Será la piedra angular del Programa de Seguridad y Procuración de Justicia 2004-2006

Creará el GDF red informática para combatir a la delincuencia

Pospone la presentación del plan, porque las dependencias participantes ultiman detalles

Además de datos sobre criminales, incluirá de líderes sociales, ex reclusos e infractores menores

SUSANA GONZALEZ G.

Una red informática que concentrará todo dato o reporte sobre bandas, delincuentes e infractores, así como de jefes policiacos y organizaciones y líderes políticos y sociales, representa la piedra angular del Programa de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2004-2006, con el que el gobierno capitalino busca reducir en 15 por ciento anual la incidencia delictiva.

A la manera del Compstat, el sistema computacional utilizado en Nueva York para la política de cero tolerancia, la administración de Andrés Manuel López Obrador pretende crear una "bodega de datos" que, por medio del intercambio constante, preciso y actualizado de información, refuerce la colaboración entre todas las dependencias capitalinas encargadas de abatir la criminalidad.

Lo anterior se desprende del proyecto diseñado por el secretario técnico de seguridad y gobierno, Joel Ortega Cuevas, cuya presentación se pospuso ayer porque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Consejería Jurídica, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y la Secretaría de Gobierno aún no terminan de afinar los últimos detalles.

No obstante, en cada una de las 16 estrategias en las que se divide el documento, cuyo borrador posee este diario, se hace hincapié en la necesidad de mejorar la recopilación de información, así como establecer "enlaces informáticos" para evitar vacíos de autoridad. Inclusive se habla de que los 70 sectores de la policía preventiva deberán estar enlazados por Internet.

Actualmente, se señala, cada dependencia tiene bases de datos con esquemas diferentes, son incapaces de compartir la información y la que tienen no es oportuna ni articulada. Inclusive se reconoce una histórica rivalidad entre la PGJDF y la SSP, por lo que una de las prioridades será definir la medición del índice delictivo con un solo criterio

Once delitos están en la mira de las autoridades: homicidio, privación ilegal de la libertad, violación, posesión y venta de estupefacientes, lesiones dolosas, robo de vehículos, de autopartes y a transeúntes, transporte, casa habitación y a negocio. Todos ellos son considerados "de impacto social" y el objetivo marcado en el programa es reducirlos y lograr que la ciudadanía así lo perciba.

A las direcciones de Estadística de la SSP y de la PGJDF se les encomienda elaborar los mapas delictivos y reportes sobre los ilícitos. Para ello se pretende crear un sistema de información integral entre las dependencias involucradas -la llamada bodega de datos-, que funcione mediante un servidor en la red y un motor de transacciones de datos en intranet, para consultar la información en cualquier momento.

Las autoridades pretenden no perder el rastro de delincuentes y de simples infractores a la Ley de Justicia Cívica, pero tal identificación puede incluir también a visitantes y familiares de los reclusos, para evitar la planeación de delitos desde las cárceles. También se dará seguimiento a líderes y miembros de organizaciones sociales, para prevenir conflictos.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) prevé también desarrollar una plataforma informática para localizar datos de presuntos delincuentes a partir del padrón vehicular, concesiones, licencias de conducir, predial, credenciales para votar y el Registro Público de la Propiedad, entre otros. En números, las metas del programa prevén un aumento de 20 por ciento en detenciones en relación con los principales delitos, por la policía preventiva, y la remisión de 22 mil personas ante el Ministerio Público.

En cuanto a la PGJDF, se indica que la Policía Judicial deberá desmantelar "las cien principales bandas delictivas de la ciudad, o por lo menos una por coordinación territorial"; aumentar en 20 por ciento las averiguaciones previas en general, y en 70 por ciento en cuanto a robo, además de eficientar en 30 por ciento la investigación.

También se prevé la creación de una estructura de evaluación que supervise de manera permanente a agentes, peritos y demás personal.

A las autoridades de reclusorios, a su vez, les corresponderá reducir al mínimo las preliberaciones, y controlar y vigilar a los 29 mil 751 ex internos que ya gozan de este beneficio.

En tanto, los juzgados cívicos deberán incrementar en 75 por ciento las sanciones y sólo en 10 por ciento las conciliaciones. No obstante, todavía no está todo dicho sobre el programa, porque cada dependencia continúa mandando sus observaciones.