugar que perdió al dividir al movimiento". Baldomero Capiz no oculta sus simpatías por el PRD, pero dice, son a título personal, también acepta que impulsó un comité de apoyo a Andrés Manuel López Obrador en Los Angeles hace dos semanas. Pero, aclara "es como ciudadano, no como líder de ex braceros". Aliado al diputado perredista Valentín González, busca afianzar a la Unión Binacional como la principal organización de los ex braceros. "No estamos vendiendo el movimiento insiste, estamos buscando el apoyo de todos los partidos políticos para elaborar la iniciativa de ley". La Asamblea La Asamblea Nacional de ex Braceros fue creada en agosto de 2003. Agrupa a ex trabajadores de seis estados. Luz Rivera, líder campesina de Tlaxcala que en los últimos años impulsó la organización de los ex braceros en su estado, cuestiona "la falta de voluntad política del gobierno de Fox, que ha repetido el procedimiento priísta de dividir al movimiento mediante acuerdos poco claros". No acepta a la idea de un padrón que excluya a la mayoría. El pasado 9 de febrero, la ANB emplazó al gobierno federal a realizar un diálogo público con todos. Pero, dice, "el titular del Ejecutivo se negó y nos remitió a Gobernación". Según Rivera, "los partidos en la Cámara no quieren investigar dónde quedó el dinero, por las implicaciones políticas que pueda tener". LA ANB no acudirá a Gobernación "porque no le creemos, sólo busca dividir al movimiento, sembrar falsas esperanzas y ganar tiempo. Exigimos que los diputados y Fox no sean cómplices de los anteriores funcionarios". La ANB también emplaza al gobierno estadunidense "para que proporcione la información de Wells Fargo Bank sobre los depósitos que se hicieron del fondo de ahorro. El gobierno mexicano está obligado a pagar porque fue un convenio internacional. El dinero lo ganaron los braceros trabajando y, de acuerdo con la Constitución, nadie puede ser privado del fruto de su trabajo". Aunque no quiere referirse a las otras organizaciones, sí comenta que no están de acuerdo con sus métodos de negociación. Y advierte: "Hoy aparecen muchos interlocutores que buscan disputarse un pedazo del presupuesto, esto propicia las cuotas con fines políticos y electorales". También cuestiona la forma en que se negocian los apoyos sociales a los ex braceros "porque fomentan el clientelismo". Según Luz Rivera, "le corresponde al Ejecutivo resolver este problema pero hasta ahora no ha mostrado voluntad. Por eso vamos a realizar una demanda laboral para conocer el destino de los fondos robados. Estamos dispuestos a escuchar propuestas para resarcir el daño, estamos conscientes de las dificultades financieras del país, pero cualquier propuesta tiene que ser sobre la base de conocer la verdad". Mientras el movimiento no encuentra los caminos de la unidad y la opinión pública vuelve al sopor de los escándalos políticos de la semana, los "soldados de los surcos" como se les conoció del otro lado mantienen su exigencia de que se les haga justicia después de 60 años.
En 1958, el doctor Ernesto Galarza escribió "Trabajadores mexicanos en tierra extraña", una investigación donde demostró que los convenios de braceros fueron, en la práctica, instrumentos para mantener la misma explotación a la que los trabajadores migratorios nacionales eran sometidos en Estados Unidos desde muchos años antes de firmarse el primer convenio en 1942 (citado por Jorge Bustamante en su libro Migración internacional y derechos humanos. UNAM, 2002). El doctor Galarza recorrió los campos de trabajo estadunidenses y denunció que los mexicanos habían sido despojados de sus derechos civiles y laborales. En ese tiempo hizo varias recomendaciones al gobierno mexicano, pero éste cerró los ojos para no enemistarse con su vecino. Uno de los testimonios recogidos por Ernesto Galarza señala: "No creo que a los espaldas mojadas se les trate peor que a los braceros. Yo he sido espalda mojada y esta vez vine contratado debido a las garantías que daban y no era verdad, pero nadie se atreve a protestar por miedo a ser devuelto a México". "Los convenios de braceros escribe Bustamante sirvieron para legitimar y perpetuar las condiciones de explotación bajo las cuales fueron tratados, tanto braceros en el pasado como los trabajadores indocumentados en el presente". Eso incluye el racismo, la desigualdad, la discriminación y los abusos de todo tipo. "Nunca hubo dignidad para nosotros" Los patrones cambiaban el salario a su arbitrio; llegaban a deducir hasta 70 centavos por cada dólar ganado por los mexicanos. A veces, retenían parte del jornal para que permanecieran hasta el final de las cosechas. Les descontaban por el seguro, pero si enfermaban no los atendía ningún doctor. Les cobraban 20 dólares por envíos de cuando mucho 80 dólares semanales. Francisco Vázquez Ramírez, originario de San Luis Potosí, cuenta: "Trabajé durante tres años y nunca cumplieron lo que decía el contrato, nos tenían en barracas techadas con lámina y muchos hasta lloraban del frío. Nos daban cobijas viejas y colchones sucios. El patrón nunca nos dio alimentación. Nos juntaban de ocho braceros para cocinar en una sola estufa y terminábamos de cenar a las 12 de la noche. La jornada de trabajo era hasta de 17 horas y nunca pagaron el tiempo extra. Sufrimos bastante, los mayordomos nos maltrataban y muchos mejor se ponían a llorar para no perder la chamba. Era una humillación muy fea, nos trataban como animales, nunca hubo dignidad para nosotros". Ricardo López, de Tlaxcala, estuvo en Estados Unidos 13 veces, de 1957 a 1965, y recuerda su experiencia en Stockton, California: "Entrábamos al trabajo a las cinco de la mañana y salíamos a las 12 de la noche porque los gringos no querían perder la lechuga. Las camas las usábamos sólo un día porque toda la semana cenábamos a medianoche y después íbamos por el cobertor y hacíamos fila, porque a las tres de la mañana ya estaban tocando el riel para el desayuno. Así estuvimos seis mil braceros en ese campo. Parecía el gobierno nos había vendido porque hacían con nosotros lo que querían. Eramos como sus esclavos". |